El gobierno está más preocupado por cuidar qué ven o no las audiencias que por los propios contenidos que genera en pro de una sociedad ávida de respuestas a problemas concretos, como el de la inseguridad, la corrupción o la educación.

Y es que para "papá gobierno el que las audiencias reciban información de calidad es algo serio, incluso nos han mostrado una y otra vez qué es lo que sí deben ver los "indefensos mexicanos".

No solo quiere periodistas "preguntones, sino reporteros que vayan a fondo" o periodistas paleros que sean complacientes con lo que el discurso oficial quiere escuchar.

Ante eso, está en entredicho el interés real de las autoridades para regular o imponer lineamientos para las audiencias si finalmente están en la libertad de elegir qué contenidos quieren o prefieren consumir.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrirá una consulta pública para definir los lineamientos de los derechos de las audiencias. Estará abierta en la página de la comisión del 27 de julio al 21 de agosto. Pero medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, los que ven algunos nubarrones en la consulta, temen que estemos a un paso de la censura.

Uno de ellos es el defensor de las audiencias. No sería independiente. Estaría obligado a atender todos los requerimientos de la Comisión. Hablamos de un defensor cuyas recomendaciones pueden ser modificadas o revocadas por el órgano administrativo y si no obedece, pueden sancionarlo y también al medio.

Sería un defensor de las audiencias a modo. Otra preocupación para el sector es que bajo el argumento de proteger a las audiencias, se pretenda sobre regular los contenidos y se limite la independencia editorial.

¿!Contra la "Ley Espía"? El debate acerca de la privacidad, vigilancia y control digital volvió a encenderse en México. En el Congreso del Estado de Chihuahua fue presentada una reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para prohibir la vinculación de líneas celulares sin autorización de los usuarios.

Durante la sesión legislativa del pasado 19 de mayo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez Villegas, lanzó duras críticas contra lo que calificó como una “ Ley Espía ”: “Quieren despojarte de tu individualidad y ser dueños de tu rostro, de tu voz, de tu identidad”, afirmó el legislador durante su intervención en tribuna.

La iniciativa pretende impedir que líneas telefónicas móviles sean vinculadas o asociadas a datos personales sin autorización expresa de los ciudadanos. Aunque aún no se detallan todos los alcances técnicos de la propuesta, el planteamiento busca reforzar el consentimiento de los usuarios sobre el manejo de su información y evitar posibles abusos relacionados con identidad digital y telecomunicaciones.

El tema cobra relevancia luego de los debates nacionales acerca de los registros biométricos, control de datos personales y vigilancia digital. La propuesta surge en medio de crecientes críticas de sectores políticos y ciudadanos que advierten posibles riesgos a la privacidad y libertades individuales ante mecanismos de registro e identificación digital.

Desde la oposición, algunos legisladores advierten que ciertos mecanismos impulsados a nivel federal podrían abrir la puerta a prácticas de monitoreo masivo o recopilación excesiva de datos personales. Francisco Sánchez Villegas aseguró que existe preocupación por la creación de una “arquitectura de control total” sobre la ciudadanía: “Vienen por ti y los tuyos”, declaró el legislador al criticar presuntas medidas relacionadas con identidad biométrica y telecomunicaciones.

Expertos en derechos digitales han señalado en distintas ocasiones que cualquier reforma relacionada con telecomunicaciones debe garantizar principios de privacidad, consentimiento y proporcionalidad. También han advertido que el uso de tecnologías biométricas requiere controles estrictos para evitar filtraciones, robo de identidad o vigilancia indebida.

La discusión en Chihuahua refleja una preocupación cada vez más presente en México: el equilibrio entre seguridad, tecnología y libertades individuales. Mientras algunos sectores consideran necesarias mayores herramientas de identificación para combatir delitos, otros alertan sobre posibles excesos y riesgos de vigilancia.

La pregunta que ahora divide opiniones es inevitable: ¿hasta dónde deberían llegar los gobiernos en el uso de datos personales y tecnología para controlar o proteger a la población

En México, como en otros países donde las dictaduras se construyen y se fortalecen la censura se ha transformado, ahora no solo son las agresiones contra periodistas, no solo son el crimen organizado, sino el Estado, encargado de proteger el derecho a la libertad de expresión y de prensa, es el principal agresor.

Así lo reveló el informe de la organización Artícle 19 “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia" , en el que se alerta la creciente agresión contra el gremio. Porque actualmente, la violencia contra periodistas y comunicadores no es solo física, también a través de las instituciones de gobierno.

Al respecto, el informe de 2025 reveló que se han pronunciado prácticas como el acoso judicial, el hostigamiento institucional, las campañas de desprestigio y el bloque informativo.

La organización alerta que México no sólo enfrenta solamente violencia criminal contra periodistas; también enfrenta también violencia institucional a través de estas prácticas.

El ejemplo de ello es la Ley Censura, aprobada en el Senado en junio de 2025 por el partido en el poder y sus aliados, con el que se busca a través de modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, controlar la libertad de expresión y medios de comunicación al centralizar el control del espectro y reemplazar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por una agencia gubernamental.

De acuerdo con el informe de la organización Artícle 19, estos son los principales mecanismos que se usan desde el Estado para coartar la libertad de expresión.

• abuso de poder
• acoso judicial
• hostigamiento institucional
• bloqueo informativo
• campañas de desprestigio
• y uso político de estructuras públicas

El informe reconoce que ha disminuido en el actual sexenio la estigmatización contra periodistas, en comparación con la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde hubo una con ataques verbales y sistemáticos contra la prensa.

Sin embargo, persisten mecanismos para desacreditar a las voces críticas a través del "Detector de Mentiras", además del aumentó el uso de leyes y procesos administrativos y la hostilidad se trasladó a actores estatales y locales.

El organismo puntualiza que si bien la presión contra la prensa por parte del Estado se descentralizó mas no desapareció, por el contrario, se sofisticó a través del “menos confrontación verbal, más uso del aparato institucional”.

La libertad de expresión, piedra angular de las democracias, se ve desprotegida por el Estado, encargado de garantizar su protección, al ser el primero en ejercer violencia contra quienes la usan a través de estos mecanismos sofisticados.

¿Te imaginas que te roben el celular y que, con ese mismo número, se cometan delitos? Extorsiones , fraudes , amenazas. Todo a tu nombre, porque la línea telefónica está registrada a tu nombre, no con quien la usa para delinquir.

Eso es lo que, según este video difundido en redes sociales, podría ocurrir si se aprueba el registro obligatorio de líneas telefónicas, una medida que obligaría a los usuarios a vincular su número con datos personales como identificación oficial, CURP y, en algunos casos, incluso una selfie.

La propuesta se presenta como una estrategia de seguridad para combatir la extorsión telefónica. La idea, según se plantea, es simple: que cada número tenga nombre y apellido.

El mensaje aclara que, técnicamente, los datos no quedarían en manos directas del gobierno, sino bajo resguardo de las empresas operadoras de telefonía. Sin embargo, advierte que las autoridades sí pueden solicitar acceso a esa información para investigar delitos.

Ahí es donde, según el planteamiento del video, comienza el problema. Con las leyes actuales, el gobierno puede requerir datos a empresas privadas, y al sumarse este registro surge una pregunta central: ¿Qué tan seguros están realmente esos datos?

El video menciona riesgos como hackeos, filtraciones y tráfico ilegal de información personal , y cuestiona si existe la capacidad real para proteger esa base de datos masiva.

Si el objetivo es combatir la extorsión , el mensaje plantea otra interrogante: ¿por qué no empezar por las cárceles?

Muchas extorsiones, señala, se realizan desde centros penitenciarios, donde existen celulares pese a las prohibiciones. La pregunta es directa: ¿quién permite el ingreso de esos dispositivos? ¿quién los deja pasar?

Desde esta perspectiva, el registro de líneas telefónicas no ataca el origen del problema, sino que vuelve a colocar la vigilancia sobre el ciudadano común.

El video advierte que el registro podría incluso generar efectos contrarios:

• Más robo de celulares
• Más clonación de tarjetas SIM
• Más venta de líneas ilegales

Sobre todo, señala, cuando las empresas pueden registrar grandes volúmenes de líneas sin controles claros.

El mensaje concluye que la discusión no es si se quiere seguridad, porque esa es una demanda legítima, sino por qué la vigilancia siempre empieza afuera y nunca adentro.

Porque cuando se quita privacidad y libertad a cambio de “seguridad", y ni siquiera se resuelve lo básico, algo no cuadra.

La transparencia en México atraviesa un momento crítico. Los órganos garantes de acceso a la información, que durante años han protegido el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se manejan los recursos públicos y a vigilar a los gobiernos, están desapareciendo de manera sistemática.

Al día de hoy, de los 32 estados, 10 ya perdieron sus órganos garantes, 12 aprobaron reformas para extinguirlos, y 6 están al borde de desaparecerlos. Este proceso no es casual ni accidental: es un golpe directo a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana.

En marzo de 2025, el regimen morenista dio un paso histórico al extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ), el máximo órgano garante del país.

Este organismo, que durante años funcionó como un referente nacional en la protección del derecho a saber, dejó de existir, marcando el inicio de una tendencia preocupante: la eliminación gradual de las instituciones autónomas de transparencia en los estados.

Hoy, 88% de los órganos locales de transparencia ya tienen definida su ruta de extinción, lo que evidencia un plan sistemático y no una serie de hechos aislados.

Un monitoreo reciente de los congresos y órganos garantes de los 32 estados muestra un panorama alarmante:

• Sin iniciativa: 4 entidades siguen operando, pero no hay planes claros de reforma.
• Iniciativa presentada: 6 entidades ya tienen propuestas de extinción pendientes de aprobación.
• Reformas aprobadas: 12 entidades ya extinguieron formalmente sus órganos garantes locales.
• Extintos: 10 entidades han eliminado completamente sus organismos de transparencia.

Estos datos dejan en claro que la desaparición de los órganos garantes no es un accidente político, sino un proceso estructurado y acelerado por agendas partidistas.

La desaparición de estas instituciones representa un retroceso histórico en derechos fundamentales. Sin órganos garantes, los ciudadanos pierden herramientas clave para vigilar a sus gobernantes, denunciar irregularidades y exigir rendición de cuentas. La opacidad institucional se convierte en norma, mientras la sociedad queda desprotegida frente a posibles abusos de poder.

México está frente a un escenario preocupante: la extinción de sus órganos garantes de transparencia no solo debilita a las instituciones, sino que amenaza directamente el derecho de los ciudadanos a saber y participar en la vida pública.

Durante los últimos años, y específicamente, desde el último sexenio, hemos sido testigos de una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Morena que han transformado significativamente a México.

Bajo el lema de la democracia y la justicia social, estas modificaciones prometían un cambio positivo, pero la realidad pinta un panorama muy distinto. Después de tantas reformas controvertidas, como la austeridad que en la práctica ha reducido la transparencia, la militarización de la seguridad pública, o la limitación al acceso libre a la justicia, ahora nos enfrentamos a lo que muchos califican como “la madre de todas las reformas”: la reforma electoral.

Si algo nos ha enseñado la experiencia es que las palabras oficiales suelen ocultar verdaderas intenciones. Morena sostiene que la reforma electoral reducirá costos en las elecciones y limitará recursos a los partidos políticos, en especial a los llamados “plurinominales”, esos diputados que muchas veces han sido señalados por carecer de legitimidad directa.

Pero ojo, porque lo que a simple vista parece un ajuste económico puede esconder mucho más.

Esta nueva reforma apunta, en realidad, a acotar la participación y fuerza de la oposición, controlando a los órganos electorales y asegurando una mayoría permanente para el oficialismo en el Congreso. Esto significa menos contrapesos, menos fiscalización y, en el fondo, más poder concentrado en un solo bando.

El gobierno ha demostrado en el pasado que las reformas nunca fueron solo para mejorar la vida de la gente, sino para acumular poder: eliminar organismos autónomos como el INAI , restringir las formas de defensa ante abusos de autoridad, militarizar la seguridad y controlar la información a través de leyes de censura.

Ahora, con la reforma electoral, se busca consolidar ese control y dejar poco espacio para la diversidad política y la democracia real.

Por eso, esta reforma no es un asunto menor ni sólo técnico, sino una jugada crucial con la que Morena intenta cerrar el círculo de transformaciones que cada vez limitan más las libertades de todos los mexicanos. No es exageración, no es paranoia; es estar atentos y conscientes del rumbo que toma nuestro país.

No lo olvidemos, mientras la atención pública se concentra en la reforma electoral, Morena y sus aliados han consumado un paquete legal que modifica de manera profunda el equilibrio democrático del país. Entre estas medidas ya aprobadas, destaca la llamada Ley Espía , que otorga al gobierno acceso directo a datos personales de cualquier ciudadano sin autorización judicial.

La norma obliga a empresas privadas y dependencias públicas, de todos los niveles, a entregar información personal, biométrica, bancaria, telefónica y patrimonial para integrarla en una plataforma nacional de inteligencia. Con ello, lo que antes estaba protegido por la privacidad y el debido proceso, hoy queda expuesto a una vigilancia masiva amparada por la ley.

Paralelamente, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional habilita a elementos en activo del Ejército y de la corporación para participar en procesos electorales, rompiendo con una tradición que buscaba evitar la militarización de la política. El mismo marco legal autoriza operativos encubiertos y el uso de identidades digitales falsas, prácticas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado inconstitucionales.

En conjunto, estas disposiciones colocan a México ante un escenario en el que la concentración de poder y la ausencia de contrapesos permiten al Estado vigilar, intervenir y, potencialmente, influir en la vida privada y política de los ciudadanos.

Lo que nadie permitiría a un desconocido —revisar mensajes, ver fotos, rastrear movimientos— ahora es una facultad legal del gobierno. El debate ya no es si estas herramientas representan un riesgo, sino cómo y cuándo se usarán.

La propuesta de una reforma electoral promovida por el gobierno de Morena ha generado alertas entre los legisladores de oposición, quienes señalan que podría poner en riesgo la democracia en México.

Según el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, esta iniciativa representa un “traje a la medida de la 4T” que busca eliminar la pluralidad política al terminar con la oposición real.

Hasta ahora, las reformas electorales han surgido principalmente desde la oposición y no desde el partido en el poder, lo que para los críticos es un signo claro del peligro que implicaría dejar la normativa en manos de Morena y su mayoría legislativa.

Pablo Vázquez, diputado de Movimiento Ciudadano, califica como “sin sentido” que esta reforma sea impulsada desde el Ejecutivo, especialmente con una tendencia centralista y hegemónica en el gobierno actual.

La preocupación principal es que se podría concentrar más poder el partido dominante, y así reducir los contrapesos políticos.

Además, senadores como Ricardo Anaya, coordinador del PAN, señalan que el objetivo real detrás de la reforma no son los debates sobre plurinominales, sino el control absoluto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordaron que el oficialismo ya ha tomado control de órganos fundamentales como el Poder Judicial, por lo que el siguiente paso sería dominar la institución encargada de garantizar la imparcialidad electoral.

El gobierno ya estableció una comisión encargada de diseñar esta reforma electoral. Sin embargo, la controversia crece porque está integrada por siete personas estrechamente vinculadas a Morena.

Dentro de esta comisión se pueden escuchar nombres como Arturo Zaldívar, Ernestina Godoy, Rosa Icela Rodríguez, lo que aumenta el escepticismo de la oposición sobre la transparencia.

Alejandro Moreno, senador del PRI, denuncia que los supuestos foros de discusión anunciados desde la presidencia son solo una simulación, recordando episodios anteriores como la reforma a la ley de telecomunicaciones , conocida como Ley Censura, que también fue impulsada sin un verdadero diálogo.

El parlamento de Rusia aprobó una polémica ley que pone en manos del gobierno el control del internet, decide qué sí se puede hacer y qué no, así como las aplicaciones que estarán permitidas y prohibidas para los ciudadanos. ¿Te suena?

En forma parecida a como y el Senado de la República de México aprobaron la Ley Censura que les da facultades para vigilar qué hacen las personas en internet, la Duma estatal, es decir, la cámara baja rusa, aprobó este 22 de julio de 2025 sanciones con multas a las personas que consulten contenido calificado como “extremista”.

Estas medidas de censura han sido criticadas no sólo por los opositores a Vladimir Putin, sino incluso por políticos aliados al régimen.

La nueva legislación rusa menciona que habrá una multa de 5 mil rublos, casi mil 200 pesos mexicanos, a quienes incumplan las disposiciones de la Ley Censura , lo que podría derivar en sanciones más severas en el futuro.

La lista de materiales extremistas del Ministerio de Justicia abarca más de 500 páginas. Entre las entidades prohibidas en Rusia por llevar a cabo “actividades extremistas” están el Fondo Anticorrupción del difunto crítico del Kremlin, Alexei Navalny, algo que el gobierno ruso ha llamado el “movimiento LGBT internacional”, así como la empresa tecnológica de Estados Unidos Meta Platforms, responsable de redes sociales como Facebook y WhatsApp .

Incluso, legisladores encargados de regular el sector de tecnologías de la Información, señalaron que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp debería prepararse para dejar de operar en Rusia, ya que probablemente sería añadida a la lista de software restringido.

Moscú ha buscado desde hace tiempo establecer lo que llama “soberanía digital” al promover servicios locales, incluida una nueva aplicación de mensajería respaldada por el Estado, llamada MAX, pero muchas personas en Rusia todavía dependen de plataformas extranjeras.

Boris Nadezhdin, político opositor al régimen de Vladimir Putin, acusó que la censura de palabras en internet y de aplicaciones es digno de las novelas distópicas del escritor británico George Orwell , como en su obra 1984, donde el Estado controlaba qué se podía decir y hasta lo que era permitido pensar.

“Esto crea problemas reales para decenas de millones de personas. ‘Prohibamos WhatsApp. Prohibamos Wikipedia. Prohibamos buscar ciertas palabras en internet.’ Eso es algo orwelliano. Resistiremos”, declaró Nadezhdin en una conferencia de prensa.

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es, desde hace años, un documento esencial en México, pues sirve como identificador oficial para una vasta gama de trámites, desde educativos y laborales hasta de salud y financieros. La nueva reforma para implementar la CURP Biométrica ha generado preguntas como si este registro es obligatorio, además de qué implicaciones tendrá para los millones de mexicanos y aquí te decimos todo lo que tienes que saber.

El Artículo 91 Bis. establece claramente que la CURP, que "contenga huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación obligatorio , de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital." Esto significa que, una vez que una persona cuente con su CURP biométrica, esta deberá ser aceptada sin excepción como identificación oficial en todo el país. Su obligatoriedad recae en la aceptación por parte de las instituciones, no necesariamente en su obtención inicial.

La integración de los datos biométricos se realizará, previo consentimiento de las personas titulares. Esto indica que, al menos en la fase de recolección de los datos para la identificación biométrica, se requerirá el consentimiento del ciudadano.

Por lo tanto, mientras que la aceptación de la CURP con datos biométricos será obligatoria para las instituciones, la obtención de estos datos parece estar supeditada al consentimiento del individuo.

El Artículo 91 Bis. menciona los datos que integrarán esta nueva identificación:

• Huellas dactilares: Elemento clave para una verificación unívoca.
• Fotografía: De alta resolución, para reconocimiento facial.

Adicionalmente, el Artículo 91 Ter. menciona que la CURP con datos biométricos "se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud, que prevé la Ley General de Salud. También a una "Plataforma Única de Identidad", donde se centralizarán los datos de los ciudadanos; sin embargo, esto ha sido duramente señalado por la vulnerabilidad de las identidades de las personas.