21 de enero.- La Confederación Patronal de la República (Coparmex) se pronunció porque se amplíe la lista de delitos graves en la reforma al sistema de justicia que se discute en el Congreso de la Unión, y se incluya el robo de transporte de carga y la portación de armas de fuego.
El presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, consideró que se debe evitar que “el fenómeno de puerta giratoria se siga incrementando, y con ello, los ciudadanos y empresas sigan siendo víctimas de la inseguridad”.
En su mensaje semanal a sus socios y a la opinión pública, el dirigente destacó que el combate a la inseguridad y a la impunidad, involucra leyes adecuadas, instituciones fortalecidas y funcionarios competentes en todos los aspectos. Señaló que la adopción del nuevo sistema de justicia penal adversarial y el fortalecimiento de la tutela de los derechos humanos son pasos en la dirección correcta que dio México en los últimos años.
Sin embargo, consideró que la experiencia ha demostrado que el incremento de conductas delictivas hace necesario encontrar un balance entre valores jurídicos, como la presunción de inocencia y el debido proceso, con las aspiraciones sociales como la paz y la seguridad.
Recordó que en fechas recientes una de las propuestas legislativas que logró consenso político y social para atender la problemática de la impunidad, fue aumentar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Destacó que el planteamiento consiste en ampliar la lista de delitos que hoy se consideran graves y, por tanto, meritorios de prisión para el imputado, en tanto se desarrolla el proceso judicial.
De Hoyos Walther aseguró que actualmente muchas conductas de alta lesividad social permiten que el inculpado de las mismas disfrute de libertad en tanto se tramitan los procesos judiciales que se les instruyen en relación con las mismas.
Por ello, dijo: “Celebramos que legisladores federales de distintas formaciones políticas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estén logrando consensos para impulsar una iniciativa tendiente a que los delitos relacionados con el uso ilegítimo de programas sociales con fines electorales, la corrupción en diversas modalidades, y el robo de hidrocarburos, por ejemplo, sean catalogados como graves”.
