Ciudad de México. Se está revisando cada peso destinado a la reconstrucción de la Ciudad de México y no se va a “cubrir” a nadie. Al menos así lo sentenció el Contralor general de la capital, Eduardo Rovelo Pico, al comparecer ante la comisión de transparencia y combate a la corrupción del congreso de la Ciudad de México. Después, en entrevista con medio reiteró la advertencia:
“Decirles con toda claridad que quien haya hecho un uso indebido del recursos público y que sea notoriamente comprobado, pues obviamente tendrá una responsabilidad administrativa, incluso penal (...) En el caso de que sea calificada como falta grave pues obviamente la justicia administrativa te da hasta 20 años de inhabilitación y si es una cuestión de responsabilidad penal, será el fiscal anticorrupción o el fiscal de servidores públicos quien determine la pena”
El Contralor reveló incluso que se han detectado subejercicios en algunas dependencia, aunque rechazó revelar a cuánto asciende el subejercicio y qué dependencias han dejado de ejercer el dinero destinado a reconstrucción:
“Es un tema muy sensible que no podemos polemizar, ni partidizar, es un tema técnico, están las partidas, están las dependencia, están los recursos y tendrán que demostrarnos en qué fue destinado este recurso; entonces yo estimo que este informe final de auditoría o de revisión que estamos llevando a cabo tendrá que ser informado a ustedes antes de que acabe la administración”
Explicó que la fiscalización de los 8. 7 millones de pesos destinados a la reconstrucción recursos de la reconstrucción se divide en dos etapas: la de emergencia, del 19 de septiembre a diciembre del año pasado, y la etapa de reconstrucción de enero de este año hasta diciembre próximo. Explicó que en este momento la contraloría está integrando los informes finales y se encuentran en la etapa de solventación de observaciones a diversas dependencias.
Rovelo también notificó a los diputados locales que la contraloría cerrará esta administración con 2 superávits: una por 8 mil millones de pesos que deriva de penas convencionales, por incumplimientos de proveedores y contratistas. Y el segundo superávit es de 30 millones de pesos que es el sobrante de 100 millones que estaban destinados para poner en marcha el sistema local anticorrupción.
