Cd. de México.-Debido a que los delitos relacionados con el uso de la tecnología se han incrementado de manera importante tras el inicio de la pandemia por Covid-19, la senadora del PRI, Verónica Martínez, respaldada por su Grupo Parlamentario, propuso una reforma para tipificar en el Código Penal Federal, el delito de robo de identidad.
Señala que esa conducta se ha convertido en un peligro para la sociedad, debido a la frecuencia con que se comete, los daños que causa, así como a las diversas formas con que se lleva a cabo.
Explicó que también aumentaron los delitos como fraudes y daños a infraestructuras críticas igualmente relacionados con el uso de la tecnología. Como se sabe la emergencia sanitaria y económica ha propiciado que la sociedad utilice cada vez más los medios electrónicos y digitales para atender sus compromisos financieros, de trabajo o de la escuela.
Mayores riesgos en la seguridad financiera
Esto, puntualizó, es especialmente preocupante porque han incrementado los riesgos relacionados a la seguridad financiera, debido a la clonación de tarjetas, los robos de identidad y las transacciones no autorizadas. Sólo al tercer trimestre de 2020, informó Martínez García, las reclamaciones por el posible delito de robos de identidad llegaron a 32 mil 526 denuncias, lo cual representa un monto de alrededor de mil 381 millones de pesos.
Por esta razón la legisladora consideró necesario sancionar a quien se atribuya, por medios electrónicos, informáticos, redes sociales o cualquier otro medio, la identidad de otra persona y cause con ello un daño patrimonial, moral o algún lucro indebido, para sí o para otra persona.
En este sentido, propuso para este ilícito una pena de tres a seis años de prisión, una multa de mil a mil 500 días del valor de la Unidad de Medida de Actualización y, en su caso, la reparación del daño causado. Además que dichas penas aumenten hasta en una mitad cuando se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz, o cuando un servidor público se aproveche de sus funciones para cometer el delito.
La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada directamente a las Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictamen.
