Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la que se busca combatir la corrupción en las dependencias de gobierno.
Este mecanismo, que entra en vigor este martes, busca que tanto ciudadanos como servidores públicos sean protegidos al denunciar actos de corrupción al brindarles certeza y seguridad jurídica, además de promover mecanismos de protección oportunos y eficaces que resguarden su integridad en todos los aspectos.
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La dependencia detalló que este protocolo replica las mejores prácticas a nivel internacional en el combate a la corrupción al reconocer la importancia de la denuncia ciudadana, con base en los principios de los tratados y convenios de los que México forma parte, tales como las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Interamericana contra la Corrupción, y Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El protocolo se basa principalmente en tres ejes: confidencialidad de los denunciantes, acompañamiento de la denuncia y proactividad de la Función Pública para combatir la impunidad.
Agregó que este mecanismo forma parte de una de las acciones de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para el combate de los hechos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos cometidos en la Administración Pública Federal.
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Para la aplicación de las medidas de protección señaladas en el protocolo, la Función Pública deberá realizar las gestiones sin dilación, a fin de evitar poner en riesgo a quien denuncie a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado.
La SFP indicó que Sandoval Ballesteros podrá suscribir los convenios de colaboración con los entes públicos y privados que faciliten el otorgamiento de las medidas de protección previstas en el protocolo.
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