Rosario Robles ganó tiempo para hacerle frente a las acusaciones que pesan en su contra de haber presuntamente causado un daño al patrimonial hacendario por 5 mil millones 358 mil 846 pesos durante sus gestiones del sexenio pasado en Sedesol y Sedatu.
Después de siete horas y media de audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo le concedió a la exfuncionaria el plazo constitucional de 144 horas para combatir las pruebas del Ministerio Público y presentar testigos en su favor.
El aplazamiento será para el lunes 12 de agosto próximo a la seis de la tarde en la misma sede judicial.
La Fiscalía General de la República formuló imputación formal pretendiendo que se vincule a Robles Berlanga a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
El Ministerio Público la señaló como responsable por omisión de los desvíos millonarios irregulares de las secretarias a su cargo hacia universidades y organismos que no tenían capacidad para ejecutar servicios.
Esos recursos que bajaron a las instituciones educativas fueron utilizados incluso en un 49% en subcontratos a empresas fantasma.
Por lo menos se hizo un recuento de 26 convenios de Sedesol y Sedatu, presuntamente fraudulentos y celebrados entre 2104 y 2018 con las universidades de Morelos, Hidalgo, Chiapas y Quintana Roo; además del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo.
En escencia la fiscalía sostiene que Rosario Robles actuó con omisión, reiteración, autoría directa y siempre en conocimiento de los hechos sin avisarle a su superior jerárquico.
La exsecretaría arribó al Reclusorio Sur alrededor de las 10 de la mañana en compañía de sus abogados, su hija y dos hermanas.
Sólo ingresó a la zona jurisdiccional por medio de empujones y atropellos con la prensa que esperaba en el lugar.
