La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ministerio Público de la Federación por presunta fabricación de pruebas y difamación con el propósito de mantenerla en prisión preventiva.
En el documento dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, la exfuncionaria reprochó la intención del juzgador de querer iniciarle un proceso judicial “plagado de arbitrariedades” por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa.
Sostuvo que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio Público ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a sus derechos humanos.
“Al contrario, el Ministerio Público Federal ha recurrido a mentiras, falsificaciones y difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley”, externó la también exjefa de gobierno del entonces Distrito Federal.
Pidió que la presidenta de la CNDH admita a trámite la queja e inicie la investigación correspondiente, solicite la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos y emita la recomendación a las autoridades señaladas para resarcir el daño que le han ocasionado.
En el documento interpuesto por sus representantes legales, encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés, la exsecretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que con esa actuación tramposa y plagada de mentiras, el Ministerio Público ha fallado a su derecho de debido proceso.
Además, abundó, ha violentado su presunción de inocencia, pues aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada.
Afirmó que también se le ha afectado en su derecho convencional a la libertad personal y ha “lastimado mi derecho al respeto a la honra y al reconocimiento al construir intencionalmente una imagen de estafadora y de propensa a la fuga”.
Tras señalar que el desempeño del Ministerio Público constituye un “verdadero abuso de poder que viola derechos humanos reconocidos internacionalmente”, dijo además que el tratamiento que ha recibido resulta claramente discriminatorio.
“La llamada Estafa Maestra, hasta ahora no probada, involucra a otros exservidores públicos que laboraron en varias dependencias. Sin embargo, la única persona que se ha llevado a prisión preventiva soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio”, expresó.
A su vez, los abogados de Robles Berlanga aseguraron que la admisión, atención y resolución de la queja es una oportunidad histórica para que la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demuestre su imparcialidad, autonomía e independencia.
