México, 8 May (Notimex).- La Secretaría de Gobernación (Segob) ante la pademia de COVID-19 asumió la protección de 40 millones de niños, niñas y adolescentes como un tema de Estado, pues aunado al riesgo de salud, es latente el aumento de riesgos sociales asociados, entre otros, a un posible incremento en las condiciones de pobreza, exclusión, desigualdad y violencia.
Lo anterior, luego de la aprobación del acuerdo “Acciones Indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.
Con este acuerdo, la Segob, a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) asume la mencionada salvaguarda.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó la relevancia para asumir estas decisiones con sentido de urgencia.
Enfatizó que es una oportunidad de reafirmar el compromiso político, moral y personal para mirar a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos. No se trata de un informe de gobierno -subrayó— se trata de un diálogo urgente para evitar los riesgos que esta pandemia puede provocar en la niñez y la adolescencia.
Las actividades indispensables están agrupadas en servicios de salud, entre los que destacan la atención a recién nacidos y fomento a la lactancia, vacunación y prevención del embarazo adolescente, atención a la salud mental y psicoemocional, así como prevención de accidentes.
En materia de alimentación y actividad física, el Acuerdo indica la importancia de intensificar programas y servicios de alimentación para niñez y adolescencia en los hogares más pobres y en las zonas más afectadas, como son los desayunos escolares y los servicios de alimentos de escuelas de tiempo completo.
El acuerdo incluye un rubro sobre el Registro Civil, que advierte sobre la necesidad de asegurar su operación para el registro de nacimientos y defunciones a la brevedad y sin rezagos.
Así como acciones para la prevención y atención de violencias en los hogares que afecten directa o indirectamente a la niñez y adolescencia, en el que se prevé el fortalecimiento para la crianza positiva, la optimización de líneas telefónicas de emergencia coordinadas con el 911 y el apoyo a las procuradurías de Protección de Niñas, Nniños y Adolescentes y los Refugios para mujeres y sus hijas e hijos.
Además, busca ampliar el acceso a herramientas y contenidos educativos mediante los medios electrónicos y digitales públicos en apoyo tanto al alumnado, como a las madres y padres para orientar el aprendizaje de sus hijas e hijos, y prever la deserción y abandono escolar.
El documento advierte sobre priorizar los apoyos al ingreso para hogares con niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza; incrementar el acceso al agua potable en zonas pobres y de alta marginación.
Que los protocolos de emergencia en salud lleguen a los grupos de mayor vulnerabilidad como la niñez y adolescencia migrante acompañada o no, personas en situación de calle, indígenas, con discapacidad, así como los adolescentes en conflicto con la ley mediante la preliberación.
