Ciudad de México.- Una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos será presentada por el abogado de la ex líder magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, por considerar que se la ha dado un trato de “presa política”.
A través de un comunicado, Marco Antonio Del Toro Carazo anunció que el jueves 17 de mayo viajará a la ciudad de Whashington, en Estados Unidos, para promover su recurso ante las presuntas violaciones a los derechos fundamentales de la maestra.
Detalló que dará puntual seguimiento al trámite a fin de que el caso sea llevado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el cual deberá determinar si procede una sanción contra el Estado mexicano ante una eventual persecución política.
“Como su abogado, ante esa comisión aportaré evidencia y datos duros que acreditan esta persecución y la forma en que la han orquestado autoridades gubernamentales mexicanas, con la anuencia de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que han traicionado su obligación de ser imparciales al momento de impartir justicia en el caso de la maestra y se han sometido al Poder Ejecutivo”
Reacciona ante postura de Ricardo Anaya
En otro orden de ideas, el litigante arremetió contra Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, ante las declaraciones de éste, en el sentido de que no consideraba que Elba Esther Gordillo fuera una presa política.
Del Toro Carazo dijo que su postura “electorera” además de carecer de conocimiento del caso, se contradice a los ideales de tener un fiscal autónomo que debe privar en un Estado de Derecho.
“Si lo hace como candidato, opinando a la ligera, con mayor razón lo hará de llegar a la Presidencia. Es escandaloso, por decir lo menos, que no se haya tomado el tiempo para evaluar las condiciones del asunto de la maestra y así cuando menos emitir un juicio objetivo. No hacerlo muestra la inmadurez que es incompatible con un dignatario, lo que lo aleja del estadista que México requiere”, apuntó.
Elba Esther Gordillo enfrenta su proceso penal por delincuencia organizada y lavado de dinero bajo el beneficio de la prisión domiciliaria; el cual ha sido objeto de diversas impugnaciones judiciales por parte de la defensa, pues argumentan que al restringir sus visitas y tratar de controlar sus comunicaciones se están violando sus derechos fundamentales.
