Erasmo “P”, Juan “A” y Jaime “P” expolicías federales fueron sentenciados a 26 años de prisión por su plena responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y contra la administración de justicia.
¿Cómo ocurrieron los hechos?
De acuerdo a la narrativa de la recomendación 49/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la madrugada del 27 de abril del 2010 una pareja recibió la llamada telefónica de su hijo quien les avisó que se habían metido a robar a su domicilio ubicado en una colonia del municipio de Ecatepec en Estado de México. Al llegar se percataron de que su casa se encontraba resguarda por elementos de la desaparecida Policía Federal quienes no los dejaron entrar al inmueble.
Minutos más tarde escucharon varias detonaciones de arma de fuego al interior del domicilio.
A las 05:00 horas llegó al domicilio allanado por los policías federales una camioneta del servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y horas más tarde un vehículo de la policía ministerial.
Alrededor de las 10 de la noche la pareja acudió al servicio médico forense para identificar el cuerpo de su hijo quien de acuerdo al dictamen de necropsia, tenía 37 lesiones por proyectil de arma de fuego.
¿Por qué los policías asesinaron a su víctima?
Un testigo declaró que a las 22:30 horas del 27 de abril del 2010, cuando iba en compañía de la víctima, quien era su amigo, fueron detenidos en un retén de la extinta Policía Federal en la avenida Estado de México, al descender del vehículo inspeccionaron el interior y encontraron una “charola”, los policías, al preguntarle el origen, la víctima contestó que se la habían dado en la Confederación de Motociclistas.
Los policías federales argumentaron que la identificación oficial era falsa y que por eso lo tenían que poner a disposición de la autoridad ministerial. Acto consecutivo los federales los subieron a una camioneta mientras que otro se llevó el vehículo en el que viajaban.
El testigo asegura que durante el traslado los Policías Federales le cubrieron el rostro con una chamarra y dos de ellos comenzaron a golpearlo con sus puños en el rostro y la cabeza, mientras lo interrogaban, además le pusieron un trapo en la nariz al cual le vertían agua.
Según la narración de la CNDH, el testigo asegura que los policías federales los llevaron hasta el domicilio de la víctima fallecida, ahí los uniformados taparon la cámara de seguridad con un bote. Posteriormente al introducirse al inmueble escuchó disparos, se percató de que uno de los elementos resultó herido.
¿Qué paso con el testigo?
Los policías federales ingresaron al testigo al domicilio de la víctima asesinada y cuando preguntó qué había pasado con su amigo le contestaron que “ya estaba en el infierno”. Momentos después uno de los policías le dio una pistola para que le colocara cartuchos y le dijo “dale cuatro jalones”.
Después lo llevaron a la parte trasera de la casa y le indicaron que disparara al pasto. Horas más tarde los policías federales llevaron a testigo al terreno, donde lo habían levantado un día antes, le dieron de beber y a las 14:30 horas lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
¿Qué evidencias incriminaron a los policías federales?
De acuerdo a las indagatorias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) los testimonios de los policías federales no coincidieron en tiempo y forma con los hechos ocurridos la madrugada del 27 de abril del 2017.
El perito en criminalística de la CNDH estableció que en 22 de las 37 detonaciones que presentó la víctima, la boca del cañón de las armas empleadas se encontraban a una distancia mayor a un metro con relación a las lesiones, además de que el cuerpo presentó diferentes ángulos respecto a los victimarios, es decir que los policías no actuaron en un acto auténtica defensa ante una posible agresión.
Luego de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal dictó sentencia condenatoria de 26 años y seis meses de prisión para cada uno de los individuos mencionados.
