La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó su criterio de que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen el derecho humano a ser consultados a través de sus representantes o autoridades tradicionales, en forma previa, informada, y culturalmente adecuada en los asuntos que afecten de manera directa sus derechos e intereses.
Por ello, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 209 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, al ser susceptible de afectar los derechos de dichos pueblos y comunidades.
