México, 15 de octubre.- En la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, las opiniones técnicas deben ser tomadas en cuenta de manera central para tomar la decisión que más convenga al país, opinaron senadores.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, coincidió en el criterio de tomar en cuenta la opinión de los expertos.
En conferencia de prensa, dijo que la consulta planteada por el próximo gobierno toma en cuenta sólo a una pequeñísima parte de la población y no se está realizando de acuerdo con lo establecido en las normas.
Pero con independencia de ello, lo importante es tomar en cuenta a los técnicos y especialistas que han estudiado esta materia, porque sus puntos de vista son relevantes para tomar una decisión adecuada.
Osorio Chong recordó que hay muchos técnicos y especialistas que han estudiado el problema y sus puntos de vista son los que verdaderamente deben de ser considerados.
A su vez, el coordinador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué, señaló en entrevista que su partido se mantiene a favor de que continúe la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
Aseguró que en su momento, se hicieron todos los estudios técnicos y de impacto ambiental que avalan esa obra e incluso aseguró que la obligación del nuevo gobierno es decidir qué se hará con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
La discusión, dijo, merece atención porque habrá una consulta en los próximos días y aunque el PVEM será congruente y mantendrá su apoyo a continuar con la construcción en Texcoco, “seremos respetuosos de las decisiones que tome el nuevo gobierno”.
En tanto, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que si bien el ejercicio de consulta pública que realizará el futuro gobierno es positivo, lo importante es atender las opiniones de los especialistas.
Entrevistado luego de la reunión de la Junta de Coordinación Política en el Senado, recordó que las dos opciones a las que se ha cerrado la consulta (agregar pistas en Santa Lucía o continuar con la construcción en Texcoco), tienen repercusiones.
Las opiniones técnicas son fundamentales, pues de no tomarse en cuenta se pueden generar problemas importantes, porque no se trata “sólo de trasladar todo a golpe de escritorio”.
Pensar en las dos pistas de Santa Lucía implica desarrollar vialidades nuevas, tal vez un tren rápido y, en todo caso, un proyecto que implicará gastos importantes.Respecto a continuar con la construcción en marcha en Texcoco, Mancera Espinosa hizo ver que ya se han invertido sumas importantes y se debe de considerar qué va a pasar con esos montos ya comprometidos.
Además, esa alternativa planteó temas de mitigación ambiental, movilidad y se debe de tomar en cuenta qué pasará con los trabajadores que hasta ahora son de la Ciudad de México (en el actual aeropuerto) y que se deberán trasladar a otros lados.
Como sea, dijo, lo mejor es tomar en cuenta las opiniones técnicas, que deben ser el insumo fundamental para esta decisión.
Al respecto, el líder nacional del PRD, Manuel Granados, calificó de ilegal la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto, toda vez que quien la organiza es un partido político, Morena, y quien la convoca es un ciudadano, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Acompañado por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no descartó incluso recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer un recurso legal, a fin de revertirla.
“La consulta no puede ser vinculatoria y menos cuando aún no asumen el cargo público, como es el caso del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue siendo un ciudadano, no ha sido el electo por el pueblo (...) en tanto no tiene ninguna atribución ni facultad para generar condiciones para llevar como ciudadano este esquema de consulta”, subrayó.
Acompañado por el coordinador de los diputados del PRD, Ricardo Gallardo, el dirigente insistió que la consulta ciudadana que pretende llevarse del 25 al 28 de octubre es ilegal de origen también porque el cómputo lo realizará una asociación civil y porque se convoca a una parte de la ciudadanía, la que habita en 538 municipios del país, marginando a los habitantes de dos mil demarcaicones más.
Señaló que el PRD se opone a que se viole el Artículo 35 constitucional y la Ley Federal de Consulta Popular y sostuvo que si se quiere hacer la consulta, se deben respetar los requisitos legales.
Al respecto, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo, enfatizó que Morena debe preocuparse por cumplir otros compromisos que enarboló durante la campaña como bajar el precio de las gasolinas y fijar salarios dignos para los mexicanos.
