Cd. de México.- Diputados endurecen las medidas de licitación, adjudicación y contratación de obras públicas y servicios del gobierno, sus entidades y dependencias, con el fin de evitar corrupción, sobrecosto y trabajos inexistentes que dañen las finanzas del Estado.
Con 452 votos a favor, la Cámara de Diputados reformo la Ley de Obras PÚblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que fue consensado con organizaciones empresariales, constructoras, autoridades, organismos fiscalizadores.
“Para lograr mejores procesos de calificación para que las obras públicas en nuestro país las ejecuten quienes efectivamente cuenten con la experiencia, la capacidad y los requisitos necesarios que logren satisfacer la demanda de contar con obras públicas de calidad mundial”, señaló Paola Tenorio Adame, de Morena al fundamentar el dictamen.
Se prevé que no solo la Secretaría de la Función Pública audite, sino también la Auditoría Superior de la Federación verifique la calidad de los trabajos de obra durante el tiempo en que se realicen.
Habrá nuevos requisitos
Las dependencias y entidades del gobierno que busquen licitar obras no solo deberán contar con estudios, normas de calidad, proyectos y especificaciones de construcción y programa de ejecución sino también con permisos ambientales, derechos de propiedad, inmuebles y bienes necesarios, así como evaluación de costo beneficio.
“Por qué es importante esta ley. Porque la inversión es uno de los motores para el desarrollo y crecimiento económico…para que todos los proyectos que se lleven a cabo por el gobierno federal o con recursos federales cuenten con el análisis costo-beneficio antes de iniciar. Eso es fundamental. Porque ya estamos viendo que muchos de los proyectos que iniciaron no van a tener certidumbre en el largo plazo”, puntualizó el diputado del PRI, Fernando Galindo Favela.
Se estipula que, las obras públicas que no cuenten con los derechos de propiedad liberados deberán presentar los convenios de ocupación previa que aseguren la conformidad de ocupación por parte del propietario.
La reforma a la Ley de Obras Publicas y Servicios obliga a los contratistas a dar garantía y responder después de concluidos los trabajos durante 12 y hasta 24 meses por defectos, vicios ocultos o cualquier responsabilidad.
Para ello el inicio de las obras los contratistas deberán tener una fianza de entre 10 al 20 por ciento, equivalente al monto total ejercido de los trabajos además de un crédito irrevocable o fideicomiso para responder por defectos de obra.
Actualiza el monto de inversión
Las obras cuyo monto rebase los 15 millones de UMAS, equivalente hoy a mil 344 millones 300 mil pesos deberán participar en las licitaciones públicas testigos sociales.
Los anticipos se pactarán en los contratos y las dependencias y entidades del gobierno federal podrán otorgar hasta un 30 por ciento de la asignación presupuestal aprobada para dicho contrato.
Las nuevas reglas para concursar obras de gobierno obligan a los titulares de dependencias y entidades a promover y adoptar las mejores prácticas internacionales y los avances tecnológicos para la planeación, licitación, contratación, ejecución, supervisión, evaluación y seguimiento de obras públicas.
Quienes participen en las licitaciones deberán presentar constancia de su inscripción en el registro Unidos de Contratistas y de las dependencias cuando a si se requiera. Podrán participar personas físicas y morales.
El dictamen se turnó al Senado para su validación.
