La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar dos amparos promovidos por empresas del sector eléctrico en contra de la reforma de marzo 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada con el fin de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector privado.
Durante su sesión privada del miércoles, con el voto en contra del ministro Luis María Aguilar, la Segunda Sala resumió su competencia para revisar los litigios en los que jueces federales especializados declararon inconstitucional la modificación a la legislación en la materia.
“En sesión privada celebrada el 25 de enero de 2023, por mayoría de cuatro votos de los integrantes de esta sala, determinaron reasumir su competencia originaria para conocer del recurso de revisión”, señala el acuerdo publicado este viernes.
A puerta cerrada los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz acordaron avalar las solicitudes de reasunción 168/2022 y 171/2022 para resolver en definitiva las impugnaciones del Congreso y del Poder Ejecutivo contra las sentencias que declararon inconstitucionales los aspectos torales de la reforma.
La reforma a la ley viola las reglas vigentes desde 2013, concluyen los amparos
De esta forma la Segunda Sala del máximo tribunal del país revisará aspectos como el despacho preferente para la energía generada por plantas de la CFE o de productores privados que trabajan exclusivamente para CFE. También la eliminación de subastas para contratar el suministro y los cambios a los certificados de energías limpias.
Los amparos concedidos por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza a empresas del sector eléctrico concluyen que la reforma a la ley viola las reglas vigentes desde 2013, que ordenan libre competencia en generación de energía, y es contraria a compromisos internacionales de México sobre protección al medio ambiente.
Ya el pleno de la Suprema Corte de Justicia había analizado la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica sin embargo no se alcanzó una mayoría calificada de ocho votos de los ministra invalidarla como solicitaron legisladores y partidos políticos de oposición, por lo cual la legislación se mantiene vigente.
