Nueva York, 19 de febrero.- Durante 2018 Estados Unidos continuó con su tendencia al retroceso en materia de derechos humanos, tanto al interior como al exterior del país, incluso aprobó leyes, implementó regulaciones y aplicó políticas que violan o socavan las garantías universales a la vista de todo el mundo.
En el apartado dedicado a Estados Unidos en su Informe Mundial 2019, Human Rights Watch (HRW) apunta que el gobierno de Donald Trump frenó medidas para evitar la sobrepoblación en las cárceles, implementó políticas contra la migración y socavó el plan para que los estadunidenses contaran con un sistema de salud asequible, incluyendo la salud reproductiva de la mujer.
Igualmente, apoyó militar, financiera y diplomáticamente a gobiernos extranjeros violadores de los derechos humanos y pese a su discurso en sentido contrario bloqueó labores de instituciones multilaterales y organismos judiciales internacionales para llevar ante la justicia a personas responsables de violaciones a las garantías individuales.
Del sistema penal, refiere que las cárceles cuentan con una población de más de dos millones de personas y 4.5 millones en libertad condicional. Las mujeres son las que presentan el mayor índice de crecimiento y se producen en muchas de las madres prisioneras “daños permanentes”.
En ese orden, “el ex fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, rescindió las políticas que ordenaban a los fiscales evitar presentar cargos que pudieran desencadenar largas sentencias mínimas obligatorias destinadas a reducir las disparidades raciales en el sistema federal”.
La pena capital se aplica todavía en 30 de los 50 estados del país. La pena máxima se aplicó hasta noviembre de 2018 en 21 prisioneros y la administración Trump ha exigido su aplicación a narcotraficantes.
El informe hace notar las disparidades raciales en el sistema penitenciario, pues si bien los afroamericanos representan 13 por ciento del total de la población del país, cuatro de cada 10 son reos, “consumen drogas ilegales a tasas similares que los blancos, pero son arrestados por delitos de drogas a tasas significativamente más altas”.
Añade que “las disparidades raciales en el uso de la fuerza policial , arrestos, citaciones y detenciones rutinarias de tráfico siguen existiendo” y el sistema judicial ha puesto fin a las indagaciones en aquellos departamentos de policía sobre los que hay datos creíbles de que cometían sistemáticamente violaciones constitucionales.
La situación de los jóvenes frente a la justicia también presenta una situación preocupante, como que 32 mil menores de edad están presos en cárceles para adultos, así como que las tasas de encarcelamiento fueron más altas entre los afroamericanos que entre los blancos.
En cuanto a los ataques o crímenes de odio, señala que diversas instituciones sociales y del propio gobierno reportan “un aumento en el número de incidentes motivados por el odio frente a años anteriores”, y pone como ejemplos los atentados hechos por hombres que defienden puntos de vista de extrema derecha contra representantes demócratas o una sinagoga en Pittsburgh.
Si bien los intentos de revocar la Ley para la Atención de la Salud Asequible (ACA, conocida popularmente como Obamacare) han fracasado, fue aprobada una norma que minimiza las sanciones individuales por no participar de ella, lo que según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso podría dejar a 13 millones de personas sin seguro de salud.
En lo que se refiere a las garantías de la población femenina, hace notar un crecimiento de casos de abusos laborales de funcionarios sobre mujeres, y se refiere el caso del nombramiento de Brett Kavanaugh como miembro del Tribunal Supremo sin haber investigado a fondo las acusaciones en su contra por agresión sexual.
También denuncia una serie de medidas en contra de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la regla “mordaza” que impidió a médicos ofrecer a las mujeres todas las opciones de embarazo y proporcionar “información objetiva y neutral a las mujeres embarazadas”.
Sobre seguridad nacional, el informe indica que en marzo de 2018 el Senado estadunidense nombró a Gina Haspel como directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuando ella supervisó prácticas de tortura y ayudó a destruir pruebas contra ese tipo de acciones aplicadas por esa misma institución.
Otra medida que habla del poco respeto a los derechos humanos por parte de Estados Unidos es la asistencia que brinda a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) o el mantener la prisión de Guantánamo, la cual “no cumple con las normas internacionales de garantías procesales”.
Por lo que se refiere a la libertad de expresión y prensa, recuerda que Trump constantemente ataca a los medios estadunidenses, a los que ha llamado “el enemigo del pueblo”.
Igualmente, el gobierno estadunidense ha retenido o reprogramado toda ayuda financiera o humanitaria a organismos internacionales con ese perfil, eliminó cualquier contribución al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y recortó significativamente las contribuciones al Fondo de Población de las Naciones Unidas.
