Cd. de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió las Recomendaciones No.10/2020 y 11/2020, dirigidas a los Gobernadores Constitucionales de los estados de Tabasco y Quintana Roo, sobre las deficiencias que vulneran Derechos Humanos de las mujeres privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de dichas entidades.
El 15 de marzo de 2019, se publicó una nota periodística en la que se indicó que, “De los 300 centros penitenciarios que hay en el país sólo 18 son femeniles y concentran el 40.2% de las mujeres privadas de la libertad, mientras que el 59.8% restante se distribuyen en centros penitenciarios mixtos, con calificación reprobatoria de 5.98”, y de acuerdo con los Diagnósticos Nacionales 2018 y 2019, emitidos por esta Comisión Nacional, carecen de espacios dignos y de servicios específicos para su atención, reafirmándose en ese sentido, la necesidad de una prisión destinada exclusivamente para la población femenil en cada entidad federativa, que cuente con las condiciones necesarias para atender a este grupo de población en situación de reclusión y vulnerabilidad; lo que actualmente acontece en esa entidad federativa.
El número de mujeres privadas de la libertad por la comisión de conductas delictivas ha sido históricamente siempre menor que el de los hombres, lo cual no justifica deficiencias en su atención debiendo contar para ello, con un enfoque de perspectiva de género, pues la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión gira preponderantemente alrededor de las necesidades de los varones, por lo que es imperativo se instrumenten políticas públicas en la materia, a efecto de que en las entidades federativas que aún carecen de centros femeninos exclusivos se tomen las medidas que permitan garantizar a las mujeres condiciones de estancia digna.
La atención específica de mujeres en reclusión es un tema de particular relevancia y trascendencia para este Organismo Nacional, lo que ha sido materia de diversos señalamientos, en razón de las precarias condiciones en las que se encuentran en las áreas destinadas para ellas y para sus hijas e hijos que ahí viven, así como por la falta de servicios y de personal necesario para su adecuado funcionamiento.
