Cd. de México.- El Consejo General de la Abogacía advirtió que si los funcionarios que cumplan con lo que el presidente les instruyó en el memorándum que les envió el martes, podrían hacerse acreedores a responsabilidades administrativas e incluso penales al impedir la ejecución de la ley en materia educativa.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum para buscar la forma de dejar sin efecto la reforma educativa vigente, el organismo pidió al mandatario honrar la Constitución Política, apreciarla y obedecerla ya que es la primera condición para la vigencia plena del Estado de derecho.
Al señalar que México tiene complejos y profundos problemas sociales, pero ninguno justifica que para solucionarlo se violen los principios de la Carta Magna, consideró que la única solución posible a cualquier reto pasa por el respeto irrestrictos a la Constitución Política.
En un escrito difundido en sus redes sociales, el Consejo indicó que considera contrario a la Carta Magna que en su memorándum el Ejecutivo pida dejar sin efecto la reforma educativa actual, ya que ello implica una transgresión a la protesta que rindió como presidente de guardar y hacerla guardar, así como las leyes que de ella emanen.
“Nos preocupa sobremanera que el instrumento administrativo no se encuentre debidamente fundamentado, puesto que todos los actos de autoridad deben fundarse y motivarse en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expuso.
Agregó que el documento emitido por López Obrador viola, además, el principio de la división de poderes al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con ello invade atribuciones no solo del Poder Legislativo, sino del Constituyente Permanente.
Señaló que el Ejecutivo federal se “arroga” facultades extraordinarias para legislar, en contraposición del artículo 49 de la Constitución, además de que el Ejecutivo no puede abstraerse del ejercicio de una de sus principales atribuciones que es promulgar y ejecutar las leyes que emita el Congreso de la Unión.
A su vez, el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, integrante del Consejo, aseveró que los argumentos son técnicamente impecables, ya que puntualizan que el instrumento administrativo no está bien fundamentado puesto que todos los actos de autoridad deben estar fundados en el artículo 16 de la Constitución.
En su cuenta de Twitter @JRCossio, el profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró el apoyo al Consejo y retuiteó el documento de inconformidad.
