Un juez federal desechó la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 17 exfuncionarios del sistema penitenciario, por supuestas anomalías en la contratación con sobreprecio de los de servicios para penales de alta seguridad.
Ganther Villar, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. consideró en una audiencia que se extendió por casi una semana, que los ilícitos de asociación delictuosa, y uso indebido de atribuciones y facultades imputados por la FGR ya prescribieron.
Audiencia contra exfuncionarios se prolongó una semana
En la diligencia, Villar Ceballos argumentó que conforme a la ley vigente en nuestro país, el plazo para investigar y perseguir los supuestos delitos cometidos por los 17 exfuncionarios finalizó desde 2020 y la FGR inició sus indagatorias después de este tiempo.
A pesar de lo extenso de la audiencia, la cual, de acuerdo a fuentes judiciales, se alargó debido a la cantidad de imputados y diversidad de defensores, el juez Ganther Villar no se pronunció sobre si debían ser o no vinculados a proceso debido a la prescripción de los delitos.
Se pagaron contratos por 270 mil millones de pesos
La FGR atribuye a los exfuncionarios públicos pagar un sobreprecio en los contratos de construcción y prestación del servicio de penales en los Centros Federales de Readaptación Social de Morelos, Michoacán, Durango, Sonora, Oaxaca, Guanajuato, Chiapas y Coahuila.
Estos contratos fueron otorgados entre 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por alrededor de 270 mil millones de pesos, para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
FGR puede impugnar fallo del juez
Fue en marzo de 2021 cuando, derivado de las indagatorias de la FGR en este caso, un juez giró una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna por irregularidades en los contratos del sistema penitenciario.
La decisión del juez de control puede ser impugnada ante tribunales por la Fiscalía General de la República para que magistrados de circuito decidan si confirman o revocan el resolutivo.
