Ciudad de México. El Senado de la República recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que contiene la legislación secundaria de la pasada reforma al Poder Judicial.
La iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual consolida el entramado normativo para dar viabilidad el proceso de cambio en la materia.
El ordenamiento contiene un esquema sancionatorio en caso de nepotismo de jueces y magistrados que puede llegar hasta los 20 años de inhabilitación en caso de faltas graves. Establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.
Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esas conductas.
Además, sugiere sancionar con responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.
La propuesta también establece las contralorías para cada uno de los órganos de este Poder, las cuales implementarán los mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Estos organismos, plantea el proyecto, fungirán como autoridades sustanciadoras de los procedimientos de responsabilidad administrativas, llevarán el registro y darán seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y de su declaración de intereses.
Otro de los aspectos de la iniciativa es la actualización de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, incluye como atribuciones de este órgano la revisión, por oficio, de la constitucionalidad y validez de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal, durante la restricción o suspensión de derechos y garantías, de las consultas populares, así como resolver el recurso de revisión especial en materia de seguridad nacional para efectos de acceso a la información pública.
Por otro parte, faculta al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda concentrar, en uno o más órganos jurisdiccionales, asuntos vinculados con hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
La iniciativa expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, y reforma la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional.
Asimismo, modifica la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal explicó que el contenido de la iniciativa nada tiene que ver con los señalamientos que ha hecho el Ejecutivo Federal en torno a los amparos a las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.
“Es un paquete de reformas a leyes reglamentarias como consecuencia de la Reforma Judicial de diciembre. No tiene que ver nada con el momento que se vive sobre la deliberación jurisdiccional de la Ley Eléctrica, que está en este momento sub júdice en tribunales. Este es aparte. Hace apenas 8-10 días, se declaró la contabilidad de más de 16 estados y se declaró la validez de la Reforma constitucional en materia Judicial, que se aprobó por el Congreso en diciembre pasado y que apenas se aprobó por los congresos locales. Por esa razón, no podían enviarla antes y esperaron a que se concluyera el proceso formal de la reforma constitucional para poder ingresar las leyes reglamentarias sobre esta Reforma, sobre este contenido que fue modificado recientemente en diciembre. Entonces, no es nada extraño ni es un cambalache, ni es un guiño para que resuelvan en uno o en otro sentido. En una y en otra forma estas leyes tienen que analizarse, si no, no tiene aplicabilidad la Reforma constitucional en materia Judicial que realizamos en diciembre pasado”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.
