Ciudad de México.- Aunque un juez federal decretó la libertad para Oscar Parra Aispuro, el llamado Zar de la Totoaba y presunto miembro del Cartel de Sinaloa, no abandonará el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, pues tiene pendientes tres acusaciones mas en su contra por homicidio, delitos ambientales y delincuencia organizada, confirmaron fuentes del gobierno federal.
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México decidió no vincular a proceso a Parra Aispuro por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetaminas con fines de comercio; además de portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Para el juzgador el acusado y sus escoltas, no fueron detenidos el 13 de septiembre de 2018 en el municipio de San Felipe, Baja California en la condiciones como las relató la policía estatal, según los datos de prueba ofrecidos por la fiscalía y el cotejo de los argumentos que tenía en su poder la defensa.
Esa pruebas daban cuenta de que aproximadamente a las seis horas con cincuenta minutos del 13 de septiembre, los policías al realizar un recorrido de vigilancia sobre la carretera San Felipe a la altura de El Dorado Ranch, rumbo a San Felipe, vieron a dos autos estacionados en el acotamiento de sur a norte en la carretera San Felipe-Mexicali; uno de ellos tenía el cofre abierto, por lo que bajaron para entrevistarlos y partir de ese hecho descubrieron que llevaban en su persona y los vehículos, cuatro armas de fuego largas y tres cortas, así como 53.6 gramos de metanfetamina, radios de comunicación, cargadores para armas de fuego, cartuchos y un chaleco antibalas.
La defensa, exhibió pruebas que demostraban que las personas no fueron detenidas en esos términos sino que tres horas antes habrían sido sustraídas violentamente de su domicilio, esto, porque se demostró que el inmueble tendría daños en las puertas y accesos, así como huellas de botas tipo militar en diversas partes de la casa; además de ello, cinco testigos declararon lo acontecido, los cuales habrían narrado que un grupo armado entró a la casa, rompiendo puertas y golpeando a los detenidos, donde incluso se encontraba la esposa de uno de ellos y un bebé; para después sacar a las tres personas del predio junto con los dos carros que después reportaron tendrían armas.
Asimismo, los familiares habrían reportado el evento al sistema 911, justo en el momento en que sucedió, de lo cual existió constancia; de igual modo, la defensa aportó diversas periciales en materia de criminalística y de audio y video, a través de los cuales se obtuvieron diversos videos de -al menos- cuatro establecimientos comerciales, en los que se advierte que la esposa de uno de los detenidos, cargando a su bebé, pidió auxilio a los encargados de un establecimiento comercial para que le prestaran un teléfono y así localizar a su esposo; así como las escenas de diversas vialidades, en las que se advirtieron las patrullas estatales en convoy, custodiando lo que aparentemente eran los dos vehículos asegurados, todo esto alrededor de entre las tres y cuatro de la mañana, esto es, tres horas antes de la supuesta detención reportada al Ministerio Público.
Pese a éste revés judicial, la Procuraduría General de la República le cumplimentará las tres órdenes de aprehensión correspondientes a los delitos de homicidio, delitos ambientales y delincuencia organizada, relacionados con sus presuntas actividades ilícitas en el tráfico de Totoaba, especie marítima en peligro de extinción; por lo que no abandonarán la prisión de forma inmedita.
