Ciudad de México. Ante diputados la Auditoria Superior de la Federación informó que todavía no hay cuentas claras sobre lo que costo cancelar la obra del Aeropuerto de Texcoco, ya que aún se trabaja en corroborar las cifras que se dieron a conocer en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, que señala un sobrecosto de más de 331 mil millones de pesos. No obstante, dicen que en los próximos días podría haber información concreta.
Los auditores especiales explicaron a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el procedimiento que se siguen en las auditorias que se practican y en el caso de la cancelación del aeropuerto reportaron que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México supo el resultado de la fiscalización y tuvo 10 días para aclarar o inconformarse y no proporcionaron información alguna.
El titular de la Auditoria Superior, David Colmenares Páramo, sostuvo que la Auditoria Superior de la Federación, es apartidista, apolítica y no confronta a ningún poder.
“La Auditora Superior de la Federación no confronta ni mucho menos enfrenta a ningún órgano de gobierno…Cualquier entidad aludida en nuestras auditoras tiene derecho a reclamar revisiones conforme a la ley. Estamos trabajando en lo en auditoria del Aeropuerto...La Auditoria es tontamente apartidista y apolítica, cualquier otra interpretación sus auditorías si sería política, pero estamos trabajando conforme a la ley”
Sostuvo que tampoco permitirá que se viole la legalidad desde el interior del órgano de fiscalización, por lo que se informó que el auditor especial Agustín Cazo Raphael, encargado de la auditoria de desempleo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta temporalmente suspendido para no entorpecer las investigaciones que se realizan.
“Que quede claro que no hay ningún tipo ni depresiones ni de mala fe, si hubiera algún comportamiento negativo yo sería el primero en denunciarlo...Estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara, está realizando y pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político y personal que se aparte de los objetivos propios de la fiscalización superior”, puntualizó el titular de la ASF.
