Ciudad der México, La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por irregularidades detectadas en los contratos suscritos con la delegación del IMSS en Hidalgo para la venta de respiradores mecánicos.
La Secretaría de la Función Pública informó que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Circulares 10/2020 y 11/2020 por medio de las cuales se dan a conocer dos inhabilitaciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., por 24 y 27 meses, respectivamente, así como de dos multas, que suman más de dos millones de pesos, a la misma empresa.
Además, fueron suspendidos cuatro servidores públicos adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible complicidad en estas acciones irregulares.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval informó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector salud y recibido 722 denuncias ciudadanas por presuntos hechos ilícitos.
El pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa de Bartlett Álvarez, hoy inhabilitada, la cual no produce insumos médicos, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.
El precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa por un precio mucho menor, así como por el costo de los equipos adquiridos recientemente por la Cancillería y otras entidades del Gobierno federal.
La SFP informó que la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia.
Y que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.
La Secretaría de la Función Pública actuó de inmediato frente a esta situación y, como resultado de una visita de verificación realizada el pasado 7 de mayo de 2020, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos al proveedor, lo cual evitó el daño patrimonial al Estado.
“Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico Fobaproa, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario”, señaló la secretaria Sandoval Ballesteros.
Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la SFP también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición.
Finalmente la Secretaría de la Función Pública agradeció la activa participación de la sociedad en el combate a la corrupción e informa que, desde el 27 de febrero que se confirmó el primer caso positivo de SARS COV-2 ha recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias. Todas han sido atendidas y se seguirán atendiendo de manera inmediata para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las sanciones que correspondan.
