Un juez federal consideró que no se puede frenar la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía, pues tal y como lo dijo la Secretaría de la Defensa Nacional, se pondría en riesgo la seguridad nacional.
Juan Carlos Guzmán Rosas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó suspensión definitiva a la comunidad indígena de Santa María Ozumbilla, que promovió un amparo en contra del proyecto aeroportuario.
Aunque el pronunciamiento del juez avala prácticamente la realización de las obras en la base militar, éstas todavía no pueden reanudarse toda vez que la representación legal del pueblo tiene la opción de solicitar la revisión ante un tribunal colegiado.
Además existen pendientes de resolver 150 amparos solicitados por el Colectivo #NoMasDerroches y los pueblos originarios de Tecamac. quiénes cuentan con medidas cautelares que congelaron la construcción.
La resolución del juez Guzmán Rosas revocó la suspensión provisional que tenía Santa María Ozumbilla, cuyo efecto era justamente detener la edificación del aeropuerto hasta que se resolviera de fondo la petición de amparo.
“Es improcedente conceder la suspensión con ellas, dicho de otra manera, cuando se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público” sostiene la llamada sentencia interlocutoria.
Al momento de negar la suspensión definitiva, el juez le dio validez al informe de la Sedena, cuyo texto advertía que desde el 29 de agosto todos sus bienes muebles e inmuebles, incluyendo el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, fueron catalogados instalaciones estratégicas.
“El proyecto de construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares’, implícitamente conlleva la posibilidad de ejecutar órdenes militares tendientes a preservar la seguridad nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana, mediante una instalación militar estratégica de la que no se debe frenar su futura operación, y que tiene encomendado entre otras tareas defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior”
Además se menciona que existe garantía de que no se afectará el medio ambiente lo cual ya quedó acreditado con el informe de la autoridad competente.
“La medida así adoptada por el Estado Mexicano mediante la autorización ambiental tiene como fin prevalecer la soberanía mediante la seguridad nacional y constituye un objetivo que legitima la restricción a los derechos fundamentales y humanos con relación a los actos reclamados”.
Estos razonamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también viene replicados en los amparos que promovió el Colectivo #NoMásDerroches y que el viernes próximo serán valorados por el juez, quién primero debe hacer un pronunciamiento sobre si puede aceptar el informe como prueba superviniente.
