La Iglesia católica y la Diócesis de Siuna, Nicaragua, denunciaron la detención del religioso Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo-Mulukukú, mientras el obispo Rolando Álvarez continúa sitiado por la policía del gobierno de Daniel Ortega.
En un comunicado, la diócesis informó que el presbítero Oscar Benavidez fue detenido el domingo por la tarde y que desconoce “las causas o motivos de su detención”, por lo que pidió a las autoridades información sobre el religioso.
De acuerdo con los reportes de medios locales, el presbítero Oscar Benavides fue bajado de su automóvil y fue subido a una patrulla por un grupo de policías, sin que hasta el momento se sepa sobre su destino.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la “detención arbitraria” del párroco Benavidez, “demandamos que cese la persecución contra la Iglesia y sus clérigos”.
Religiosos están bajo la mira en Nicaragua
La detención del religioso se suma a denuncias de otros dos sacerdotes de la zona rural de Matagalpa a quienes la policía les impidió asistir a procesiones el fin de semana. Además del caso del religiosoRolando Álvarez, quien reapareció el viernes pasado.
El párroco del municipio de Terrabona, Aníbal Manzanares, dijo a periodistas que el viernes recibió una prohibición de la policía para realizar “procesiones y actividades fuera de la iglesia”, mientras al sacerdote Fernando Calero, del municipio de Rancho Grande, se le impidió viajar el domingo a la ciudad de Matagalpa para asistir a una misa.
Calero dijo en un video que publicó en redes sociales que la policía detuvo su vehículo, en el que viajaba con un grupo de laicos, y le quitó la documentación necesaria para circular. “Nos revisaron de forma inapropiada… como si fuésemos delincuentes”, añadió.
Esto ocurre mientras mientras el obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, monseñor Álvarez, cumple 13 días cautivo y rodeado por la policía en la Curia episcopal de la ciudad, situada a unos 130 kilómetros al norte de Managua, Nicaragua.
La policía informó que investiga al religioso por supuestamente “incitar al odio” y “organizar grupos violentos”, después de que saliera a la calle e increpara a los agentes policiales con la imagen del Santísimo Sacramento, uno de los símbolos más venerados por los católicos.
Durante la crisis política del 2018, cuando se registraron duras protestas contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, la Iglesia católica fungió como mediadora entre los protestantes y las autoridades.
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