México, 12 Dic (Notimex).- La detención del exsecretario de Seguridad Pública federal de México, Genaro García Luna, “ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco”, consideró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.
Ese conflicto ubicó a México en 2018, en el lugar número 138 del ranking de corrupción mundial de 375 países evaluados, recordó el funcionario federal durante una reunión que sostuvo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El funcionario apuntó que, en el marco de la cooperación internacional, la SSPC pondrá toda la información a su alcance a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), al igual que de las autoridades estadounidenses que han iniciado el proceso contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano.
En este gobierno -sostuvo- “tenemos que combatir la corrupción en el aparato público con énfasis en los cuerpos policiales y muy particularmente en sus mandos. En este gobierno se acabaron los moches, los entres, las cuotas, la venta de patrullas, grados y ascensos.
“Se acabó también la discrecionalidad en el gasto de seguridad, y por supuesto la partida de seguridad nacional que no estaba sujeta a ningún tipo de restricción y cuyo uso era prácticamente discrecional”, señaló en la sede de la dependencia federal.
Durazo Montaño añadió que “en este gobierno, partimos de un principio clave: no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado”, y alertó que históricamente en México y en el mundo, “el gran crimen ha avanzado lamentablemente de la mano de la protección del crimen, por eso la vertiente inicial de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción”.
En este contexto, el funcionario de seguridad sostuvo que “como ha quedado demostrado recientemente, la corrupción puede infiltrarse hasta los más altos niveles de decisión en México. Precisamente por tal razón estamos determinados a erradicarla en los cuerpos de seguridad y justicia, así como en todos los órdenes de la vida nacional”.
Recalcó que el uso indiscriminado de la fuerza no consiguió resolver el problema de la criminalidad, y sólo condujo a mayores enfrentamientos, muerte y dolor innecesarios, pero este replanteamiento “no significa que no se haga uso de la fuerza de Estado para imponer el orden cuando ello es necesario”.
Significa, subrayó, que “la fuerza pública no es nuestro primer recurso para garantizar la paz y la tranquilidad en el país; es el último recurso y complementario de una serie de acciones previas que son imprescindibles nos guste o no, así nos lleve tiempo para garantizar la seguridad”.
