6 de junio.- La Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas (FEPESP) señaló que, en los primeros seis meses de la actual administración federal, se ha apostado por la división y la parálisis en vez de promover un pacto social basado en el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho.
Lo anterior según los resultados del Balance Semestral de la Actual Administración desde el Progresismo, documento elaborado por el organismo encargado de hacer investigación en materia de política pública.
“El progresismo está ausente en las políticas económicas, sociales y de ampliación de derechos de la actual administración, siendo la prueba de ello el temor de los nuevos funcionarios a ser llamados traidores si se atreven a cuestionar las decisiones del ejecutivo”, señaló José Irán Moreno Santos, presidente de la FEPESP.
El documento apunta también que la gestión de Andrés Manuel López Obrador presenta debilidad en el manejo de la Política Exterior, pues la postura de mantener la agenda estadounidense, en vez de estrechar lazos con Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea, ha dificultado que México asuma una postura de liderazgo, a la vez que lo ha orillado a enfrentarse a la mayor crisis migratoria de la última década.
“Nos encontramos ante una Política Exterior desdibujada en nuestro país, escudándose en los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, así como en el mantra de que la política interior es la mejor política exterior”, se lee en el documento.
Otro de los mayores retos que enfrentaría la actual administración tiene que ver con la personalidad misma del presidente y su círculo más cercano; pues, apunta la organización, “no comprenden el funcionamiento actual de la economía y los mercados.
López Obrador, por ejemplo, suele confundir cuestiones administrativas, con temas del mercado y políticas públicas, además de tomar las críticas a su modo de proceder como ataques personales”.
Dentro del balance realizado por la FEPESP también pueden leerse recomendaciones en materia de economía y políticas sociales, destacando la necesidad de volver a fomentar la economía real y ampliar la defensa de los derechos humanos, especialmente de las minorías y grupos vulnerables.
