Cd. de México.- Las fracturas en el Tribunal Electoral, y las viejas rencillas, han salido a flote luego de que cinco de sus magistrados le dieran la espalda a su presidente, José Luis Vargas.
Janine Otálora, Indilafer Infante, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata han dirigido una misiva al Consejo de la Judicatura Federal donde sostienen que la legalidad debe ser el eje rector de los procedimientos en la Sala Superior y cuestionan las acciones tomadas por el magistrado Vargas en un diferendo con el órgano regulador por la forma en la debe manejarse el presupuesto del Tribunal.
Los magistrados sostienen que la respuesta institucional del Tribunal a los cuestionamientos de la Judicatura “se dio sin conocimiento de todos los miembros del pleno de la Sala Superior”.
La legalidad debe regir las funciones de la Comisión de Administración. Esto es especialmente importante cuando se trata de definir el ejercicio del presupuesto público del TEPJF, sostienen.
La Judicatura envió el pasado 5 de marzo un duro reproche al presidente del Tribunal, José Luis Vargas, por un supuesto desconocimiento de una votación donde se determinó que los recursos presupuestales destinados a proyectos especiales fueran avalados por la Comisión de Administración integrada por dos miembros del Tribunal Electoral y tres de la Judicatura.
La Judicatura sostuvo que el desconocimiento de esa decisión colegiada podría llevar al Tribunal a ejercer los recursos de manera unilateral.
Tras el diferendo la Sala Superior emitió un comunicado en donde niega irregularidades tan graves como el desconocimiento de una votación en el seno de la Comisión de Administración y solicitó una revisión de la versión estenográfica de la sesión para disipar las dudas.
Sin embargo no es esta la primera polémicas sobre su presidente.
En diciembre pasado, bajo la batuta del magistrado Vargas, el Tribunal Electoral fue cuestioando porque su boletín oficial desconocía la votación del pleno sobre la paridad de candidaturas en la elección de 15 gubernaturas el seis de junio.
Una antigua disputa entre el magistrado Vargas y la magistrada Janine Otálora llevó a esta última a renunciar como presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
