La Paz, 2 Ene (Notimex).- La vigilia de presuntos vecinos de La Rinconada, el fraccionamiento del sur de la capital boliviana en torno a la residencia de la Embajada de México, cumplió hoy seis días en demanda de que se entreguen los exfuncionarios que reciben protección diplomática.
Entrevistados esta mañana por el programa “La Revista al despertar” de Unitel.TV, insistieron en su demanda de que se entregue el grupo de exfuncionarios del depuesto gobierno de Evo Morales, en particular Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia.
En total rebasan el centenar los miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) que ocupaban cargos en el gobierno de Morales y que ahora se enfrentan proceso judicial, se encuentran asilados, están detenidos o se desconoce su paradero.
Los cargos que enfrentan son por terrorismo, sedición, fraude electoral o uso indebido de recursos del Estado, y decenas de expedientes adicionales son investigados todavía, reportó el diario Página Siete.
En Argentina se encuentra bajo asilo ocho personas encabezadas por el expresidente Morales; en la residencia de la embajada mexicana en La Paz nueve más, mientras que en suelo mexicano permanecen dos y en Nicaragua un exviceministro, de manera que alrededor de 80 están detenidos o son buscados.
En esa cifra se incluyen a 33 vocales departamentales investigados por presunta conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática o alteración de datos en las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado.
En el conteo de los votos depositados en esas elecciones desde el principio figuraba como ganador Morales, pero sin la mayoría absoluta ni la diferencia de 10 puntos porcentuales con el segundo lugar para evitar la segunda vuelta.
Esa diferencia fue logrado al reiniciar la divulgación de las cifras del conteo el 21 de octubre, lo que generó la inconformidad que llevó a protestas en varias partes de Bolivia hasta que el 10 de noviembre Morales renunció a fin de “evitar un baño de sangre”, declaró en ese entonces el exmandatario.
De acuerdo a la información de Página siete, Nicolás Laguna, quien encabezaba la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información (Agetic), tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo el asesor Sergio Martínez, quien habría modificado las cifras del conteo.
En sus declaraciones al programa La Revista, una de las 10 personas que aparecieron a cuadro sosteniendo la bandera boliviana, aseguró que no se van ir sino hasta que se entreguen las personas bajo protección diplomática.
La posición del gobierno mexicano es que el grupo de exfuncionarios son perseguidos políticos que recibieron asilo antes de que se generaran las órdenes de aprehensión.
“Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primera conferencia de prensa de 2020, en la cual ratificó: “Es un asunto de principios, no vamos a caer en ninguna provocación”.
En Buenos Aires, el exmandatario boliviano presentó a Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra, como los abogados que lo defenderán de las acusaciones de sedición, terrorismo, propiciar discursos y usurpación de funciones.
Zaffaroni explicó que Morales sigue siendo presidente de Bolivia porque el Legislativo no discutió su renuncia, por lo que goza de la inmunidad propia de su cargo.
