Cd. de México.- El consejero del INE, Marco Antonio Baños, dijo que la modificación que hizo el Congreso de Baja California para alargar de 2 a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla, amerita sanciones penales, ya que fue un fraude electoral y se violentó el orden constitucional.
Dijo que los líderes partidistas que acusaron compra de votos de legisladores, deben aportar la información a las autoridades para que sean desaforados y se proceda también penalmente.
Para el consejero electoral Marco Antonio Baños la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia es la vía más acertada para restituir la legalidad en Baja California. No obstante, considero necesario establecer sanciones ejemplares para que no exista la tentación en otros estados de ampliar los periodos de gobierno a modo.
“La decisión tomada por los diputados debe ser analizada en sus últimas consecuencias y si hay necesidad de desahogar procedimientos de investigación y establecer responsabilidades de tipo penal se tiene que hacer, no debe de haber ningún tipo de condescendencia a una decisión que es contraria a derecho y al orden constitucional. Se ha hablado mucho que cualquier situación que pudiera ser tipificada como fraude electoral o que se pareciera a ese tipo de conductas tienen que ser reconocidas en el código penal con las sanciones correspondientes”, expuso el consejero Baños
Señaló que la propuesta para la desaparición de poderes en Baja California está en la cancha de la Cámara de Senadores y se tiene que analizar con mucho cuidado todas las implicaciones que esto traerá.