La diputada de Morena, Itzul Barrera, desató polémica en enero de 2025 al bromear en redes sociales sobre la posibilidad de imponer un arancel de 70 por ciento al aguacate. La publicación apareció días antes del Super Bowl, cuando el guacamole suele tener una presencia importante en el consumo de Estados Unidos; semanas después, aquella declaración volvió a cobrar relevancia a raíz de una caricatura del periodista Paco Navarrete, que dio pie a una denuncia ante las autoridades electorales.

El caso llegó a los tribunales electorales y concluyó con una resolución que obliga al caricaturista a ofrecer disculpas públicas a la legisladora durante 15 días; la autoridad consideró que el cartón incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género, mientras que Navarrete ha defendido su publicación como un ejercicio de sátira política.

El 31 de enero de 2025, Barrera publicó un comentario en el que planteó, en tono de burla, que se produjera aguacate estadounidense, en referencia a la discusión sobre los aranceles. La declaración provocó reacciones de usuarios, quienes cuestionaron su postura frente a un producto mexicano con presencia en el mercado de Estados Unidos.

Días después, el caricaturista Paco Navarrete retomó el episodio para realizar un cartón satírico. La publicación incluía una fotografía de la diputada que, según ella misma explicó, había compartido años antes en sus redes sociales, cuando todavía no ocupaba una curul.

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La legisladora cuestionó que la caricatura utilizara una imagen en la que se mostraban sus piernas y consideró que el contenido iba más allá de la crítica a sus declaraciones políticas. Por ello, acudió a las instancias electorales para solicitar que se retirara la publicación y que Navarrete ofreciera disculpas durante 15 días.

Al hablar del caso, Barrera defendió la libertad de expresión y el trabajo periodístico, pero sostuvo que las críticas a su desempeño público deben distinguirse del uso del cuerpo de una mujer como recurso para desacreditarla; también señaló que corresponde a las autoridades determinar si una publicación constituye una infracción.

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió que el cartón constituía violencia política contra las mujeres en razón de género e impuso al caricaturista una amonestación pública, además de medidas de reparación que incluyen las disculpas y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó posteriormente la resolución. Navarrete, por su parte, sostiene que su trabajo forma parte de la sátira política y está protegido por la libertad de expresión.

La Cámara de Diputados se convierte en el epicentro de un tenso debate legislativo. En el Pleno de San Lázaro se discuten las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor , bautizadas en la conversación pública como la "Ley Antimemes". La iniciativa plantea imponer un férreo control a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) y otorgar facultades sancionadoras al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), encendiendo las alarmas de colectivos digitales, activistas y usuarios por el riesgo inminente de censura previa y restricción a la libertad de expresión en entornos virtuales.

A pesar de haber hecho pública su renuncia a competir por la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc en 2027 para cerrar filas en favor de Citlalli Hernández, el diputado federal y vocero guinda, Arturo Ávila Anaya, continúa desplegando un activo recorrido territorial por la demarcación . Desde la colonia Santa María la Ribera, el legislador insistió en marcar presencia bajo la premisa "nunca nos fuimos", aprovechando los actos con vecinos para lanzar embestidas contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, a quien recriminó por su contenido en redes sociales.

Aunque siga recorriendo las calles de la alcaldía, Ávila se encuentra en el ojo del huracán tras haber celebrado públicamente el acoso y la agresión física sufrida por la periodista Lourdes Mendoza en Los Pinos, donde una turba organizada la increpó violentamente. El legislador oficialista festejó los insultos bajo la consigna "¡Amor con amor se paga!", lo que detonó la indignación del gremio periodístico y una dura condena por parte de legisladoras de oposición como Lilly Téllez, quienes acusaron al vocero de validar la cobardía y alentar la violencia política contra las mujeres y los comunicadores.

A la polémica por promover agresiones directas contra la prensa se suma la peligrosa iniciativa parlamentaria que Arturo Ávila impulsó en el Congreso de la Unión junto al diputado Sergio Gutiérrez Luna . La propuesta buscaba crear una comisión especial encargada de vigilar la "injerencia digital" y monitorear tendencias en redes sociales bajo el pretexto de defender al gobierno de presuntas campañas de desprestigio internacionales, lo que encendió las alarmas de especialistas en derechos digitales e instituciones electorales.

Mientras Ávila acusa a la oposición de usar las redes para golpear al régimen, promueve normativas de ciberpatrullaje mientras valida el hostigamiento sistemático contra periodistas críticas, dejando en claro que es intolerante al escrutinio público tanto en las calles de la Cuauhtémoc como en el terreno legislativo.

El Pleno del Senado de la República arrancó formalmente la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La propuesta, rebautizada por la opinión pública y organizaciones civiles como la "ley anti memes o parodias", ha encendido un intenso debate nacional debido a las sanciones y restricciones que impondría sobre el uso de imagen y contenidos satíricos en redes sociales.

En este momento, las comisiones dictaminadoras presentan el proyecto ante la asamblea antes de abrir el registro de oradores a favor y en contra. Sigue en este liveblog la cobertura en tiempo real con las intervenciones de los grupos parlamentarios, los momentos de mayor tensión en la tribuna y el conteo de votos de este debate legislativo.

Al menos ocho periodistas y columnistas en Acayucan, Veracruz , han denunciado haber recibido amenazas, hostigamiento y campañas de ataques por medio de redes sociales. ¿La razón? Hacer uso de su trabajo por ser críticos con el gobierno del alcalde morenista Raúl David Salomón García.

José Luis Ortega Vidal, columnista, resume que hacer periodismo en dicho municipio es arriesgar la vida. “ Hacer periodismo es riesgoso, México es muy peligroso, en Veracruz es muy peligroso, estamos afectados los ocho que criticamos”.

La situación ha llevado a dos periodistas a presentar denuncias formales ante la Fiscalía por amenazas de muerte. Entre ellos está Enrique Quiroz, con más de 20 años de trayectoria, quien asegura nunca haber enfrentado algo similar.

Enrique Quiroz expresa su alarma al vincular las amenazas con el destino de otros comunicadores veracruzanos, como Roxana Guzmán , secuestrada por sujetos encapuchados y posteriormente encontrada sin vida.

Los comunicadores afectados reconocen que las intimidaciones han generado temor y limitan su ejercicio periodístico. Federico Alvarado, con 32 años en el gremio, relató que ya tenía material para hacer investigaciones, pero comenzó a recibir amenazas y decidió dejar de lado su labor.

La Asociación de Periodistas Libertad de Expresión (APLE) condenó las agresiones y advirtió que algunos gobiernos ven como adversarios a los reporteros que exhiben mentiras, opacidad, omisiones o presuntos actos de corrupción.

“Los periodistas no somos enemigos de los políticos, ni de nadie, somos una conexión hacia la sociedad. Tenemos que informarles, por supuesto, tenemos que informar el trabajo que están haciendo”, afirmó Maritza Pulido Tejeda, delegada de APLE en Acayucan.

Por su parte, el alcalde Raúl David Salomón García se lavó las manos y atribuyó los ataques a sus simpatizantes: “Hay que recordar que son más de 17 mil personas las que nos dieron la confianza de gobernar un municipio. Y obviamente cuando esas personas ven atacadas sus ideas o se les comenta o se les mete en un determinado costal o una etiqueta, por así decirlo, pues la gente reacciona”.

Se han escrito obituarios sobre las agencias de noticias muchas veces en las últimas dos décadas. Primero nos dijeron que éramos más lentos que Twitter y que nuestra red global de periodistas asalariados era redundante porque ahora cualquier ciudadano es periodista.

¿Quién necesita pagar por contenidos producidos éticamente y verificados cuando la información desde la fuente fluye directamente a nuestros teléfonos en tiempo real?

Todos recordamos la euforia de la revolución de Twitter en Irán en 2009 y la continuación de la primavera árabe en Facebook en 2010. Era embriagador ver el libre flujo de información en las redes sociales procedente de ciudadanos en primera línea.

Pero también todos recordamos la brutal resaca. ¿Qué sucede cuando los autócratas cortan internet o meten a ciudadanos en la cárcel? ¿Quién sigue documentando la historia en Irán o Egipto o Siria para el resto del mundo?

Resultó que los algoritmos de las redes sociales no estaban impulsados por la necesidad de buscar la verdad.

Silicon Valley descubrió que ganaría más dinero promoviendo la ira y la indignación.

También resultó que actores malintencionados podían manipular esos algoritmos para difundir mentiras. No sorprende que ciudadanos sin formación no estuvieran preparados para ayudar a la sociedad a navegar la contaminación de nuestro ecosistema informativo.

Avancemos otra década y nos encontramos de nuevo aquí, ante otro supuesto verdugo de las agencias de noticias: el futuro utópico de la Inteligencia Artificial.

ChatGPT, Claude, Gemini o Grok pueden escanear en segundos la producción periodística mundial y escupir cinco jugosos párrafos para contarte cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo.

Este es el llamado AI Overview: está provocando un desplome en el tráfico de los sitios de periodismo confiable en todo el mundo y rara vez paga por el periodismo profesional, costoso de producir, que absorbe.

Y de nuevo nos preguntan: ¿por qué pagar por vuestro periodismo profesional cuando la información se entrega gratis en tiempo real? ¿Por qué malgastar dinero para emplear a periodistas para recopilar información que pueden agregar nuestros nuevos amigos chatbots?

Parte de la respuesta está en la pequeña advertencia del chatbot que dice que la información de tu AI Overview puede ser incorrecta. ¿Quieres tus noticias con o sin alucinaciones? Llegar a los hechos cuesta dinero, tiempo, experiencia y esfuerzo.

Cuando un enorme colapso glaciar a finales de agosto desencadenó devastadoras inundaciones de forma repentina en la frontera entre Nepal y el Tíbet que dejaron más de 1.300 muertos, la AFP desplegó un equipo de 11 periodistas en el terreno en zonas remotas de Nepal e India.

En el lapso de una hora tras la confirmación policial de las primeras grandes inundaciones, tres de nuestros periodistas con base en Katmandú ya estaban en camino. Prakash Mathema, Anup Ojha y Prabin Ranabhat son nepalíes. Conocen la lengua, el terreno y la gente. Llevaban cámaras y equipos de drones caros.

Uno de nuestros fotógrafos hizo un viaje de 13 horas en motocicleta y camión para llegar a la principal zona del desastre. Luego pudo recurrir a sus contactos para tomar un helicóptero que hacía labores de ayuda, y adentrarse aún más en la zona afectada. Sus impresionantes imágenes con dron de pueblos destruidos se utilizaron en todo el mundo.

En una catástrofe en zonas remotas del planeta, a menudo no hay internet. Se requiere que los periodistas estén en el terreno, a veces bajo considerable peligro personal, para dar testimonio de los hechos.

También se necesitan periodistas que conozcan el país y puedan recurrir a una red de fuentes fiables. Mientras parte de nuestro equipo en Nepal se dirigía a las montañas, el resto permaneció en Katmandú para separar los hechos de los rumores según aparecían historias de muertos y desaparecidos.

Muchas de las primeras palabras e imágenes fiables publicadas por medios en todo el mundo procedían de agencias como AFP y de nuestros colegas de Reuters y AP.

Nuestros clientes utilizan el contenido sin dudarlo porque saben que se ha recopilado de forma ética, respetando consignas transparentes y principios que guían el trabajo de todos nuestros periodistas.

Saben que contratamos periodistas profesionales para recabar información y que invertimos recursos en formación y experiencia para garantizar que las personas a las que enviamos a zonas de riesgo estén bien preparadas.

Los clientes pagan por el producto porque entienden que la obtención de noticias de calidad no es barata. También entienden que trabajamos bajo las mismas consignas éticas en cada lugar del planeta. No importa si el contenido procede de Nepal, Nueva York o Gaza: lleva el mismo sello de calidad.

En cambio, inventar cosas no cuesta nada. Junto a imágenes periodísticas reales de la zona del desastre en Nepal hubo cantidades ingentes de imágenes deepfake que mostraban pueblos destruidos y cuerpos alineados para su entierro, generados artificialmente.

Las herramientas que nos dieron los AI Overviews también dieron a cada ser humano del planeta la capacidad de crear imágenes falsas confusas y dañinas que saturan nuestros canales de noticias y a menudo se vuelven virales en las rede sociales.

En la AFP empleamos a más de 100 periodistas que se dedican exclusivamente a desmontar y verificar esta creciente marea de falsedades. Combatir las mentiras y la manipulación se ha convertido en un complemento periodístico esencial de la búsqueda de la verdad.

Defender la verdad y los hechos cuesta dinero y requiere valores. Las redes globales de las agencias internacionales siguen siendo una parte esencial del tejido del sistema mundial de información. Deben ser apreciadas y defendidas.

En todo el mundo y en cualquier período de la historia, hacer periodismo tiene mucho de misión, una especie de sacerdocio movido por la convicción de que la información libre y confiable tiene el poder de transformar positivamente a la sociedad, o al menos desacelerar los procesos de degradación civilizatoria. En América Latina, desde siempre ha sido necesaria mucha perseverancia, e incluso pizcas de heroísmo, para enfrentar amenazas e intimidaciones. Ahora, es preciso agregar a este caldo de desafíos dosis masivas de terquedad para asegurar el mantenimiento de la propia prensa como institución fundamental para las sociedades democráticas.

Los balances de las entidades de defensa de la libertad de prensa son siempre aterradores cuando llegan al capítulo de América Latina. Hay dictaduras que figuran en los peores índices en cualquier ranking de persecución al periodismo libre, como Cuba y Nicaragua. Hay asesinatos recurrentes de periodistas, como en México, donde este año habían sido asesinados hasta el 15 de agosto siete profesionales de la prensa. Y hay además intimidaciones constantes de gobiernos de extrema derecha y de izquierda. Tales regímenes, que se multiplicaron en la región a raíz de la polarización, muchas veces eligen a la prensa como enemiga, como una forma de intentar eliminar al intermediario de las malas noticias y de la fiscalización sobre sus gobiernos.

El mundo, de hecho, nunca fue fácil para los periodistas en América Latina. Pero ahora solo la terquedad, traducida como resiliencia en este sacerdocio, se muestra capaz de resistir a la ola devastadora de los cambios de algoritmos y a la apropiación no autorizada de contenidos periodísticos tan arduamente producidos, los cuales son usados para alimentar los modelos de Inteligencia Artificial casi sin ningún reconocimiento. Todos defienden la libertad de prensa, pero ella necesita, además de libertad, una prensa robusta y económicamente saludable.

El aniquilamiento gradual del ecosistema periodístico interesa a regímenes autoritarios, a gobiernos y políticos corruptos y a todos aquellos que ven en la prensa profesional no a un aliado contra la barbarie, sino a un enemigo que debe ser destrozado. Pero no debería interesar a las big techs y a los modelos de IA. La información verificada, equilibrada y plural es un bien cada vez más escaso en este mundo aturdido por las manipulaciones y los deep fakes. Debería, por lo tanto, ser tratada como un bien precioso por las billonarias plataformas de IA, que pagan fortunas por talentos, softwares, chips, energía y centros de datos, pero se niegan a remunerar debidamente a los proveedores de su insumo más relevante, precisamente la información confiable que aún producen las redacciones.

Sin periodismo profesional, buena parte de los datos que alimentan a las plataformas de IA será un inmenso lodazal en el que imperarán las alucinaciones y las aberraciones desinformativas. Quien quiera tener una idea de cómo sería ese nuevo universo debe recordar lo ocurrido en Ceuta en julio pasado. Más de 70 mil marroquíes, en su mayoría jóvenes, se lanzaron al mar porque creyeron ciegamente en una desinformación propagada a alta velocidad por las redes sociales y grupos de mensajería, de que bastaría llegar por mar a Ceuta para tener a Europa a sus pies. Ahora, según la última investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford, el 52% de los jóvenes entre 18 y 24 años se informa prioritariamente por redes sociales. ¿El resultado de la tendencia? Una masa engañada y más de 80 cuerpos recuperados del mar.

Esta visión del infierno informativo es un aperitivo de lo que puede suceder si continúa la erosión del ecosistema periodístico. Sin reportajes de investigación, los corruptos, los devastadores del medio ambiente, los exterminadores de derechos humanos, los déspotas y una vasta legión de malhechores, muchas veces fuera del alcance de las leyes, tendrán manos libres para actuar. Sin pluralidad, la sociedad perderá la noción de los pesos y contrapesos, esenciales en los procesos de elección en las democracias, y se volverá cada vez más rehén de los extremismos y de la polarización. Sin periodismo confiable, retrocederán siglos en términos de civilización.

Una extraordinaria película brasileña, Ainda Estou Aqui (Aún estoy aquí), tuvo tres nominaciones al Óscar en 2025 y conquistó el de Mejor Película Internacional. Narra la resistencia moral, ética y emocional de una familia ante la desfachatez de la dictadura militar tras la desaparición del padre, un diputado federal de tendencia moderada pero aun así considerado un enemigo a eliminar. El periodismo en América Latina vive una situación parecida. Sufre violencia, persecuciones e injusticias, y ahora la amenaza existencial de destrucción por la inteligencia artificial. Pero aún estamos aquí. Y nunca está de más recordar lo que pregona una tradición oral brasileña inspirada en la resistencia de los indígenas: mientras haya bambú, habrá flechas.

La propuesta para sancionar memes y parodias encendió las alertas entre caricaturistas y creadores de contenido que ven en la iniciativa un posible riesgo para la libertad de expresión.

Saúl Herrera, conocido como “Qucho”, es caricaturista jalisciense y suma 29 años de trayectoria. Desde su trabajo ha utilizado el humor y los cartones para expresar críticas, por lo que considera que sancionar este tipo de contenidos representaría un duro golpe a la libertad de expresión.

“Qucho” aseguró que ha conocido distintos tipos de censura, pero consideró que esta propuesta rebasa un límite y podría abrir la puerta a perseguir a críticos.

La preocupación también se extiende a otros estados. Desde Puebla, Baja California, Morelos y Tabasco, caricaturistas y especialistas consultados expresaron su rechazo a la iniciativa.

Osvaldo “Monos”, caricaturista jalisciense, cuestionó que quienes durante años han utilizado el humor y la crítica ahora sean señalados por hacerlo bajo el actual gobierno.

En Morelos, Juan Bobadilla defendió el trabajo de los caricaturistas como una forma de informar: “déjenos ser, déjenos trabajar, déjenos dibujar”.

Desde Tabasco, Pedro Peter Vidal Ovando, delegado de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, sostuvo que la crítica suele estar envuelta en humor y cuestionó que esta incomode a quienes están en el poder.

La relación de Andrés Manuel López Obrador con la prensa terminó marcada por la confrontación, pero una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley plantea que el problema pudo ir mucho más allá de los choques públicos entre el expresidente y sus críticos.

El expediente, construido durante varios años y centrado en el periodo de diciembre de 2018 a septiembre de 2024, documenta asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, además de señalamientos desde Palacio Nacional, campañas de acoso digital, vigilancia y una elevada impunidad.

La investigación sostiene que, vistos en conjunto, estos elementos podrían constituir un patrón de persecución que merece un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional.

De acuerdo con la metodología utilizada por los investigadores, durante el sexenio de López Obrador fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos: 337 víctimas en total.

El estudio advierte que la cifra por sí sola no es el argumento central. Lo que busca demostrar es la existencia de distintos mecanismos que habrían afectado a quienes realizaban una función de vigilancia sobre el poder público.

Desde las mañaneras, López Obrador señaló en repetidas ocasiones a periodistas. El análisis del expediente identificó 2 mil 827 segmentos en mil 437 conferencias en los que el entonces presidente habría desacreditado o difamado a periodistas con expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.

Además, ARTICLE 19 registró al menos 176 declaraciones estigmatizadoras del Ejecutivo durante 2022, señalado en la investigación como el año más mortífero para la prensa mexicana.

El expediente también documenta acusaciones sobre campañas de acoso digital, amenazas, publicación de información privada y el uso de herramientas de vigilancia como Pegasus.

Según la investigación, un centro de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó Pegasus y otras tecnologías contra periodistas, defensores e incluso investigadores que supervisaban al gobierno, presuntamente sin autorización judicial.

Uno de los casos incluidos es el del periodista Fredid Román, quien había publicado una columna crítica sobre López Obrador y la investigación de Ayotzinapa. El expediente señala que su teléfono fue geolocalizado mediante un exploit y que al día siguiente fue asesinado a tiros frente a su casa.

También menciona el ataque contra Ciro Gómez Leyva, cuyo vehículo fue baleado después de que el periodista fuera señalado en una mañanera. El blindaje del automóvil permitió que sobreviviera.

La investigación no afirma que López Obrador haya ordenado cada uno de esos ataques. Su planteamiento es que asesinatos, vigilancia, acoso, señalamientos e impunidad deben analizarse conjuntamente para determinar si existió un ataque sistemático contra periodistas y defensores.

Tras la marea de críticas que desató su ambigua postura en comisiones, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tuvo que salir al paso de la controversia y fijar un posicionamiento definitivo: el bloque naranja adelantó que votará en bloque y de forma categórica en contra de la "Ley Antimemes" cuando la propuesta sea discutida la próxima semana en el pleno del Senado de la República.

El anuncio busca contener el impacto político luego de que sus legisladores se abstuvieran en el primer dictamen , una jugada que la opinión pública calificó como un aval velado que permitió a Morena y sus aliados, 25 votos a favor, hacer avanzar la cuestionada iniciativa frente a la oposición del PAN y el PRI, 11 votos en contra.

La postura oficial del partido se vio obligada a endurecerse ante el señalamiento directo de que abstenerse en discusiones que amenazan derechos fundamentales equivale a tomar postura en favor del régimen.

Ante la ola de cuestionamientos, la senadora Alejandra Barrales argumentó que las dos abstenciones del partido en comisiones no constituían un cheque en blanco para el oficialismo, sino un "último aviso" para que la mayoría legislativa rectificara la redacción. Sin embargo, para apagar las acusaciones de colaboracionismo, el propio Álvarez Máynez fue contundente en redes sociales: “Los diputados y los senadores de Movimiento Ciudadano van a votar en contra de la 'Ley AntiMemes' en el pleno. El trabajo en comisiones y la presentación de reservas no va a modificar esa postura”.

El giro de Movimiento Ciudadano ocurre en medio de una intensa presión social que exige un freno total a un proyecto legislativo catalogado como un grave retroceso democrático. La reforma pretende sancionar el uso no autorizado de la identidad gráfica, marcas o logotipos del gobierno federal, estableciendo penas de 1 a 5 años de prisión y multas que van de las mil a las 10 mil UMAS.

El trasfondo punitivo de la norma encendió las alarmas de expertos en derechos digitales , pues no se limita a regular marcas comerciales, sino que abre la puerta para encarcelar y arruinar financieramente a cualquier ciudadano, comunicador o creador de contenido que utilice la imagen institucional para elaborar sátira o parodia política en redes sociales.