La disposición de la ley estadounidense que exige la deportación de los inmigrantes hallados culpables de crímenes violentos es inconstitucionalmente imprecisa, determinó la Corte Suprema, en una decisión que podría obstruir la capacidad del Gobierno de acelerar las expulsiones de inmigrantes.
En un fallo por 5-4 en el que el juez conservador nominado por el presidente Donald Trump, Neil Gorsuch, se sumó a los cuatro liberales, la corte invalidó la disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, apoyando a James Garcia Dimaya, un inmigrante filipino hallado culpable de hurto en California.
Las autoridades federales habían ordenado la deportación de Garcia Dimaya después de que fue hallado culpable de dos hurtos en viviendas en California, en 2007 y 2009, aunque ninguno de los delitos involucró violencia.
La decisión, escrita por la jueza liberal Elena Kagan, dijo que la ambigüedad de la disposición impugnada crea confusión en los tribunales menores. "¿Califica el hurto de un vehículo como un delito violento?”, escribió. “Algunas cortes dicen sí, otras dicen no”, agregó.
Gorsuch, en una opinión separada, escribió que las colonias estadounidenses del Siglo XVIII citaron lo vago de leyes inglesas, como en el caso del delito de traición, en las razones para su revolución.
