Ciudad de México.- El magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, señaló que de 2009 a junio pasado, impartidores de justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México han emitido un total de 314 sentencias definitivas de extinción de dominio, de las cuales 257 son a favor del gobierno capitalino y 57 a favor de personas afectadas.
Eso lo dio a conocer participar en un foro académico, en el cual detalló que actualmente están en trámite 246 juicios de extinción de dominio por narcomenudeo; 123, por robo; 66, por trata de personas; 46, por secuestro; 12, por encubrimiento, y 4, por delincuencia organizada.
La Fiscalía capitalina cuenta con una área Especializada en Extinción de Dominio, mientras qué el poder judicial local desahoga estos procedimientos mediante dos juzgados especializados y una sala de apelación.
El magistrado advirtió de la necesidad de que el Congreso reforme el artículo 22 de la Constitución
Agregó que el procedimiento judicial actual en la materia satisface en términos generales los estándares internacionales necesarios para ser considerada una institución garante del orden público y el interés social, pero advirtió de la necesidad de que el Congreso reforme el artículo 22 de la Constitución, a fin de que se autorice la extinción de dominio respecto a bienes patrimoniales con destino ilícito.
Explicó que serviría para hacer extensiva la extinción de dominio respecto a aquellos bienes de personas que, sin delinquir, coadyuvan, encubren, o permiten la comisión del delito, lo que constituye una estrategia fundamental para el Estado mexicano.
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Resaltó que esa legislación establece mecanismos para que los bienes patrimoniales, productos, frutos, rendimientos y demás accesorios relacionados con delitos como corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos cometidos por servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, queden a disposición del Estado a fin de enajenarlos, aprovecharlos, usufructuarlos y monetizarlos a favor de las víctimas y del interés social.
Finalmente dijo que es de alto interés para el Estado mexicano y el gobierno de la ciudad el combate al crimen organizado, el lavado de dinero y la corrupción a través de la extinción de dominio, como una acción necesaria, razonable y proporcional que restringe el derecho humano a la propiedad, con motivo de la adquisición o uso de la misma con fines delictivos.
