La Fiscalía General de Quintana Roo informó que inició un expediente de queja en contra de servidores públicos del ministerio público adscrito a la vicefiscalía de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, ya que habrían obstaculizado los procedimientos legales en el caso de Leonardo, el adolescente que fue succionado por un filtro en el Parque Xenses, el pasado 27 de marzo y quien falleció al día siguiente en un hospital privado.
La dependencia hizo el anuncio luego de que el Comité de Participación Ciudadana (CPC), como órgano del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, señaló probables conductas ilícitas en el manejo del caso.
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Entre esas inconsistencias, se refirió el haber otorgado una dispensa de la necropsia, pese a que la carpeta de investigación que inició la Fiscalía es por homicidio culposo, lo que implica que se encontraron elementos sobre un probable ilícito.
El haber obligado a Miguel Ángel Luna, padre del menor de edad, a firmar el perdón, que tampoco procede, pues el homicidio se persigue de oficio y el haberse negado a tomarle la declaración de hechos.
En comunicado de tres párrafos, la Fiscalía del Estado indicó que la Dirección de Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de servidores públicos, abrió el expediente de queja a partir de las declaraciones de Luna Calvo, sobre posibles irregularidades durante el inicio y la integración de la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo.
La institución indicó el delito fue en agravio del adolescente de 13 años “que probablemente perdió la vida en un parque temático”; sin embargo, el niño murió al día siguiente, fuera del establecimiento, según lo informado por la propia Fiscalía, con base en lo que le comunicó la clínica en donde se internó a la víctima, el pasado 27 de marzo.
#Comunicado1022021Z1
— Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) April 4, 2021
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Se informó que la queja, de índole administrativo, “se va a remitir” al Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía para fortalecer las investigaciones y deslindar las sanciones administrativas o legales que se deriven de este procedimiento.
“De ninguna manera se va a permitir que algún funcionario público no cumpla cabalmente con la misión de servir -profesional y sensiblemente- a cada ciudadano que requiera de las atenciones necesarias para la correcta, efectiva y expedita procuración de justicia”, puntualiza la fiscalía.
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