QUITO.- Ecuador decidió retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde el 1 de enero del 2020, debido a los problemas fiscales a los que se enfrenta, dijo el martes el Ministerio de Energía.
El país petrolero está tratando de elevar su producción de crudo para aumentar sus ingresos, por lo que en varias ocasiones no ha logrado cumplir con la cuota de producción fijada por la OPEP para estabilizar el mercado petrolero.
El país andino volvió al cartel en 2007, tras haberse retirado en 1992.
“La decisión radica en los asuntos y retos internos que debe asumir el país, relacionados a la sostenibilidad fiscal”, dijo el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en un comunicado, sin dar mayores detalles.
“Esta medida se alinea con el plan del Gobierno Nacional de reducción de gasto público y generación de nuevos ingresos”, agregó el comunicado.
Ecuador pidió en febrero una autorización a la OPEP para elevar su producción de crudo por encima de la cuota que le correspondía, sin que las autoridades hayan comentado sobre los resultados de la solicitud.
La producción de Ecuador es de unos 545.000 barriles promedio día (bpd) y está apostando a su mayor bloque petrolero ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha) para elevar la extracción, con la incorporación de nuevos pozos.
El lunes, el bloque ITT alcanzó una producción de 82.658 bpd, convirtiéndose en el área de mayor producción petrolera del Ecuador. En 2020, se prevé que el bloque genere ingresos para el Estado por unos 603 millones de dólares con un precio de crudo de 57 dólares por barril, según un comunicado de la estatal Petroamazonas.
El Ministerio dijo que continuará apoyando los esfuerzos para buscar estabilizar el mercado petrolero mundial y las acciones implementadas por los países productores.
Ecuador enfrenta problemas fiscales y una fuerte carga de su deuda externa.
El gobierno alcanzó en febrero un acuerdo por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la base de un programa económico a tres años, que incluye reformas estructurales, un ajuste en el gasto público y mejorar sus ingresos permanentes como los tributarios y petroleros.
