Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México, pretende recabar datos de prueba de la Fiscalía General de la República que le sean útiles en su proceso de extradición que se desahoga en España; y que puedan evitar su deportación y prohibición de transitar en territorio mexicano por una eventual detención.
El 28 de mayo pasado, el empresario mexicano fue detenido en el aeropuerto de la isla de Palma de Mallorca, en cumplimiento a una ficha roja de Interpol girada en su contra por su implicación en la presunta operación fraudulenta de compra-venta que cerró con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de una planta de agronitrogenados, ubicada en el complejo Pajaritos de Veracruz.
El equipo de abogados que tiene en nuestro país, promovió un amparo en el que demanda información con respuesta inmediata de la Dirección General de Procedimientos Internacionales, invocando el derecho de petición que contempla el artículo octavo de la Constitución Federal.
Dicho artículo establece que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”, detalla el texto constitucional.
La demanda de garantías presentada por el equipo de abogados que tiene en nuestro país, alude el derecho de petición que contempla el artículo octavo de la Constitución Federal dirigido a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, según consta en los estrados del Consejo de la Judicatura Federal.
El escrito fue admitido a trámite por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, el mismo que desechó el 10 de abril una demanda de Alonso Ancira, en la cual solicitaba información sobre una eventual detención, privación ilegal de la libertad, deportación, y prohibición de transitar en el territorio mexicano.
En aquella resolución el juzgado le requería aclaración de los actos reclamados y señalara el lugar donde trataban de ejecutarse, según el acuerdo que se publicó en los estrados electrónicos.
