Ciudad de México.- Por su presunta participación en la tortura de la periodista Lydia Cacho, autora del libro “Los Demonios del Edén”, fue detenido e ingresado al Penal Estatal de Cancún, Juan Sánchez Moreno, quien fungiera como director de Mandamientos Judiciales durante la administración del gobernador de Puebla, Mario Marín.
Agentes federales ministeriales de la Fiscalía General de la República actuaron en cumplimiento a una orden de aprehensión que giró la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, Quintana Roo. Sánchez Moreno fue ubicado en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
Dicha orden deriva de la consignación del Ministerio Público especializado en la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, quién presentó evidencia suficiente para presumir la comisión del delito.
El pasado 16 de abril, éste tribunal libró mandamiento de captura no sólo en contra de Sánchez Moreno sino también para el exgobernador Mario Marín, el empresario “Zar de la Mezclilla”, Kamel Nacif y Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la policía judicial del estado.
De acuerdo con la resolución del tribunal, todos ellos estuvieron implicados en la tortura de la que fue sujeta la autora del libro “Los Demonios del Edén”, que denuncia una supuesta red pornografía y prostitución infantil; además de fiestas con menores en la que participaron empresarios y políticos.
Juan Sánchez Moreno, en diciembre de 2005 quedó al frente de la Unidad Especializada de Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
La indagatoria revela que valiéndose de la existencia de una orden de aprehensión en contra de la periodista Lydia Cacho, fuera de los parámetros legales correspondientes, los elementos a su cargo impusieron un castigo a la comunicadora por su actividad profesional y la divulgación de material de su autoría.
Como consecuencia de sus instrucciones, la víctima fue detenida de manera violenta para trasladarla por más de 20 veinte horas, tiempo en el que fue objeto de humillaciones, intimidaciones y amenazas.
Igualmente, la investigación señala que por sus instrucciones se permitió que personas ajenas a las instituciones de procuración de justicia participaran en la detención y traslado de la víctima, como manera de asegurar el castigo y de intimidarla.
