El gobierno vende "transparencia total", pero lo que firma es pura simulación. Y es que la seguridad nacional sigue siendo ese cajón elástico que usa para esconder temas de corrupción y negligencia desde hace años. Con su discurso de apertura, refuerza la opacidad y busca usar la censura disfrazándola de protección.

No se trata de transparencia, es control: el gobierno firmará un decreto que suena bien, pero que busca callar voces incómodas y blindar al poder.

Roberto Ruiz, explica que aunque el gobierno anunció hoy un próximo decreto de transparencia, en los hechos se trata de solapar la opacidad bajo el pretexto de "seguridad nacional" un término que se estira a la conveniencia de las autoridades y que aplican a su conveniencia.

Esconder la información pública también es otra forma de censura . El Gobierno Federal ha ocultado datos de alto interés utilizando el pretexto de la "seguridad nacional". Aprovechándose de la ley, el oficialismo mantiene reservados hasta por cinco años contratos de obras, tragedias, investigaciones a funcionarios y escándalos que sacuden a la autodenominada 4T.

"Que se anunciara que la información tenía que ser reservada o clasificada por razones de seguridad nacional para no proporcionarla era un obstáculo para la transparencia... La reserva de la información sí se sigue haciendo", advierte Fernando Escobar, especialista de Causa en Común AC.

La lista de los expedientes ocultados la encabezan los proyectos emblemáticos de la administración: el Tren Maya , cuestionado por su sobrecosto y daños al medio ambiente; la Megafarmacia del Bienestar, un fracaso logístico desde el inicio, y el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), que a casi cuatro años de inaugurado sigue sin despegar.

Para los analistas, el bloqueo de estas facturas revela un problema estructural profundo. "Te habla ya no nada más de una voluntad política de no proporcionar información, sino también de un colapso, una enorme problemática administrativa dentro de las instituciones para no generar esa información", señala Escobar.

La opacidad abarca decisiones que costaron vidas y millones de pesos. Entre los datos censurados se encuentran los costos de las vacunas contra el Covid-19 , los informes de Pemex sobre la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el contrato de compraventa del avión presidencial.

A decir de Causa en Común, esta cerrazón responde a una línea directa desde las cúpulas del partido en el poder: "Es la conjunción de decisiones de naturaleza muy política orientadas a restringir el acceso a la información para acciones emblemáticas".

Bajo la misma reserva de cinco años están archivados los informes del "Culiacanazo", donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán; el patrimonio del exfiscal Alejandro Gertz Manero y los peritajes de la tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia , en Iztapalapa. Tampoco hay garantía de que se abran al vencer el plazo; el especialista advierte que la apuesta oficial es sustituir los datos por propaganda de templete: "Me parece más plausible que se presente a modo en las conferencias de prensa, que es la estrategia principal hacia la que se aboca la información oficial".

Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), para los ciudadanos será casi imposible saber qué oculta el gobierno. La administración que presumía ser la más transparente de la historia ha consolidar un apagón informativo total.

El apagón informativo en México no es nuevo, pero se ha agudizado drásticamente en los últimos años. Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, la negativa del gobierno para entregar datos públicos rompió todos los récords históricos: mientras que de 2007 a 2009, bajo el sexenio de Felipe Calderón, se negaron 6 mil 938 solicitudes de información, la cifra escaló a 10 mil 143 casos rechazados entre 2013 y 2015 con Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en el periodo de 2019 a 2021, la primera mitad del gobierno de la 4T impuso un cerco de opacidad sin precedentes al sumar 14 mil 128 rechazos para entregar información a los ciudadanos.

Este miércoles 28 de enero, el mundo conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una fecha diseñada para concientizar sobre la importancia de la privacidad en la era digital. Sin embargo, en México la efeméride tiene un sabor amargo, pues por primera vez en dos décadas, el país llega a esta fecha sin su principal órgano autónomo: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ).

La eliminación de este organismo autónomo, impulsada por una reforma administrativa del Gobierno Federal, deja en el aire una pregunta crítica: ¿Quién defenderá ahora la información más íntima de los mexicanos frente al poder y las grandes corporaciones?

Durante años, el gobierno morenista calificó al INAI como una carga presupuestal, pero la historia demuestra que fue un contrapeso vital . Su función no se limitaba a "pedir recibos" al gobierno; su labor imprescindible era proteger tu identidad, tus huellas dactilares e información sensible como tu historial médico.

Para entender la gravedad de su extinción, basta recordar los casos donde el Instituto fue el único freno ante abusos de autoridad:

1. El freno al "Gran Hermano" (PANAUT): Quizás la victoria más sonada. Cuando el gobierno intentó crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que obligaba a entregar datos biométricos (iris, huellas, rostro) solo para tener una línea de celular, fue el INAI, en mayo de 2021, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad. Gracias a esto, la Suprema Corte tumbó la medida, evitando que millones de usuarios fueran criminalizados o que sus datos biológicos cayeran en manos del crimen organizado.
2. Multas a bancos y telefónicas: El INAI sancionó con multas millonarias a bancos que entregaban historiales crediticios sin permiso o a empresas de telecomunicaciones que usaban datos personales para acoso telefónico. Tan solo en 2023, el último año de operación plena, el INAI impuso multas por más de 21 millones de pesos a bancos y aseguradoras por mal uso de datos.
3. Expedientes clínicos: Garantizó que pacientes del sector salud (IMSS e ISSSTE) pudieran acceder a sus expedientes médicos completos, algo que antes se negaba sistemáticamente.

Con la reforma, la protección de los datos pasará a manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia del propio Ejecutivo. Esto plantea un conflicto de interés estructural: el gobierno se vigilará a sí mismo. Entonces, ¿qué pasará cuando sea una dependencia de gobierno la que vulnere tus datos? ¿La misma secretaría se sancionará a sí misma?

En este Día Internacional de la Protección de Datos, México transita hacia un terreno incierto. Mientras la tecnología avanza con Inteligencia Artificial y robo de identidad, los ciudadanos mexicanos se quedan sin su árbitro autónomo, dependiendo ahora de la buena voluntad del Estado.

A tres semanas de la tragedia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico , nos queda una reflexión. Posiblemente, la transparencia hubiera sido una vacuna anticipada. Información es prevención, dicen los expertos.

“La información puede servir incluso para salvar vidas, pero no importa cuál sea y no necesitamos un pretexto o una justificación para querer acceder a información, que es un derecho humano”, señaló Martha Tudón, investigadora de Artículo 19 México y Centroamérica.

“Lo que genera es irregularidades o negligencia que termina en actos de corrupción, que tiene costos económicos, pero lo peor no son los costos económicos, sino costos humanos, como afectar la vida de las personas”, explicó Sarahí Salvatierra, del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar A.C.

Pero en México lo que impera es la opacidad en proyectos prioritarios. Se sigue usando el doble filo de la seguridad nacional y otros argumentos para blindar información de grandes obras públicas .

“A veces se piensa que para obtener mayor seguridad se tiene que sacrificar libertad, y si se tiene mayor libertad se tiene menos seguridad. Me parece que la clave es articular un balance”, afirmó Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional.

Si la transparencia fuera una ventana abierta, expertos nacionales e internacionales podrían advertir riesgos de manera anticipada, antes de que ocurran incidentes que cobran vidas.

Y vamos de mal en peor, porque en este sexenio hay más piedras en el camino para que usted, como cualquier ciudadano, pueda tener acceso a información de obras y grandes proyectos que el gobierno considera prioritarios.

La Ley General de Transparencia trajo otros dos conceptos muy amplios, parecidos a los de seguridad nacional y de interés público.

“En la reforma del año pasado aumentaron las causales para negar información. Metieron el tema de paz social y el de daños al interés del Estado. ¿Qué es paz social? Es una interpretación supervaga, superambigua”, advirtió Martha Tudón, investigadora de Artículo 19 México y Centroamérica.

“Da pie y abre la oportunidad para que se tomen decisiones discrecionales, a conveniencia, pero a conveniencia de unos cuantos, no de la población en general”, señaló Sarahí Salvatierra.

Ahora, sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sin organismos autónomos garantes, está minado el acceso a la información y la rendición de cuentas de proyectos que nos cuestan a todos.

En México, la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) ha dejado a miles de ciudadanos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. Lo que antes era un mecanismo para garantizar la transparencia en el manejo de información pública y la protección de datos, hoy se percibe como un vacío institucional que impacta directamente en la vida cotidiana. Es el caso del señor Antonio, quien está luchando por tener acceso a información que lo afecta de primera mano.

Desde el Congreso ya se habían lanzado alertas. En noviembre de 2024, el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla señaló: “Este Gobierno va a quemar las instituciones de este país”. Meses después, en marzo de 2025, la legisladora de Movimiento Ciudadano Laura Ballesteros reforzó la advertencia: “El Gobierno no puede autovigilarse de sus propias corruptelas”.

Con la desaparición del INAI, lo que parecía un debate político se convirtió en una realidad que afecta de manera directa a los ciudadanos que requieren información pública o que buscan defender su privacidad.

El impacto se refleja en historias concretas como la de Antonio Berzunza, vecino de Tlalpan que enfrentó la construcción irregular de varios departamentos junto a su domicilio. Con 17 ventanas viendo directamente hacia su casa y un piso adicional a lo permitido, el proyecto violó el permiso autorizado para una casa unifamiliar de dos niveles, afectando su derecho fundamental a la intimidad y a la privacidad.

Al intentar denunciar estas irregularidades, Antonio se topó con la negativa de las autoridades locales para entregarle los documentos de la obra. La respuesta que recibió fue tajante: “si no le parece, que se queje en el INAI”. Pero la institución ya no existe.

“Finalmente el sistema lo está derrotando a uno porque se da cuenta uno que no existe justicia”, relató Berzunza, evidenciando la indefensión en la que han quedado miles de mexicanos tras la eliminación del organismo.

Según el abogado penalista Luis Simón Herrera Bazán San Martín, los ciudadanos ahora deben recurrir directamente a la Jefatura de Gobierno para acceder a información que antes era obligatoriamente pública. Sin embargo, depender de la disposición de las autoridades no es garantía de justicia ni de transparencia.

Esto significa que los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales quedaron sujetos a la discrecionalidad del poder ejecutivo, debilitando uno de los pilares democráticos en México.

Ante la falta del INAI , el señor Berzunza y otros ciudadanos han decidido acudir a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), e incluso al Poder Judicial; sin que a la fecha se hayan obtenido resultados satisfactorios para reparar el daño que se le ha ocasionado y sin que se les sancione al propietario José Luis Martínez Díaz, y constructores Laura Helena Martínez Valdez y el Ing. Arq. Feliciano Reséndiz Hernández (DRO-0376) de la obra irregular en cuestión. Sin embargo, la confianza en esta vía es limitada.

“Es una incongruencia que sea juez y parte la misma autoridad que revise a la otra autoridad, y uno como particular se encuentra totalmente indefenso sin ningún otro recurso”, afirmó el afectado.

El propio abogado Herrera Bazán advierte que casos relacionados con violaciones a la intimidad podrían llegar a manos de jueces civiles, pero la ausencia de un organismo autónomo resta peso a la defensa ciudadana frente al aparato estatal.

La desaparición del INAI se ha traducido en un retroceso para la democracia mexicana. Lo que antes era un organismo garante de transparencia hoy se ha convertido en un recuerdo, dejando a los ciudadanos en un escenario donde deben “caminar a oscuras”, tal como lo describen los afectados.

Hubo un tiempo en que la mansión de un funcionario era sinónimo de escándalo político y un castigo social. Cuando se descubrió el Partenón de Arturo "El Negro" Durazo, el siniestro jefe de la policía del entonces Distrito Federal, en los 80 —una ostentosa construcción en Zihuatanejo que contrastaba con la miseria del país—, los mexicanos expresaron su rabia. Décadas después, la famosa “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto provocó un terremoto mediático: indignación, protestas, paros estudiantiles, investigaciones y la caída de un equipo completo de comunicación presidencial. ¿El resultado? Cada vez más desconfianza de la población hacia su gobierno.

Refresquemos más la memoria.

En 2023 se reveló la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente AMLO , con contratos millonarios vinculados a Pemex. Y la reacción fue... apenas tibia. Ahora se exhibe la casa de 12 millones de pesos del morenista Gerardo Fernández Noroña, el autodenominado "luchador del pueblo", y la respuesta social es aún más preocupante: apatía total.

El discurso barato y populista de Morena ha sido tan poderoso que logró anestesiar a buena parte del país, pero lo que no dijeron es que su "revolución" era solo un cambio de manos, no de principios.

Criticaron hasta el cansancio la corrupción, los lujos y el cinismo del pasado, solo para replicarlo con más desfachatez y desestimar a sus críticos con excusas descaradas de que "antes era peor". Se vendieron como distintos, pero ya no pueden sostener la máscara: viven como los de antes, se protegen como los de antes y callan como los de antes.

Lo peor es que ya no tenemos herramientas para exigir explicaciones. Porque si ya lo olvidaron, les recuerdo que fue el mismo INAI que sirvió para revelar casos de corrupción como el de la Casa Blanca de Peña Nieto. Pero Morena lo desmanteló, justo cuando más lo necesitábamos. Era nuestra única vía para saber cómo se compran estas casas y con qué dinero. Ahora, sin transparencia, jamás vamos a saber realmente cómo Noroña adquirió esta millonaria propiedad en Tepoztlán.

Esto es parte de la herencia maldita que nos deja López Obrador: opacidad total y una absoluta falta de rendición de cuentas.

Antes, al menos, los escándalos exigían explicaciones. En 2014, la esposa de Enrique Peña Nieto tuvo que grabar un video para intentar justificar la Casa Blanca. Hoy, en 2025, tenemos a una presidenta que, ante la evidencia de una mansión millonaria de uno de sus aliados, responde desviando el tema con un “¿qué es más importante?”, atacando al sexenio de hace dos décadas. ¿En serio? ¿Ese es el estándar ahora?

Lo que la presidenta no entiende —o no quiere entender— es que una cosa no cancela la otra y que se pueden hablar de ambos temas. Que la corrupción del sexenio de Felipe Calderón no justifica el descaro actual y que el hecho de que García Luna haya sido un criminal, no exime a Fernández Noroña de rendir cuentas sobre una casa que no cuadra ni con su sueldo ni con su discurso.

El régimen completo nos está diciendo en nuestra cara que sus escándalos no importan. Pero lo más alarmante no son las mansiones, ni los viajes en primera clase, ni la ropa y accesorios de lujo... sino que hoy el poder ni siquiera se siente obligado a justificar sus excesos. El debate ya no es si hacen lo mismo que los de antes—porque sí lo hacen— sino que su cinismo ha sustituido a la rendición de cuentas.

El verdadero lujo de esta administración no es una mansión en Tepoztlán, viajes por Tokio y Europa o ropa lujosa, sino gobernar sin ningún tipo de consecuencia.

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La transparencia en México atraviesa un momento crítico. Los órganos garantes de acceso a la información, que durante años han protegido el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se manejan los recursos públicos y a vigilar a los gobiernos, están desapareciendo de manera sistemática.

Al día de hoy, de los 32 estados, 10 ya perdieron sus órganos garantes, 12 aprobaron reformas para extinguirlos, y 6 están al borde de desaparecerlos. Este proceso no es casual ni accidental: es un golpe directo a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana.

En marzo de 2025, el regimen morenista dio un paso histórico al extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ), el máximo órgano garante del país.

Este organismo, que durante años funcionó como un referente nacional en la protección del derecho a saber, dejó de existir, marcando el inicio de una tendencia preocupante: la eliminación gradual de las instituciones autónomas de transparencia en los estados.

Hoy, 88% de los órganos locales de transparencia ya tienen definida su ruta de extinción, lo que evidencia un plan sistemático y no una serie de hechos aislados.

Un monitoreo reciente de los congresos y órganos garantes de los 32 estados muestra un panorama alarmante:

• Sin iniciativa: 4 entidades siguen operando, pero no hay planes claros de reforma.
• Iniciativa presentada: 6 entidades ya tienen propuestas de extinción pendientes de aprobación.
• Reformas aprobadas: 12 entidades ya extinguieron formalmente sus órganos garantes locales.
• Extintos: 10 entidades han eliminado completamente sus organismos de transparencia.

Estos datos dejan en claro que la desaparición de los órganos garantes no es un accidente político, sino un proceso estructurado y acelerado por agendas partidistas.

La desaparición de estas instituciones representa un retroceso histórico en derechos fundamentales. Sin órganos garantes, los ciudadanos pierden herramientas clave para vigilar a sus gobernantes, denunciar irregularidades y exigir rendición de cuentas. La opacidad institucional se convierte en norma, mientras la sociedad queda desprotegida frente a posibles abusos de poder.

México está frente a un escenario preocupante: la extinción de sus órganos garantes de transparencia no solo debilita a las instituciones, sino que amenaza directamente el derecho de los ciudadanos a saber y participar en la vida pública.

La histórica plataforma CompraNet, que durante 28 años almacenó información clave sobre contratos públicos en México, fue eliminada en abril de 2025, dejando inaccesibles 2.6 millones de contratos por un valor de 9.9 billones de pesos.

Expertos alertan sobre un retroceso en la transparencia y un aumento en la opacidad que abre la puerta a la corrupción en obras públicas. La nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituye a CompraNet, ha sido criticada por replicar esquemas fallidos de transparencia, poniendo en riesgo el acceso a información vital para la rendición de cuentas.

Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, denuncia que “dejaron que la plataforma se pudriera para ocultar información”. Señala que estos son “los años más oscuros para la transparencia en información en México” , después de que CompraNet desapareció en abril pasado y en su lugar está Compras MX.

CompraNet fue una plataforma donde desde hace 28 años se almacenaba la información de los contratos del gobierno, pero que empezó a tener menos calidad de la información a partir de que el gobierno lo empezó a abandonar. La opacidad está avanzando constantemente y la consecuencia principal es que “no vamos a poder revisar cómo el gobierno usa nuestro dinero”.

De un plumazo sepultaron toda la información de 2.6 millones de contratos. La nueva Ley de Obras y Servicios Públicos no obliga a mantener esa información más allá de los últimos cinco años previos.

Leonardo Núñez explica que “ ya no podemos revisar ninguna de las contrataciones del primer año de López Obrador , y peor aún del sexenio de Enrique Peña Nieto, y del sexenio de Felipe Calderón. Eso es lo preocupante, que perderemos la información de esos 2.6 millones de contratos que hay que saber”.

Al comprobar licitaciones de 2019 y 2020, solo aparece una leyenda que dice: “página no encontrada”. “Solo puedo consultar la información de cinco contratos de 2020. Hay 160 mil contratos para los cuales ninguno de los links funciona en este momento y no hay accesibilidad para ningún contrato de 2019 hacia atrás”, agrega Núñez.

El investigador reflexiona: “Yo pienso en la frase de López Obrador que siempre decía: ‘El que nada debe nada teme’. Si un gobierno está construyendo por todos lados, tenemos infraestructura ferroviaria. No sabemos quién está recibiendo esos contratos, por cuánto ni en qué condiciones, y esa es la ventana y la puerta abierta para la corrupción”.

Aunque aseguran que investigarán la corrupción del pasado, al mismo tiempo hacen todo lo posible para esconder los negocios opacos del presente.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) está a punto de experimentar una transformación histórica. A partir de 2025, este documento dejará de ser solo un código alfanumérico para convertirse en una identificación oficial con datos biométricos, incluyendo fotografía y huellas dactilares. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Federal y actualmente en discusión en el Senado, promete modernizar el sistema de identificación en México, pero también genera debates sobre la seguridad y privacidad de los datos personales.

La nueva CURP busca evolucionar desde un simple código alfanumérico a un documento integral que garantice mayor seguridad y autenticidad. Entre los principales cambios destacan:

• Incorporación de datos biométricos: huellas dactilares, fotografía del rostro e incluso escaneo del iris en algunos casos.
• Reconocimiento oficial: Será válida como identificación oficial en todo el país, equiparable a la credencial del INE o el pasaporte mexicano.
• Portabilidad y tecnología: Incluirá un código QR que permitirá verificar la identidad del titular de manera rápida y segura.

Además, su implementación está diseñada para facilitar trámites administrativos y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas mediante una Plataforma Única de Identidad que interconectará bases de datos nacionales.

A pesar de los avances tecnológicos, la implementación de la nueva CURP ha generado inquietudes entre expertos y organizaciones civiles . La centralización masiva de datos biométricos plantea riesgos significativos:

• Vulnerabilidad ante ataques informáticos: Una base de datos tan amplia podría ser blanco atractivo para hackers, poniendo en peligro información sensible.
• Riesgos para los derechos humanos: Organizaciones advierten sobre posibles escenarios de vigilancia masiva por parte del Estado o exclusión social para quienes no puedan registrarse.
• Falta de mecanismos independientes: Con la desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia), no habría una entidad autónoma para supervisar el manejo adecuado de estos datos.

La nueva CURP representa un paso importante hacia la modernización del sistema de identificación en México. Su implementación promete beneficios significativos en términos de seguridad, eficiencia administrativa y apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, es crucial que el Gobierno garantice la protección de los datos biométricos y establezca mecanismos independientes que supervisen su uso.

Este viernes 21 de marzo, el periodista Javier Alatorre informó en Hechos Noche que los trabajadores del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ) retiraron el plantón que mantuvieron durante semanas frente a sus instalaciones, tras alcanzar un acuerdo con las autoridades federales.

La tarde de este viernes, se confirmó que todos los empleados recibirán su liquidación antes del 20 de abril. La escena fue descrita como un "desfile de cajas y mochilas" que ningún trabajador deseaba presenciar, pero que finalmente marcó el cierre de una etapa llena de incertidumbre y resistencia.

Aunque la tristeza y la derrota estuvieron presentes, la persistencia de los trabajadores rindió frutos. Omar Cortés Rojas, trabajador del INAI, detalló: "Fue los tres meses de sueldo más 20 días por año. En este caso, sin distinción del personal de libre designación y personal de servicio profesional de carrera".

El acuerdo se celebró con abrazos y lágrimas entre compañeros. La trabajadora Roxana Reyes expresó: "Van a poder traer a las personas que sean necesarias... para no estar yendo a lugares por nuestro cheque y que no sabemos ni con quién".

Por su parte, Yael Rivera, quien laboró durante una década en el INAI, compartió su preocupación: "No tenemos la seguridad de que vamos a ser contratados en el órgano desconcentrado. Sabes que probablemente no volverás a ver a compañeros. Muy nostálgico por cómo se dieron las cosas".

Las oficinas del extinto instituto permanecerán abiertas para que los empleados entreguen archivos y documentación al gobierno federal . El edificio ya es resguardado por elementos de seguridad, y se espera que entre lunes y martes se den a conocer los lineamientos para el cobro de las liquidaciones.