Ciudad de México.- La Suprema Corte rechazó amparar a Humberto Islas, exdirector general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sedatu y la Sedesol por la sanción millonaria que se le impuso ante las investigaciones realizadas por el caso de la Estafa Maestra.
El pago es equivalente al daño patrimonial que se ocasionó al erario público
Por unanimidad de cuatro votos, a propuesta de la ministra Norma Piña, la Primera Sala confirmó la sentencia que obliga a Islas Cortés a devolver más de 33 millones de pesos como lo definió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras las indagatorias por el desvío de recursos a través de universidades públicas.
“Esta Sala considera que son inoperantes los argumentos de la parte recurrente, donde alega que el sistema dual de responsabilidades
administrativas también vulnera los derechos a la seguridad jurídica y proporcionalidad de las penas. Esto, porque dichos alegatos fueron incluidos
de manera novedosa en la revisión”, concluyó la Corte.
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Los más de 33 millones de pesos son equivalentes al daño patrimonial que la ASF consideró que se ocasionó al erario público federal por el cobro indebido de una serie de servicios de los que nunca hubo evidencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual, a su vez, fue contratada por la Secretaría de Desarrollo Social mientras Rosario Robles era su titular.
