La reforma judicial empieza a encontrarse con uno de esos problemas que suelen aparecer cuando llega la hora de poner los cambios en práctica; Javier Corral , presidente de la Comisión de Justicia del Senado, reconoció que la elección judicial de 2025 dejó fuera a casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya habían sido capacitados para aplicar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Corral habló de los obstáculos que enfrenta la aplicación del nuevo Código.

Ahí señaló que la elección judicial de 2025 provocó la salida de casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados.

“La elección judicial del 2025 nos ha hecho perder a casi el 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso”, afirmó.

El problema ahora es bastante concreto: los jueces que lleguen a ocupar esos espacios tendrán que incorporarse al nuevo modelo y, de acuerdo con lo planteado por el senador, será necesario considerar nuevamente la capacitación.

Es decir, mientras se buscaba avanzar con una transformación del sistema de justicia, una parte de quienes ya estaban preparados para aplicarla quedó fuera.

Corral explicó que esta situación será tomada en cuenta en los trabajos que realizará el Senado para avanzar con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Uno de ellos es precisamente la renovación de los juzgadores derivada de la elección judicial.

El senador ya había planteado que los tiempos para implementar el Código podrían necesitar ajustes. y ahora puso sobre la mesa una razón concreta: buena parte de los jueces que ya habían sido capacitados ya no están.

El presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que el convenio con el INACIPE debe servir para incorporar el conocimiento de especialistas a los procesos legislativos.

Sobre todo, dijo, en las reformas relacionadas con justicia penal y con la implementación del nuevo ordenamiento civil y familiar, pero Corral fue más allá.

Advirtió que la colaboración con los especialistas no debería quedarse únicamente en una fotografía o un acto protocolario.

“El Senado de la República escucha, pero no le hace caso a nadie”, dijo el morenista.

A un año de haber entrado en funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la rendición de su primer informe de actividades dejó un saldo crítico. Ministros en retiro y analistas advierten sobre un evidente deterioro institucional, destacando un rezago del 60% en la resolución de asuntos pendientes y constantes descuidos técnicos durante las sesiones del Pleno.

El primer año de gestión también ha quedado marcado por un profundo divisionismo interno, encabezado por las confrontaciones directas de la ministra Lenia Batres Guadarrama contra sus pares, en medio de sus aspiraciones por presidir el alto tribunal. A las disputas se suman escándalos por gastos excesivos, como la compra de camionetas de lujo, una costosa ceremonia de toma de protesta y la exigencia de un mayor presupuesto para 2027 .

A un año de la llegada de las y los nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emanados de una cuestionada elección popular marcada por el uso de acordeones y su cercanía con Morena , el balance del máximo tribunal dista del discurso de austeridad con el que asumieron el cargo. La promesa de no dejarse guiar por el dinero se vio empañada desde el inicio con una ceremonia de protesta que costó más de 1.2 millones de pesos, el gasto de casi 300 mil pesos en 12 togas y la polémica asignación de camionetas de lujo nuevas y blindadas, beneficio al que solo renunciaron tras ser exhibidos públicamente.

Más allá de los gastos superfluos y episodios como el uso de las instalaciones para la grabación de promocionales de botanas, el Pleno se ha transformado en un escenario de confrontaciones intestinas y fallos bajo la lupa. Las disputas encabezadas por Lenia Batres, quien no oculta sus aspiraciones para presidir la Corte entre constantes pifias técnicas en sus intervenciones, han dejado al descubierto tensiones por el manejo presupuestal y decisiones cuestionables orientadas a favorecer los intereses del partido en el poder, evidenciando el deterioro institucional en el primer aniversario de la reforma judicial .

El anuncio de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso sobre su salida de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desató una inmediata sacudida política e institucional. Soto Fregoso formalizó que su dimisión se hará efectiva a partir del próximo 31 de agosto, marcando el cierre anticipado de su encargo iniciado en 2016.

La noticia encendió las alarmas en el Congreso de la Unión, donde legisladores de oposición de inmediato cuestionaron la validez del procedimiento , advirtiendo que la renuncia deja al máximo órgano electoral operando solo con 5 de sus 7 integrantes y reabre el debate sobre la legalidad de las salidas voluntarias en los órganos autónomos.

Frente a la notificación de la magistrada, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, reaccionó exigiendo que la funcionaria comparezca y transparente las razones reales de su separación antes de que se cumpla la fecha límite. La controversia gira en torno a lo que establece la Carta Magna: el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta de forma explícita que las renuncias de los magistrados electorales únicamente procederán por "causas graves".

"Las renuncias de las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral, solamente procederán por causas graves; serán aprobadas por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente", se puede leer en la Carta Magna .

Asimismo, el texto constitucional señala que la dimisión debe ser remitida al Senado de la República, o en su defecto a la Comisión Permanente, para ser evaluada y aprobada por mayoría calificada, por lo que la oposición sostiene que alegar motivos personales o el "cierre de un ciclo" no cumple con el estándar estricto que exige la norma fundamental.

La salida de Mónica Soto ocurre tras una etapa al frente de la presidencia del TEPJF caracterizada por resoluciones de alto impacto que generaron mucha polémica. Durante su gestión, la magistrada emitió su voto para avalar la continuidad del proceso de elección judicial a pesar de las constantes denuncias sobre el uso de "acordeones" para direccionar el voto.

De igual forma, respaldó la interpretación sobre los límites a la sobrerrepresentación que otorgó la mayoría calificada a la coalición oficialista en la Cámara de Diputados y votó a favor de sancionar a la ciudadana Karla Estrella tras cuestionar en redes sociales un presunto caso de nepotismo.

A este historial de fallos controvertidos se suma ahora la incertidumbre sobre cómo se cubrirá su vacante, pues el nuevo esquema de suplencias de la reforma judicial no contempla con claridad el reemplazo de magistraturas electas bajo el anterior sistema senatorial.

El juez de la Ciudad de México (CDMX), Carlos "N", quien llegó al cargo tras la elección judicial que impulsó Morena, fue suspendido del cargo luego de ser detenido el domingo 14 de junio de 2026.

El llamado "Juez del Bienestar" fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a las 05:55 horas de este fin de semana en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

El juez de 49 años de edad fue arrestado en una casa ubicada en las calles Benito Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa.

Información policial consultada por Azteca Noticias indica que cuando oficiales llegaron al lugar, una mujer de 57 años señaló a Carlos "N", su hermano, como la persona que momentos había agredido verbalmente a su familia y a ella.

El hombre fue detenido y presentado ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán-1 para quedar a disposición del agente del Ministerio Público, quien definiría su situación jurídica.

El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) determinó suspender temporalmente al juez en materia penal adscrito al PJCDMX por un plazo de 6 meses después de darse a conocer los hechos en los que se ha visto involucrado.

Tras una sesión extraordinaria celebrada de manera virtual, las cinco magistraturas integrantes del TDJ discutieron y votaron la suspensión de Carlos "N", quien presuntamente cometió hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

La presidencia del Tribunal a cargo del magistrado Nicolás Jerónimo Alejo expuso puntos del asunto argumentando que los hechos denunciados no pueden ni deben quedar impunes y puntualizó que el Tribunal está facultado para imponer dicha suspensión temporal a las personas juzgadoras que se encuentren bajo investigación.

La magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena expresó que declarar esta suspensión es una medida temporal y no una presunción de culpabilidad.

El Pleno concluyó notificar y comunicar el contenido del acuerdo aprobado en sesión extraordinaria para los efectos procedentes y dar continuidad a la investigaciones correspondientes, en atención a las denuncias presentadas en contra de Carlos "N".

Carlos "N" ha sido señalado por su falta de preparación y por ser afín a Morena. Por ejemplo, cuando determinó vincular proceso a un hombre, pero la defensa de este le recriminó al juez que ni siquiera había concluido el proceso en contra del acusado y el juez al fnal se se retractó de su fallo.

El momento quedó registrada en una grabación de una sala de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sin embargo, al ser exhibido, el juez amenazó a su contraparte y, en un mensaje en redes sociales, le advirtió que eliminara la publicación o iba rogar por su libertad.

El caso ocurrió durante una audiencia realizada el 9 de septiembre de 2025, apenas 8 días después de que junto con más juzgadores rindiera protesta al cargo tras la elección judicial impulsada por Morena.

Carlos "N", juez de la Ciudad de México (CDMX), quien llegó al cargo tras la elección judicial que impulsó Morena, fue detenido en las primeras horas de este domingo 14 de junio de 2026. La detención del llamado "Juez del Bienestar" se registró a la 05:55 horas de este fin de semana en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX.

Policías de la Secretaría de Seguridad (SSC) lo arrestaron en una casa ubicada en las calles Benito Juárez y Francisco I. Madero, en la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, de la alcaldía Coyoacán.

El "Juez del Bienestar" fue presentado ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán-1 para quedar a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

De acuerdo con información consultada por Azteca Noticias, cuando los oficiales llegaron, una mujer de 57 años de edad, señaló a un hombre que se encontraba en el lugar, dijo que era su hermano y, momentos antes la agredió verbalmente a su familia y a ella. Carlos "N", quien ha sido señalado por su falta de preparación y por ser afín a Morena.

Prueba de ello fue el momento en que determinó vinculada proceso a un hombre, pero la defensa de esta persona, le recriminó al juez que ni siquiera había concluido el proceso en contra del acusado y Carlos "N" se retractó de lo que había determinado.

El caso que evidenció la falta de conocimiento ocurrió durante una audiencia realizada el 9 de septiembre de 2025, apenas 8 días después de que junto con más juzgadores rindiera protesta al cargo.

Esta situación quedó registrada en una grabación de una sala de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México.Sin embargo, al ser exhibido, el juez amenazó a su contraparte y, en un mensaje, le advirtió que eliminara la publicación o iba rogar por su libertad.

Con curules vacías, un senador de Morena nuevamente ausente -para variar- y la tensión política escalando, el Congreso de la Unión abrió un periodo extraordinario que ya encendió las alarmas de la oposición. Lo que debía ser una discusión legislativa terminó convertido en un choque frontal por el control del Poder Judicial, las elecciones y el futuro político del país rumbo a 2028.

La escena no pasó desapercibida: de 500 diputados solamente acudieron 356; faltaron 144. En el Senado, apenas 72 de 128 legisladores se presentaron. Entre los ausentes volvió a aparecer el nombre que ya incomoda dentro y fuera de Morena: Enrique Inzunza, señalado en versiones y cuestionamientos públicos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Y mientras el oficialismo aceleraba el arranque del periodo, la oposición acusó que detrás de las nuevas reformas existe un intento de construir un sistema político donde Morena pueda decidir qué elección vale y cuál no.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó una de las críticas más severas contra las reformas electoral y judicial impulsadas por Morena.

Según el legislador, las modificaciones constitucionales abrirían la puerta para anular elecciones bajo argumentos ambiguos relacionados con la “soberanía nacional” o presuntas intervenciones extranjeras.

Para Anaya, el riesgo está en la redacción de conceptos amplios que podrían utilizarse políticamente contra cualquier actor incómodo, desde organismos internacionales hasta medios de comunicación o asociaciones civiles.

“Es una absoluta trampa para que Morena pueda anular literalmente la elección que se les pegue la gana”, acusó el senador panista al salir de la reunión de la Junta de Coordinación Política.

El legislador aseguró que el bloque oficialista ya tiene los votos suficientes para sacar adelante las reformas, pese al rechazo de la oposición, y sostuvo que Morena busca construir “un andamiaje constitucional” para mantener el control político del país.

Además, lanzó otra acusación delicada: afirmó que las reformas también buscan blindar al oficialismo ante cuestionamientos internacionales relacionados con presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales.

Desde el PRI también llegaron señales de confrontación. El coordinador priista, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra de los dictámenes relacionados con la reforma judicial y electoral.

Añorve acusó que Morena pretende mantener el control sobre la designación de jueces y magistrados mediante operadores políticos y los llamados “acordeones”, utilizados durante el proceso judicial.

Incluso ironizó sobre los nuevos requisitos para llegar a cargos judiciales: dijo que ya no bastará tener título en Derecho, sino también “ser cercano a un influyente de la 4T”.

El priista afirmó que la reforma terminó por destruir la carrera judicial y los mecanismos de evaluación profesional que existían anteriormente.

El senador Javier Corral de Morena criticó la reforma a la reforma judicial que impulsa su partido y su gobierno. Dijo que no es lo que requiere el país. Acusó a los diputados encabezados por Ricardo Monreal de negarse a escuchar a los senadores de su propio movimiento. Destacó que es momento de que sean más cuidadosos los de Morena en temas tan importantes para el país.

La ausencia de Enrique Inzunza durante la instalación de la sesión alimentó todavía más las críticas opositoras, justo cuando Morena impulsa reformas que, según PAN y PRI, buscan concentrar poder en las instituciones electorales y judiciales.

Mientras el oficialismo defiende las iniciativas como mecanismos para proteger la soberanía nacional, la oposición sostiene que el verdadero objetivo sería construir herramientas legales para controlar futuras elecciones y reducir cualquier contrapeso político.

Una vez más, las ocurrencias de Morena no solo han afectado la independencia del Poder Judicial, sino que han costado y costarán muchísimo dinero a los mexicanos. La elección de juzgadores ha convertido al sistema electoral en un batidillo que Morena provocó y ya no sabe cómo corregir.

El INE reveló en el congreso que la ocurrencia del oficialismo de programar la elección de jueces y magistrados el mismo día de los comicios para diputados federales y 17 gubernaturas le costará al país una millonada.

"Casi 21 mil millones de pesos es el estimado que acabamos de entregar ahorita", detalló Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.

No solo se tendría el proceso electoral más caro de la historia, os consejeros electorales presentaron a diputados los riesgos logísticos y operativos de organizar dos elecciones distintas para el seis de junio de 2027; entre ellos, un mayor abstencionismo.

"El hecho de tener concurrencia en estos dos procesos electorales puede afectar la participación, porque tú tendrías que estar en una casilla votando por todo lo ordinario, como está la legislación actualmente, y, en la siguiente casilla, trasladarte, sin que sea lo más cercano como en la que estás votando, a emitir tu voto por el poder judicial"; agregó Guadalupe Taddei.

Los consejeros han recomendado al Congreso que la elección judicial se aplace para 2028. Ya una elección de este tipo en 2025 fue desairada por la población.

A un histórico abstencionismo del 90 por ciento, se sumó el escándalo de los acordeones con los que el oficialismo impuso a candidatos a modo en la Suprema Corte. Morena dice que aplazar la elección de jueces les permitirá corregir pifias y errores del año pasado.

"Si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados o cuestionados acordeones", explicó Ricardo Monreal, Pdte. Jucopo, de la Cámara de Diputados.

"Si se pospone, lo ideal sería que también pudiéramos modificar ciertas reglas electorales para la elección del Poder Judicial y evitar los tan traídos y llevados o cuestionados acordeones", explicó Ricardo Monreal, Pdte. Jucopo, de la Cámara de Diputados.

El congreso tendrá que definir si convoca a un periodo extraordinario de sesiones para posponer una elección que nació cuestionada y desairada por los ciudadanos.

Para la organización “México Evalúa”, la Reforma Judicial está reprobada. A través de un estudio detallado, expertos en la materia destacaron lo que consideran una ofensiva sistemática encabezada por el expresidente López Obrador, cuyo fin primordial fue desacreditar a jueces, magistrados y ministros para debilitar la estructura del Poder Judicial en México.

Los datos presentados por la organización revelan una estrategia de comunicación agresiva desde el Poder Ejecutivo. Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, detalló que el nivel de confrontación escaló de manera alarmante en los últimos años.

“Pasamos de 8 ataques en 2018, al principio de la administración pasada, a 867 en 2024. Lo más relevante es que los picos mensuales coinciden con momentos de tensión institucional, como reformas o procesos electorales; esto nos habla claramente de una intencionalidad política”, explicó Vargas durante la presentación del informe.

Con un Poder Judicial previamente debilitado por la narrativa oficial, la "estocada final" llegó con la elección judicial de 2025. Para los especialistas, este ejercicio no fortaleció la impartición de justicia en el país, sino que funcionó como un pretexto para subordinar a otro poder del Estado bajo los intereses del oficialismo.

Al respecto, Julia García, Directora de la Jufed, señaló que los errores en la implementación de esta reforma son tan evidentes que ya se habla de ajustes mayores. "Ahora mismo debemos tener en mente que ya está corriendo o socializándose una reforma a la reforma. Esto a nosotros nos parece un reconocimiento implícito de que esto ha sido desastroso", afirmó.

Para intentar revertir este escenario y rescatar la independencia de los jueces, los especialistas proponen defender la profesionalización de los impartidores de justicia y crear mecanismos reales de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía.

Entre las medidas concretas planteadas por México Evalúa, Armando Vargas destacó la necesidad de un estándar jurídico que impida que las autoridades utilicen el discurso oficial para atacar a otros poderes. Asimismo, proponen un mecanismo obligatorio de rectificación inmediata, para que las autoridades se vean forzadas a corregir información falsa o engañosa con la misma difusión y alcance con la que fue emitida originalmente.

La ambiciosa meta de renovar el Poder Judicial mediante el voto popular enfrenta otro gran obstáculo técnico. La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López, advirtió que la elección judicial programada para 2027 presenta complicaciones críticas, por lo que planteó formalmente la posibilidad de posponer el proceso hasta 2028.

A pesar de la narrativa oficial que sugiere ahorros al realizar comicios concurrentes, la consejera desmitificó esta idea. Según sus proyecciones, el costo de la elección judicial se estima en 15 mil millones de pesos, y lejos de economizar, la logística se duplicaría, generando una presión financiera y operativa sin precedentes para los institutos electorales .

Durante su exposición, Rita Bell López explicó que la experiencia desde 2014 ha demostrado que la concurrencia de elecciones no ha generado los ahorros esperados. Al contrario, la complejidad de organizar dos procesos distintos al mismo tiempo dispara el uso de recursos humanos y materiales.

"Incorporar las elecciones locales y lo que hemos visto es que esto no ha funcionado como se esperaba. El trabajo que se hace genera muchos recursos, materiales y logísticos... por supuesto que se duplica cuando hay concurrencia de elecciones", detalló la consejera, señalando que la estructura actual se vería rebasada.

En ese sentido, la consejera señaló que el Consejo General del INE ha planteado realizar las elecciones en momentos distintos.

Mientras el INE analiza la viabilidad financiera, en el Senado de la República la discusión se centra en la calidad de los perfiles. Legisladores de Morena admitieron que son necesarios ajustes urgentes para garantizar que quienes lleguen a la boleta estén realmente preparados. Entre las propuestas destaca la certificación obligatoria de competencias.

Por su parte, el senador Javier Corral alertó sobre las áreas de oportunidad y las malas prácticas detectadas en las etapas previas, mencionando incluso el uso de "acordeones" por parte de los aspirantes durante las evaluaciones. Esta falta de rigor ha encendido las alarmas sobre la legitimidad del proceso que busca transformar la justicia en México.