Un Tribunal Federal resolvió revocar la prisión preventiva de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y Sedatu; y ordenó la reposición del procedimiento, lo cual implica que aún no podrá abandonar el Penal de Santa Martha Acatitla.
El magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó al juez federal de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, celebrar en las próximas 48 horas una audiencia para pronunciarse nuevamente.
En ese nuevo pronunciamiento podria derivar en otra medida cautelar distinta; o en la prisión preventiva justificada, siempre y cuando presente argumentos convincentes para el tribunal unitario.
“El juez de control impuso la prisión preventiva sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era la idondea proporcional y menos lesiva para la imputada y que a su vez el riesgo procesal que se tuvo acreditado. De ahí que dicha determinación carezca de una suficiente motivación”, señaló el magistrado Paredes Calderón.
La resolución del tribunal solo surtirá efectos contra el encarcelamiento decretado por el juez Delgadillo Padierna, pues el auto de vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público no está implicado en éste recurso de apelación.
Cabe recordar que la prisión preventiva fue impugnada por la defensa, tras considerar que no tenia sustento el hecho de que existiera un riesgo de fuga por existir documentos que presuntamente acreditaban dos domicilios distintos, según los razonamientos del juez.
Por su parte, Rosario Robles acreditó su residencia en la delegación Coyacàn; mientras que la Fiscalía General de la República presentó una licencia de la acusada con un domicilio en la zona de Polanco.
La defensa presentó evidencia de que esa licencia era falsa pues la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no tenía registro oficial de esa identificación.
El auto de vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público decretado contra Rosario Robles también fue impugnado y lo revisa otro tribunal federal.
La exsecretaria de Sedesol y Sedatu durante el sexenio pasado, está acusada por la Fiscalía General de la República por encubrir convenios presuntamente fraudulentos que le ocasionaron un daño a la hacienda pública federal superior 5 mil millones de pesos.
