México, 23 de octubre.- La titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González aseguró a diputados que hay verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, y a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, al comparecer ante las comisiones de la Cámara de Diputados, aclaró que en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley, están en la etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa no puede informar más al momento.
La funcionaria federal aseveró que en los casos del Paso Express, Odebrecht, así como las supuestas anomalías en el manejo de recursos federales, se verifica el patrimonio de servidores públicos involucrados y van en distintas etapas dentro de este trámite.
“Tenemos entonces varios servidores públicos ya sea de Pemex, SCT, de Sedatu y no sólo de ellos que son los que más han llamado la atención en los últimos dos años, sino que también tenemos casos importantes que se están relacionando de muchos otros servidores públicos”, indicó.
Gómez González refirió que hasta ahora no ha sido necesario sólo solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, “porque estos asuntos, estos expedientes, ya cuando los terminamos pasan si es el caso a ser presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR)”.
Luego que el PVEM, a través del diputado Carlos Alberto Puente Salas cuestionó sobre el caso Odebrech y las acciones que lleva a cabo México al respecto, la secretaria Arely Gómez informó que al día de hoy hay 10 procedimientos administrativos de responsabilidades.
Detalló que de ese total, ocho están resueltos con inhabilitaciones y multas económicas; tres de inhabilitación para la Constructora Odebrech y una multa por 543 mil millones de pesos.
Además, una inhabilitación para Odebrech Ingeniería y Construcción Internacional; dos inhabilitaciones y multa para representantes legales de la empresa brasileña, y dos contra funcionarios de Pemex, con destitución e inhabilitación por 10 años y multa económica.
“No podemos decir que la Secretaría de la Función Pública ha sido omisa en este caso, al contrario, es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio. La sanción económica impuesta contra las empresas filiales es histórica, es la más alta impuesta por la dependencia”, expuso.
La funcionaria federal refirió que el cobro de multas por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cualquier recurso que ingrese a las cuentas de la empresa será entregado al gobierno federal, y cualquier adeudo que se tenga con ésta, se entregará directamente al SAT.
“La SFP ha agotado todas sus líneas de investigación para sancionar a esta empresa en lo que es su responsabilidad. Su investigación se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos”, explicó.
Además, se ha agotado la verificación patrimonial, donde se iniciaron 16 carpetas, 10 siguen en trámite, cuatro se archivaron y dos se remitieron a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación de la denuncia penal ante Procuraduría General de la República.
Afirmó que la dependencia federal trabaja en otros procedimientos que se sustancian, por lo que no ofreció mayores detalles y refrendó su compromiso de que las irregularidades detectadas serán sancionadas en el ámbito de competencia y no quedarán impunes.
En su oportunidad, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ximena Puente de la Mora, señaló que en 2015 se unieron esfuerzos institucionales, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, que buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos.
“Ello, en el marco de la Promoción de la Legalidad y también de las Buenas Prácticas, promulgando para tal efecto, una reforma constitucional en materia anticorrupción, lo cual dio origen a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), representando un avance para el Estado mexicano”, resaltó.
En tanto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente Salas, reconoció la actuación de la Secretaría de la Función Pública en diferentes temas, ya que ha dado resultado en el ámbito de sus atribuciones, lo cual abona a combatir la corrupción, un mal que desafortunadamente lastima a todos los mexicanos.
En su turno , las diputadas de Morena, Aleida Alavez Ruiz e Inés Parra Juárez, consideraron que el desempeño de la Secretaría de la Función Pública durante la actual administración fue deficiente.
En su oportunidad, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Elisa González Estrada, indicó que el Sistema Nacional Anticorrupción ha quedado en proyecto y no ha logrado establecerse como el instrumento para cumplir con los objetivos de honorabilidad y limpieza en el servicio público.
Dijo que los casos de corrupción como el de Odebrecth deben investigarse a fondo y castigarse con todo el rigor de la ley, para de este modo frenar la impunidad que fomenta la corrupción, por lo que pidió no darle carpetazo.
