La búsqueda desesperada de recursos para mantener el gasto público llevó a los diputados de Morena a protagonizar un nuevo episodio de contradicciones y marcha atrás en el Congreso. Para incrementar la recaudación federal ante el estrecho margen presupuestal y la abultada deuda pública, la bancada oficialista perfiló una propuesta para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza y extenderlo a productos comestibles con exceso de sodio, tales como sopas instantáneas, salsas y aderezos. La medida, proyectada para recaudar más de 18 mil millones de pesos adicionales mediante un ajuste de entre 60 centavos y un peso por cerveza, evidenció la prisa del régimen por captar ingresos ante el agotamiento de los fondos de estabilización.

Sin embargo, ante la inminente molestia social y la falta de consenso, la dirigencia parlamentaria del oficialismo salió horas después a desmentir la iniciativa, asegurando que no existe ninguna propuesta formal ni intención de elevar las tasas impositivas. Esta vacilación expone la encrucijada económica del gobierno: tras haber aprobado el año pasado incrementos de IEPS a refrescos, sueros orales y tabaco, el margen para financiar el gasto sin incurrir en mayor endeudamiento es cada vez menor. Entre discursos cruzados y desmentidos de último minuto, la bancada guinda evidencia que no cuenta con un plan claro para sanear las finanzas públicas ni definir de dónde obtendrá los recursos que el país requiere.

Grupo Salinas, con pruebas disponibles en su página web , evidencia una vez más que sus empresas cumplen con el pago de impuestos. En los últimos 21 años ha pagado más de 319 mil millones de pesos.

En enero, TV Azteca liquidó un adeudo fiscal superior a cuatro mil millones de pesos, mientras que en agosto, Grupo Elektra pagó más de 14 mil 800 millones de pesos.

La narrativa de que Grupo Salinas no paga es una invención de Jesús Ramírez Cuevas, quien busca dañar la imagen de Ricardo B. Salinas Pliego por sus señalamientos a la corrupción que existe en el gobierno de Morena.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza un posible ajuste al impuesto que pagan las bebidas alcohólicas. La propuesta contempla un incremento de entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación.

La cerveza podría costar un poco más el próximo año. La razón: dentro de los trabajos para definir el Paquete Económico 2027, diputados analizan una propuesta para modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la propuesta presentada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el ajuste podría representar entre 60 centavos y un peso adicional por cerveza, dependiendo del precio y la presentación del producto. La medida, sin embargo, todavía se encuentra en análisis y no representa un aumento aprobado.

La discusión forma parte de los trabajos de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano.

El legislador ha explicado que existen propuestas para revisar el esquema fiscal de las bebidas alcohólicas, así como de otros productos, dentro de la discusión del paquete económico del próximo año. La intención sería revisar algunos gravámenes, aunque el Paquete Económico 2027 no contempla, de inicio, la creación de nuevos impuestos estructurales.

Una de las propuestas plantea que el ajuste a la cerveza podría generar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales en recaudación, de acuerdo con estimaciones presentadas durante los trabajos legislativos.

Aquí está uno de los puntos centrales de la discusión. Aunque el incremento planteado por unidad podría parecer pequeño, cualquier modificación al impuesto puede tener efectos a lo largo de la cadena: productores, distribuidores, tiendas, restaurantes, bares y, finalmente, consumidores.

Una cerveza que llega fría a una mesa o a una tienda es el último eslabón de una cadena en la que participan distintos negocios y trabajadores. Por ello, el impacto de una modificación fiscal no necesariamente se limita al fabricante.

Para el consumidor, la pregunta sería cuánto de ese posible incremento terminaría reflejándose en el precio final.

Entre los argumentos expuestos por los legisladores está la revisión del tratamiento fiscal de las bebidas alcohólicas y su posible impacto en términos de salud y recaudación.

La discusión ocurre además junto con propuestas para aplicar o modificar impuestos relacionados con productos que contienen altos niveles de sodio, como algunas sopas instantáneas, salsas, aderezos y otros alimentos procesados.

En el caso específico de la cerveza, los promotores de la propuesta han señalado que se trata de una bebida con una participación muy importante dentro del mercado de bebidas alcohólicas en México y que un ajuste moderado por unidad permitiría incrementar los ingresos públicos.

No necesariamente. Por ahora, se trata de una propuesta que deberá continuar su proceso de discusión legislativa. El monto definitivo, en caso de que avance, todavía puede cambiar.

Así que, por el momento, no hay un nuevo precio oficial para la cerveza en 2027.

Lo que sí está sobre la mesa es una discusión que podría impactar a uno de los productos más presentes en reuniones, comidas, partidos y celebraciones de los mexicanos.

La pregunta ahora es si ese posible incremento se quedará en los productores o terminará reflejándose también en el bolsillo de quienes compran una cerveza.

La discusión apenas comienza, porque con la chela NO.

En la Cámara de Diputados hay una propuesta para aumentar el IEPS a la cerveza y a los productos con alto contenido de sodio , solo porque existe el alto consumo y son dañinos, de acuerdo con la lógica de los legisladores de Morena.

"No habrá nuevos impuestos. Eso es lo que nos están diciendo rumbo al paquete económico de 2027.

Pero al mismo tiempo, en Morena ya se habla de revisar el IEPS, impuestos para productos con alto contenido de sodio y bebidas alcohólicas, es decir, sopas instantáneas, botanas, embutidos, cerveza y otros productos podrían terminar pagando más a partir del próximo año.

Y sí, técnicamente pueden decir no es un impuesto nuevo porque ya existe, ero ojo, si algo que hoy cuesta 100 mañana cuesta más por una decisión fiscal, el bolsillo no va a preguntar si el impuesto es nuevo o si solamente lo actualizaron.

Ahora dicen que lo hacen para cuidar nuestra salud. ¡Mentira!

Quieren más dinero porque se están vaciando las arcas, y bueno, si el Gobierno me va a cobrar más porque está preocupado por mi salud: ¿qué va a hacer con el dinero?

Porque si el argumento es sanitario, yo quiero ver la política sanitaria, quiero saber cuánto se va a recaudar, a dónde va a ir, cuánto terminará en medicinas, cuánto terminará en más hospitales, cuánto en atención médica, cuánto en agua potable, cuánto en programas que realmente hagan más fácil comer y vivir mejor.

Porque cobrar es la parte fácil... convertir ese dinero en mejor salud es la parte que el Gobierno también tiene que demostrar.

El paquete económico 2027 todavía no ha sido presentado. Hacienda debe entregarlo al Congreso a más tardar el 8 de septiembre, pero cuando llegue el paquete, habrá que leer la letra chiquita porque pueden llamarlo ajuste, actualización o modificación de impuestos, pero el contribuyente lo va a llamar de una manera mucho más sencilla.

¿Cuánto me va a costar?

Y si la respuesta es más, entonces también tenemos derecho a preguntar: ¿para qué quieres ese dinero, Gobierno?".

El debate sobre la llamada “remuneración compensatoria por copia privada” mantiene bajo la lupa una propuesta que plantea modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para aplicar un moche digital del 2% a dispositivos, solamente porque, según el gobierno, los usuarios pueden almacenar, copiar o reproducir contenidos.

“¿Mentira, mentiroso?

Te informo, porque detecto que estás desinformado, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor le han llamado a ese anteproyecto ‘remuneración compensatoria por copia privada’, en términos reales y coloquiales, eso es un nuevo impuesto del 2% por utilizar el celular, la computadora, la tableta... consolas de videojuegos, o televisiones inteligentes.

Lo sabes bien, pero dices que no lo detectas, mentiroso... lo verifico y lo reitero: nos quieren cobrar el 2% solo porque ustedes, gobierno, dan por hecho que con estos aparatitos podemos copiar, almacenar y reproducir cualquier contenido, y que entonces tú y yo hacemos copias de obras protegidas, y nos van a meter el 2% por default.

Hagas o no hagas una copia, guardes o no guardes material, lo reproduzcas o no lo reproduzcas, lo tenemos que pagar y te digo cómo nos van a atorar.

Para cobrarnos ese 2% van a modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, ustedes, con sus negros, oscuros y morenos argumentos, dicen que no, que ese 2% tendrá que pagarlo el fabricante o el importador, no el consumidor.

Te lo digo yo, no te dejes engañar, ese impuesto lo vamos a pagar nosotros, porque el fabricante e importador lo va a cargar al precio final.

Por cierto, mentiroso detector, ustedes, los cuatroteros, justifican el nuevo atraco diciendo que el dinero recaudado será para repartirlo entre ‘autores, compositores, escritores, artistas’, esa sí es mentira, mentiroso”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nuevamente fue clara y este martes 4 de agosto de 2026 reiteró que los municipios no pueden realizar cobros por infraestructura en materia de telecomunicaciones.

El máximo tribunal del país invalidó partes de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Clara, Durango, que contemplaba cobros que corresponden exclusivamente a las autoridades federales.

El Pleno determinó invalidar los cobros municipales que invaden la competencia federal en materia de telecomunicaciones .

"Que establecen cobros por la instalación y/o construcción de antenas y torres de telecomunicación y/o radiodifusión o similares, y para la construcción de tuberías para líneas de fibra óptica, telefónica o similares",expuso Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN.

No es la primera vez que se ha dado un fallo como este por el mismo tema. Ya lo ha hecho en San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero. Así como en Apan, Yahualica y San Felipe Orizatlán, en Hidalgo.

"Se invalidaron normas que preveían cobros por licencias de construcción respecto de antenas de radio, telefonía celular, televisión y comunicación anual por unidad", añadió la mministra Yasmín Esquivel.

Así que las determinaciones de la Corte son contundentes en esta materia. Ya hay precedentes y terminarán por erradicar todos los cobros que pretendan hacer los municipios sobre instalaciones federales.

En julio pasado, la Corte determinó que la regulación en materia de telecomunicaciones es un tema de competencia federal y los municipios no pueden realizar cobros por instalación u operación, retiro de antenas, mástiles, cableado, entre otros.

El máximo tribunal del país invalidó el cobro de cuotas en las leyes de ingresos de los municipios de San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero.

No obsatnte, las resoluciones de la Corte no han sido acatadas por Guadalupe López González, alcaldesa de Morena en Salvador Alvarado, en Sinaloa.

La edil pretende cobrar cientos de millones de pesos a empresas de telecomunicaciones, telefonía, internet y televisión que utilizan infraestructura federal a través del cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Un estudio internacional comparó la cantidad de impuestos que deben pagar los contribuyentes en varios países partiendo de un sueldo base idéntico. En México, estos gravámenes alcanzaron alrededor del 20% del salario de cada trabajador, lo que equivale a 13 mil 880 pesos.

En contraste, Honduras retuvo 6 mil 941 pesos, Guatemala solo 2 mil 262 pesos y Panamá 11 mil 279 pesos. México destacó por incluir el impuesto sobre nómina, que alcanzó los 2 mil 472 pesos, mientras Honduras aplicó 695 pesos y Guatemala y Panamá no cobraron ese gravamen.

Estos descuentos golpean duro a empresarios y clase trabajadora mexicana, según el análisis. Los trabajadores enfrentan una carga fiscal que les deja sólo el 61% de su sueldo ganado.

El gobierno mexicano impone directamente cifras mayores a sus ciudadanos. Cobró el Impuesto sobre la Renta (ISR) más alto del mundo por el simple hecho de generar ingresos.

De esta forma, los trabajadores mexicanos terminan recibiendo apenas el 61% de lo que ganaron con su esfuerzo diario. El estudio subrayó que México lideró en retenciones totales, donde una tercera parte del salario queda en manos del Estado.

Muchos mexicanos lo sufren en su bolsillo: el dinero nunca alcanza para lo esencial, porque el gobierno les quita casi la mitad de su sueldo a cambio de nada tangible.

El problema radica no solo en lo que el gobierno de la Cuarta Transformación retiene, sino en su uso. El estudio contrastó con Francia , donde los trabajadores reciben casi el 40% de su sueldo.

Allí, el Estado garantiza a cambio una vida digna y un futuro mejor para ellos y sus familias. En México, en cambio, las altas retenciones no se traducen en bienestar social equivalente: la inseguridad, la falta de medicamentos en hospitales y calles destrozadas contrastan con las grandes contribuciones al erario que hacen los trabajadores.

Elba Esther Gordillo , exlíderesa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tendrá que pagar millones de pesos por impuestos.

Esta acción fue ordenada por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual dio un revés judicial contra Gordillo.

La sentencia del máximo tribunal del país menciona que se le ordena a Elba Esther Gordillo pagar más de 19 millones de pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2008 y 2009.

El ISR representa una de las principales contribuciones por parte de personas físicas y personas morales, destinadas a sumar a las finanzas públicas de un país.

Esta contribución se calcula aplicando una tarifa proporcional y progresiva sobre los ingresos obtenidos durante un ejercicio fiscal, abarcando una variedad de rubros tales como sueldos, actividades empresariales, arrendamiento financiero y ganancias por enajenación de bienes, entre otros.

La administración tributaria tiene la función de vigilar su correcta aplicación y recaudación, proporcionando a su vez el marco normativo para su cumplimiento.

Hace cuatro años, en octubre de 2022, Elba Esther Gordillo Morales ganó una demanda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) , que le exigía pagar impuestos varios por el ejercicio fiscal de 2011.

Durante una sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), se argumentó que se controvirtió la violación a la garantía de audiencia de Gordillo, lo cual resultó fundado porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia debido a que se encontraba encarcelada durante la revisión de gabinete que le fue practicada, por lo que no le fue posible ejercer debidamente su defensa.

Con un voto en contra y 9 a favor, la Sala Superior del TFJA aprobó la ponencia en la que se resolvió que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, decisión que en esta ocasión favoreció a ella.

¿Subieron las multas? Con el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en este 2026, que ahora vale 117.31 pesos diarios según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la multa por exceso de velocidad en Ciudad de México se han actualizado y pueden resultar considerablemente más altas para los conductores que circulen por la capital del país.

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX , si un conductor rebasa los límites de velocidad permitidos en cualquier vialidad, será sancionado con una multa equivalente a 10, 15 o 20 UMA, dependiendo de cuántos kilómetros por hora exceda el límite permitido. En pesos, esto se traduce en:

• 10 UMA, aproximadamente: mil 173.10 pesos
  
• 15 UMA, aproximadamente mil 759.65 pesos
  
• 20 UMA, aproximadamente 2 mil 346.20 pesos.

Estas multas en CDMX aplican tanto para vehículos particulares como para conductores captados por radares de velocidad , y además pueden implicar la pérdida de puntos en la licencia de conducir, lo que impacta directamente en la posibilidad de verificar el vehículo o incluso conducir legalmente.

Las tarifas de multas de tránsito en CDMX , incluyendo las relacionadas con exceso de velocidad, se calculan con base en el valor de la UMA, el cual se actualiza anualmente con efectos a partir del 1 de febrero de cada año.

Cabe recordar que en 2025, la UMA estaba fijada en 113.14 pesos, pero para 2026 se ajustó a 117.31 pesos debido a la inflación registrada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Este incremento representa un aumento de alrededor del 3.7% en los montos de multas, incluyendo aquellas por exceso de velocidad, semáforo en rojo y otras infracciones comunes, lo que refleja el efecto del entorno económico en los costos administrativos de tránsito.

Para consultar si tienes infracciones de tránsito en CDMX, incluyendo multas por velocidad, puedes hacerlo de manera oficial y en línea:

• Visita el portal de “Consulta de Adeudos” del gobierno de la CDMX.
  
• Introduce tu número de placa
  
• Introduce datos de tu licencia (de ser requerido)
  
• Utiliza tu cuenta LLAVE CDMX para obtener acceso a tu historial de infracciones.

Este sistema permite ver todas tus multas vigentes, su monto, ubicación y fecha, así como las opciones de pago o impugnación, según corresponda.

Respetar los límites de velocidad no solo evita multas costosas, sino que también reduce el riesgo de accidentes de tránsito. Con los ajustes al valor de UMA en 2026, el costo de infringir estas normas ha aumentado, lo que subraya la importancia de conducir con responsabilidad y cumplir la normativa vial.

Conducir dentro de los límites no solo te ahorra dinero, sino que también protege tu seguridad y la de todos en las calles de la CDMX; ¿estás preparado para evitar sanciones este año? 

Los polémicos impuestos a los refrescos en México sigue generando debate. Presentado como una medida de salud pública para combatir la obesidad, muchos cuestionan su verdadera efectividad y propósito.

Cuando hablamos del famoso impuesto a los refrescos, para los consumidores no es más que una trampa y un agandalle del gobierno, porque con el cuento de que buscan cuidar su salud, solo quieren más dinero para gastárselo.

"Es un atraco del gobierno, pero de todos modos lo sigue uno consumiendo, es la misma cosa, o sea por mucho que lo quieran encarecer, uno lo va a seguir consumiendo, que no salgan con la jalada de que es para el bienestar de los niños”, dijo Norberto consumidor.

Cuando se aprobó el aumento al refresco se dijo hasta el cansancio que era una política de salud y para desestimular su consumo, pero como se ha comprobado en otros países, este tipo de impuestos no reducen los índices de obesidad.

Incluso la OMS y la ONU han rechazado estos impuestos al considerar que no hay evidencia de que cambien los patrones de consumo.

Pero de lo que sí hay evidencia es de como los políticos se valen de argumentos falsos para cobrarle más impuestos.

"Como no quiero gravar el consumo aumentando el IVA y demás porque políticamente no es lo más adecuado, pues lo meto en esto y lo disfrazo como una medida de salud”, dijo Jorge Smeke, académico de la Universidad Iberoamericana.

Aquí otro argumento que da este fiscalista: “Es un impuesto recaudatorio, porque si fuera para la salud en la misma ley de ingresos o egresos, el ingreso que se capte para efectos o del cobro de este impuesto debería ir etiquetando exclusivamente para lo que se necesita”, dijo Guillermo Mendieta, fiscalista del Colegio de Contadores Públicos de México.

De ahí que sea un pastel muy tentador para ponerle más y más impuestos, sin saber a donde se destinan concretamente.

"Habría que analizar en qué estamos gastando ¿no? Si se ha probado que mucho de lo que gastamos, que gastan como gobierno, ¿no está siendo eficiente está claro, nomás no produce, sino que todavía le tenemos que seguir inyectando?”, dijo Jorge Smeke, académico de la Universidad Iberoamericana.

Así que no le vengan con cuentos que ni Norberto les cree, a él solo le han encarecido la vida, todo con tal de sangrarle más dinero para los políticos.

"La salud para ellos es punto y aparte, mientras a ellos les caiga el dinero lo demás les importa muy poco”, Norberto, consumidor.