Determinar si el amparo es la vía idónea para que una persona con discapacidad pueda combatir a las compañías aseguradoras que se niegan a otorgarles una póliza, es el reto que asumirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de la primera sala, se ejerció la facultad de atracción de un juicio en el que se rechazó la solicitud de alta de un menor con discapacidad que requería una póliza de gastos médicos.
Los ministros se harán cargo del expediente a fin de que se determine si la negativa por parte de las empresas, representa un acto de autoridad susceptible de ser impugnado por la demanda de garantías.
A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se harán cargo de estudiar el caso desde la perspectiva de los principios de Igualdad y no discriminación y bajo el modelo social en que se funda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La sala estará en posibilidades de establecer la diferencia entre discapacidad y enfermedad, con el fin de precisar si la discapacidad puede ser o no considerada un riesgo en materia de seguros, tomando en consideración la libertad contractual y autonomía de la voluntad.
Así también podrá detallar aspectos de derechos de igualdad ante la Ley y el derecho a no discriminar por motivos de discapacidad.
