Cd. de México.- La intención del Presidente de la República de derogar la reforma educativa a través de un memorándum es ilegal y los funcionarios que acaten esa disposición administrativa serán acreedores a acciones penales, administrativas, legales y políticas, que podrían llegar hasta el desafuero.
Así lo advirtió, Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, al señalar que con esto López Obrador demuestra el desprecio que tiene al Poder Legislativo y es un acto de corrupción para satisfacer a la CNTE.
No obstante, le recuerdan un memorándum no le alcanza para violar la Constitución ni para derogar ninguna ley, sin que primero pase por el voto de las Cámaras del Congreso.
El panista señalo que pretender abrogar la reforma sin el aval del Congreso tiene varias implicaciones para quienes lo hagan, algunas de carácter penal, según el artículo 216 del Código Penal Federal, que señala “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución...” La pena va de 2 a 7 años de prisión.
Pero además hay consecuencias jurídicas.
“Primero amparos, segundo acción de inconstitucionalidad, tercero el juicio político y el desafuero y finalmente una serie de consecuencias de carácter administrativo que son gravísimas, esto tenemos que denunciarlo. Somos un Poder Legislativo, no un querer legislativo en el Congreso de la Unión, atenta contra la división de poderes y se convierte en parte de esa corrupción que ningún mexicano hoy acepta”, sentenció Romero Hicks.
