Los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos reconocieron que existen avances en las investigaciones, particularmente en algunas líneas relacionadas con telefonía celular, pero dejaron claro que todavía falta la respuesta que han buscado durante casi 12 años: conocer qué ocurrió con los normalistas y cuál es su paradero.

Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, los familiares señalaron que mantienen la exigencia de profundizar las investigaciones y de fortalecer las líneas que puedan aportar información para esclarecer los hechos.

El abogado Isidoro Vicario señaló que existen elementos que representan avances objetivos en las investigaciones, aunque advirtió que todavía no son suficientes para conocer el destino de los estudiantes desaparecidos.

“De manera objetiva hay ciertos avances en las investigaciones, pero ahora que digamos que de esas investigaciones nos puedan dar luces del paradero, estamos lejos aún”, afirmó.

Entre los temas abordados se encuentra el relacionado con el celular, una de las líneas de investigación que los familiares consideran relevante para continuar buscando respuestas sobre lo ocurrido.

Pese a estos avances, el abogado recalcó que la principal demanda permanece intacta: encontrar información que permita conocer el paradero de los 43 normalistas.

“Siempre mantenemos esta esperanza, porque la finalidad es conocer el paradero de los 43 estudiantes”, señaló Vicario.

Otro de los temas abordados fue la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Los padres consideraron relevante su situación debido a la responsabilidad que tenía como mandatario estatal cuando ocurrieron los hechos.

Agregó que las familias consideran que Aguirre tiene información relevante y pidieron fortalecer las pruebas para sostener la acusación en su contra.

“Los padres insistieron en ese sentido y por eso también solicitaron de manera formal [...] que se tienen que robustecer con las pruebas para sostener esa acusación en contra del exgobernador Ángel Aguirre”, explicó.

La reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum dejó para los familiares un balance con avances, pero también con una conclusión que permanece: todavía no saben qué ocurrió con los 43 estudiantes ni dónde se encuentran.

“De manera objetiva, reconocemos algunos avances de las investigaciones, pero aun así estamos lejos de saber el paradero de los 43 normalistas”, recalcó Vicario.

La búsqueda de Everardo Rodríguez Bello ha perdido a sus dos pilares fundamentales con la muerte de Francisco Rodríguez Morales. Se trata del padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 12 años.

Con la muerte de este padre de familia se abre otro frente desolador de este caso; el de los padres que se van con las manos vacías y sin saber nada del paradero de sus hijos.

Don Francisco murió sin saber qué pasó con su hijo aquella noche de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Pero la herida familiar es aún más desgarradora. En 2018, la señora Minerva Bello, madre de Everardo, también falleció tras una lucha contra el cáncer y el sufrimiento ininterrumpido de la incertidumbre.

Hoy, ambos padres de familia descansan en paz, pero su ausencia deja una interrogante dolorosa en el aire: ¿Quién buscará a Everardo?

La muerte de Don Francisco y Minerva deja un vacío devastador en la lucha social por la justicia. Esta desgarradora coincidencia trasciende la pérdida individual y se convierte en el reflejo del desgaste físico y emocional de decenas de familias que ven cómo el tiempo se agota antes de que puedan conocer la verdad.

En medio de la impunidad y dos padres que dedicaron sus últimos años a exigir la presentación con vida de su hijo, queda la solidaridad de los colectivos, hermanos y la sociedad que pueden mantener viva la exigencia de justicia y presentación con vida.

Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, falleció sin conocer el paradero de su hijo, de acuerdo con el Centro de  Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La organización lamentó el fallecimiento y expresó su solidaridad con la familia Rodríguez Bello. Recordó que la madre de Everardo, Minerva Bello, falleció en 2018 sin conocer el paradero de su hijo.

Everardo Rodríguez Bello es uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Casi doce años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa , el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue vinculado a proceso tras una investigación de la Fiscalía General de la República. La orden de aprehensión se sustenta principalmente en los testimonios de exfuncionarias del poder judicial estatal.

De acuerdo con las declaraciones, un disco compacto con videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala —que registraban el ataque a un autobús de los estudiantes y la presencia policial junto al crimen organizado— fue sustraído y entregado al entonces mandatario. Testigos aseguran que Aguirre ordenó destruir estas pruebas y ejerció amenazas e intimidación.

La indagatoria también detalla que el exgobernador tenía pleno conocimiento de la infiltración del grupo criminal Guerreros Unidos en las corporaciones de seguridad locales. Las acusaciones fueron corroboradas por más testimonios y excolaboradores que confirmaron la manipulación y ocultamiento de los videos de aquella noche.

Este miércoles, un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ángel "N", exgobernador de Guerrero, por su probable responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) logró esta resolución en los juzgados tras argumentar que el exmandatario ocultó de forma deliberada información vital relacionada con el caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia, la autoridad competente determinó que existen los elementos probatorios suficientes para mantener al exfuncionario bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. Por ello, continuará recluido dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, mientras enfrenta a la justicia mexicana.

El Ministerio Público Federal sostiene que el político guerrerense incurrió en el delito de desaparición forzada. La hipótesis principal de la FGR señala que, valiéndose de su posición como servidor público y titular del Ejecutivo estatal, decidió ocultar datos fundamentales sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos. Esta omisión obstaculizó el acceso a la verdad desde los primeros días de las indagatorias.

Debido a la naturaleza y gravedad de las acusaciones, el juez responsable ratificó la medida cautelar más estricta contemplada por la ley, que es que el imputado no tiene derecho a llevar su defensa en libertad. Asimismo, entre los detalles actuales de su situación jurídica destacan:

• Permanecerá interno en la prisión de máxima seguridad ubicada en el Estado de México (Edomex)
• La prisión preventiva oficiosa busca neutralizar cualquier posible riesgo de fuga
• Esta decisión garantiza su comparecencia obligatoria durante todas las fases procesales del juicio

Tras dictar la vinculación, el juez de control otorgó un plazo oficial de cuatro meses para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria. A lo largo de este periodo, tanto el equipo de defensa legal del acusado como los fiscales de la República tendrán la oportunidad de recabar y presentar nuevas pruebas que fortalezcan sus respectivas posturas ante el tribunal.

A unas horas de haber sido detenido y trasladado al penal del Altiplano en el Estado de México, dictan prisión preventiva a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, acusado de ocultar evidencia del caso Ayotzinapa.

El exgobernador compareció este viernes ante un juez de control, quien le dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta participación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace casi 12 años.

Ante ello, Aguirre Rivero continuará recluído en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de los delitos de desaparición forzada, además de que le imputa la destrucción de videos de la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala.

De acuerdo con reportes de diversos medios, el exgobernador compareció en silla de ruedas y sin llevar puesto el uniforme de reos.

La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el caso Ayotzinapa volvió a colocar en el centro del debate una de las heridas más profundas de México: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Ante este escenario, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, llamó a que el proceso contra el ex mandatario estatal no se convierta en un tema político o en un distractor, sino en un paso hacia la justicia para las familias que llevan más de una década buscando respuestas.

La legisladora señaló que, aunque han pasado varios años desde la desaparición ocurrida el 26 de septiembre de 2014, el caso continúa representando una deuda pendiente para las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los responsables.

Kenia López afirmó que la prioridad debe ser conocer la verdad sobre lo ocurrido y garantizar que quienes hayan tenido responsabilidad enfrenten las consecuencias jurídicas correspondientes.

“Es una herida que continúa abierta y ojalá no sea un tema político o un distractor, sino más bien justicia para las familias”, expresó la presidenta de la Cámara de Diputados.

Insistió en que el dolor de los familiares de los normalistas desaparecidos permanece vigente y que la búsqueda de justicia debe estar por encima de cualquier partido político o administración gubernamental.

La Fiscalía General de la República informó que, tras un nuevo análisis de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas, se obtuvieron elementos que apuntan a la posible participación de Ángel Aguirre en el ocultamiento de evidencias.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las nuevas líneas de investigación permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra el exgobernador por delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

La FGR señaló que las indagatorias apuntan a que durante su administración pudieron haberse realizado acciones para impedir conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.

El exgobernador de Guerrero fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado de México y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano.

La captura ocurre dentro de una nueva etapa de las investigaciones del caso Ayotzinapa, en el que también han sido señalados otros ex funcionarios.

Entre ellos se encuentra el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso penal por delitos relacionados con desaparición forzada, tortura y actos vinculados con la investigación de los 43 estudiantes.

Este 2026 se cumplirán 12 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin embargo, no han sido localizados y aunque ha habido información al respecto, de ellos nada se sabe, en tanto, este jueves se dio a conocer la detención de Ángel Aguirre , ex gobernador de ese estado, sin embargo, no es el único ex servidor público que fue investigado por estos hechos.

La desaparición de los 43 estudiantes ocurrió el 26 de septiembre de 2026, hechos que conmocionaron a México y que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, las dudas sobre el paradero de los estudiantes sigue en el aire a pesar de que por estos hechos existen personas detenidas, pero algunas otras siguen en la mira o fueron señaladas; entre ellas, ex servidores públicos.

Los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos cuando se dirigían a la Ciudad de México (CDMX) para participar en una marcha conmemorativa del 2 de octubre por a matanza estudiantil de Tlatelolco.

Un grupo de normalistas llegó al municipio de Iguala para tomar unos autobuses para usarlos en las movilizaciones en la capital del país. No obstante, en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fueron agredidos por policías municipales de Iguala y también por presuntos miembros cártel  Guerreros Unidos . La información indica que los estudiantes fueron subidos a diferentes vehículos y trasladados a diferentes lugares.

Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero, fue detenido este jueves en la autopista México-Querétaro, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la altura del municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

El ex funcionario fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano por su presunta participación en los hechos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la cual indicó que el ex gobernador es acusado por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Según la FGR, el 26 de septiembre de 2014, cámaras de seguridad del Palacio de Justicia del estado en Iguala, grabaron a policías municipales y estatales deteniendo el autobús “Estrella de Oro” número 1531, donde iban los normalistas.

Al principio se indicó que los videos no existían por supuestas fallas técnicas del sistema; sin embargo, la FGR aseguró hoy que esa versión era falsa y las grabaciones fueron sustraídas y entregadas al ex gobernador.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló que el ex gobernador ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

• Un exmilitar de México fue detenido en Estados Unidos al estar presuntamente relacionado con los hechos. Se trata de Enrique "N", quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 4 de junio de 2026. Fue acusado por el delito de desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano. La FGR informó que Enrique “N” fue detenido al no haber podido acreditar su legal estancia para permanecer en Estados Unidos y fue llevado al Centro de Procesamiento localizado en Rancho Road, Adelanto, California.
  

• Jesús Murillo Karam

Era el procurador general de la República (ahora FGR) cuando ocurrieron los hechos. Fue señalado por la construcción de la "Verdad Histórica", la cual decía que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el cártel de Guerreros Unidos.

Enfrenta un proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas y en julio de este año, un juez le otorgó la prisión domiciliaria.

• Tomás Zerón de Lucio

El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, actualmente se encuentra en Israel tras ser acusado por tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Además fue señalado por alteración de pruebas en el caso Ayotzinapa, luego de que en 2014 en el Río San Juan, en Cocula, fueron halladas bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora las cuales habrían sido colocadas un día antes del trabajo de búsqueda. Es acusado de alterar pruebas, desviar las investigaciones y torturar a detenidos.

• Francisco Narváez Pérez

El ex militar Francisco Narváez Pérez fue detenido en julio de 2023 luego de que, según las investigaciones, estaba presuntamente implicado en el caso y fue acusado de desaparición forzada de personas.

• José Rodríguez Pérez

El general retirado fuer acusado de delincuencia organizada en el  caso Ayotzinapa , pero tras ser detenido abandonó la prisión del Campo Militar 1-A, para seguir con su proceso en libertad.

Según los datos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, el excomandante presuntamente ordenó el asesinato de seis de los 43 normalistas.

• Gualberto Ramírez Gutiérrez

El entonces zar antisecuestro de la PGR fue acusado por su presunta participación en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, a quien señalaban como uno de los sicarios de Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. Se le señaló por tortura y desaparición forzada dentro del caso.

• Lambertina Galeana

La ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero fue señalada en agosto del 2022 de ordenar la destrucción de grabaciones captadas por seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición de los normalistas.

A unas horas de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero por el caso Ayotzinapa, padres y abogados de los 43 normalistas desaparecidos dieron a conocer su postura y dijeron que eso podría saldar la deuda de justicia pendiente desde hace ya casi 12 años.

A través de un breve comunicado, aclararon que la detención está sustentada y apegada a derecho, podría contribuir a saldar una deuda de justicia con las familias de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras aclarar que hasta la tarde de este jueves 6 de agosto, ni las familias de los normalistas ni sus representantes legales habían sido notificados oficialmente por la FGR sobre la detención del exgobernador, por lo que desconocen el "alcance de la imputación".

Firmado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), el documento indica que "de ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos".

A pesar de haber sido un anuncio oficial de la FGR, las autoridades se habían comprometido con las familias de los normalistas a que les darían a conocer toda la información del caso primero a ellos y posteriormente a la opinión pública, lo que parece, no ocurrió en este caso.

Los representantes legales precisaron que solo conocen la información difundida públicamente por la fiscal general, Ernestina Godoy, y la reproducida por diversos medios de comunicación, pero a ellos no les han notificado nada hasta esta tarde.

La titular de la FGR dio a conocer este jueves, la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero y aclaró que ordenó analizar de nueva cuenta las "actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación".

Lo anterior porque se encontraron indicios de la posible participación de Ángel Aguirre en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas, ocurrida hace ya casi 12 años.

El Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra del mandatario por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Y es que desde 2014, los padres y madres de los normalistas han señalado que Aguirre Rivero debía aclarar su actuación aquella noche de terror, hecho que derivó en la separación de su cargo en ese mismo año.

El penal del Altiplano, considerado uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad en México, será el lugar donde estará Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, tras su detención por el caso de Ayotzinapa. Ubicado en el Estado de México, este centro cuenta con estrictas medidas de seguridad para los internos.

El exmandatario estatal fue detenido este jueves 6 de agosto de 2026 por elementos de la Secretaría y Protección Ciudadana (SSPC), cerca de la caseta de la autopista México-Querétaro en el Estado de México.

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, tras ser detenido por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

El Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, se encuentra en el Estado de México. Tras su detención, Ángel Aguirre fue trasladado a este penal donde permanecerá mientras continúa el proceso relacionado con las acusaciones del caso de Ayotzinapa.

De acuerdo con especialistas en temas de seguridad, el penal del Altiplano cuenta con medidas de seguridad como muros muy altos y gruesos, cámaras de videovigilancia en casi todas las áreas y sistemas para bloquear señales que impidan el uso de los teléfonos celulares.

En este centro penitenciario los internos permanecen aislados la mayor parte del día y tienen comunicación limitada con otros reos, custodios, abogados y familiares.

De acuerdo con CCN, un funcionario del sistema penitenciario, explicó que estos centros fueron construidos bajo un modelo basado en la segregación de los internos, con estructuras de concreto y acero diseñadas para reforzar la seguridad.

Los internos del penal cuentan con poco tiempo para actividades al aire libre en pequeños patios, así como para tomar el sol o hacer ejercicio.

Especialistas señalan que el aislamiento y las condiciones de reclusión puede tener efectos en la salud mental y emocional de los internos del Antiplano.

Por el penal del Altiplano han pasado algunos de los personajes relacionados con delitos de alto impacto en México, entre ellos integrantes del crimen organizado y personas acusadas de casos relevantes.

Entre los internos que han estado en este centro se encuentran Joaquín "El Chapo" Guzmán, Édgar Valdez Villareal "La Barbie", Servando Gómez Martínez "La Tuta", Rafael Caro Quintero y Mario Aburto Martínez.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, dio un giro nuevo tras la detención de Ángel Aguirre , ex gobernador del estado y quien presuntamente tuvo una participación en los hechos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex mandatario fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en cerca de la caseta de la autopista México-Querétaro, con dirección norte a la altura de la colonia Cedros, perteneciente al municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó la detención del ex gobernador de Guerrero, e indicó que ordenó analizar nuevamente "las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación", lo que arrojó la posible participación de Ángel Aguirre en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas.

La FGR reveló una cronología de acontecimientos clave que podrían dar más claridad sobre qué pasó en la llamada Noche de Iguala, en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" desaparecieron.

• Autobús fue grabado cuando fue interceptado por policías

El autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado en la noche por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.

• Fallas en el sistema de grabación

Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.

• Videos fueron entregados al ex gobernador de Guerrero

En enero de 2026, una persona colaboradora confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel “N”, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo.

• Ángel Aguirre ordenó desaparecer evidencias

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Y

• Más servidores públicos participaron en los hechos

La FGR informó que cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

De acuerdo con Ernestina Godoy, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del ex gobernador, por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

"Estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal", expresó la fiscal.