El Congreso de Jalisco analiza una iniciativa en la que se proponen sanciones de hasta tres años de cárcel para las personas que de manera intencional contagien o propaguen el Covid-19 en el estado.
El delito se llamará “peligro de contagio” y también establece multas económicas que van de los 4 mil a los 24 mil pesos para quien sabiendo que porta una enfermedad infecto-contagiosa, incurra en conductas o acciones que impliquen una situación de riesgo de transmisión a otras personas.
De acuerdo con la iniciativa que propuso la panista Irma de Anda Licea, se pretende castigar con cárcel a las personas contagiadas de Covid-19 que no sigan o cumplan con las medidas señaladas, tales como el aislamiento, y lleguen a contagiar a otras personas.
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Actualmente, el Congreso de Jalisco se encuentra en el análisis de dicha iniciativa, pero también es estudiada por otras comisiones para verificar la efectividad de esta.
Irma de Anda Licea especifica que esta idea de “delito por riesgo de contagio” se originó tras la irresponsabilidad que algunas personas han demostrado en cuestión a las medidas sanitarias, pues asegura que varias de las contagiadas no se resguardan en casa y propagan el virus.
El que a sabiendas de que está enfermo de un mal infecto contagioso causado por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos, derivado de una pandemia, que pueda generar una situación de emergencia de salud pública y ponga en grave riesgo la salud, la vida y la integridad física al infectar de manera intencional a otra persona o ponga en riesgo de contagio a otras personas que no sepan de su enfermedad y que haya sido diagnosticado por médico o profesional de la salud, será sancionado de tres días a tres años de prisión y multa de ochenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito
Sin embargo, ante el anunciamiento de esta nueva propuesta han surgido ciertos puntos de vista en contra de esta. Uno de ellos proviene de la priísta Mariana Fernández, quien durante la discusión de este texto en la Comisión de Puntos Constitucionales aseguró que esta nueva propuesta puede promover la discriminación.
En relación a ello, propuso que se haga una revisión de la iniciativa junto con especialistas en Derechos Humanos.
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