Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó reformas para ir en contra permisionarios y distribuidores de gasolina en el país que compren y vendan combustible robado.
Quienes así lo hagan serán sancionados con la revocación del permiso y la inhabilitación hasta por 15 años para obtener una nueva autorización para volver a operar.
Por unanimidad de 450 votos a favor, modificaron la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se establece que será una agravante la participación de franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores mediante la compra, venta y comercialización de combustible robado.
La reforma prevé que cuando exista una investigación en contra de algún expendio, el Juez de Control pueda solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión temporal del permiso del establecimiento investigado y del trámite que tuviera en proceso para adquirir otro.
También se crea un registro de las personas físicas y morales cuyo permiso o procedimiento se hubiera suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoria por compra y venta de hidrocarburo robado.
Las nuevas medidas para combatir el robo de combustibles desde la escala de los expendios, incluye obligar a los titulares de los permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos a incorporar un sistema de geo-posicionamiento en sus unidades a fin de tener un mayor control y prevenir actos ilegales.
Para los diputados estas acciones buscar cerrar la pinza también a los empresarios gasolineros que hacen jugosos negocios con el robo de combustible.
“Una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia del robo de hidrocarburos es la compra por parte de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, menor del que pagarían por combustible de origen legal, afectando a la industria legalmente establecida, y por supuesto, al erario público... Esas modificaciones a la ley significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía para lograr que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos”, señalo María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia al fundamentar el dictamen.
La reforma se turnó al Senado de la República para su validación.
