El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, presentó un proyecto en el que propone declarar inconstitucional la consulta ciudadana planteada por el gobierno federal para enjuiciar a cinco ex presidentes.
El proyecto difundido hoy será discutido por el pleno de la Suprema Corte el próximo 1 de octubre.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la petición para realizar una consulta popular q<en la que la ciudadanía decida si se juzga a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El documento de 43 páginas plantea que la consulta no es viable, pues representa una restricción de los derechos humanos, ya que condiciona la ejecución de la justicia al resultado de un mecanismo participativo.
El Tribunal encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios.
Proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular 1/2020, que será discutido en la sesión de 1 de octubre.
— Suprema Corte (@SCJN) September 24, 2020
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Aguilar Morales plantea que, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, las consultas ciudadanas no podrán ser utilizadas para restringir o eliminar los derechos humanos reconocidos en la carta magna y los tratado internacionales.
El proyecto determina que el Estado mexicano no puede preguntar si se debe juzgar a los expresidentes, pues en caso que éstos hayan cometido algún delito es obligación de las autoridades llevar a cabo los proceso correspondientes, sin necesidad de una consulta.
Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos
El ministro explica que el presidente solicitó la consulta argumentando que uno de los expresidentes cometió delitos contra la humanidad, como la desaparición forzada de personas y la violación de derechos humanos, pero si el resultado de la consulta fuera que no se debe juzgar a los expresidentes, las víctimas de estos presuntos crímenes contra la humanidad verían vulnerado sus derecho a la justicia.
La solicitud de la consulta popular refiere en su exposición de motivos, que si el pueblo mexicano da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las probables acusaciones, tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad, pero si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir conductas ilegales y el Presidente de la República respetará la decisión popular
Además que, la consulta como está planteada, vulneraría el principio de presunción de inocencia de los señalados.
El proyecto explica que someter a estos personajes a la exposición mediática de una consulta, generaría un efecto corruptor, que impediría a jueces y magistrados llevar el proceso judicial con imparcialidad.
AMLO reacciona al proyecto
Al respecto, el presidente López Obrador respondió esta mañana que es necesario esperar a que la mayoría de los ministros tomen una decisión al respecto y celebró que el proyecto del ministro Luis María Aguilar se discuta el 1 de octubre “porque ya es pronto”.
Insistió en esperar porque “no solo interviene un ministro. Eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón, yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la corte resuelva”.
En ese sentido pidió a los ministros de la Corte que cuando determinen la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes, tomen en cuenta los sentimientos del pueblo.
Que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúan con criterio, que también ellos, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo del pueblo.
Aseguró que sabe que los ministros deben resolver con apego a la ley y aprovechó para opinar que considera que “no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios lo tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen los derechos humanos”.
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