Los indicios alrededor de Amílcar Olán , el socio incómodo de Andy López Beltrán, incluyen contratos millonarios, presuntas empresas fantasma, propiedades y un adeudo fiscal de más de 300 millones de pesos... ¿será por todo eso que se fue a esconder a Suiza?

En la mesa de análisis de Tolerancia Cero, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín hablan sobre este caso, que evidencia la impunidad que existe alrededor del Clan del Malestar nacido en Tabasco.

Pero hasta Suiza llegó la huella de este clan, porque en ese país el equipo de Azteca Noticias encontró a Amílca Olán. ¿Tuvo algún tipo de apoyo desde México, para esconderse entre lujos y evadir los señalamientos que existen en su contra?

¿De quién se esconde? Adversarios, exsocios, antiguos aliados, autoridades de Estados Unidos o hasta el narcotráfico, pero no se sabe con exactitud. El análisis completo de este caso en Tolerancia Cero.

El Buzón de Paz, instalado en iglesias y en espacios comunitarios, se han convertido en una esperanza para las familias que buscan a sus personas desaparecidas , ya que en ellos pueden realizar denuncias anónimas.

Estos buzones permiten que cualquier persona deje, de manera anónima, información relacionada con situaciones de riesgo, violencia o incluso datos de personas desaparecidas.

En un contexto donde muchas víctimas o testigos temen denunciar directamente, el Buzón de Paz ofrece un canal seguro y confidencial para alertar a las autoridades o a organizaciones civiles.

Su presencia en espacios religiosos también ayuda a generar confianza y al sentido de comunidad, convirtiéndolo en un medio accesible para quienes buscan ayudar sin exponerse.

Este buzón está diseñado para ser completamente anónimo, ya que no recopila ninguna información personal sobre las personas interesadas en denunciar o dar información.

El buzón de paz funciona cuando tienes información relevante sobre una persona no localizada, como nombre, edad, características físicas, última vez que fue vista o cualquier otro dato que pueda ayudar a encontrarlos, puedes escribirlos y depositarlos en el buzón sin necesidad de revelar tu identidad.

Cada dato cuenta, y aunque parezca pequeño, puede ser clave para encontrar a alguien o evitar un daño mayor. La información es recibida por colectivos de búsqueda, autoridades o representantes comunitarios comprometidos que manejan con estricta confidencialidad.

Por medio de un comunicado, el Arzobispo Primado de México, pidió a todas las comunidades parroquiales, conscienes de que, en medio de una realidad tan dolorosa y compleja, la información puede dar esperanza a una familia que tiene un ser querido desaparecido.

"La Arquidiocesis hara llegar a las parroquias las indicaciones para su instalación, cuidado y funcionamiento, asi como para la adecuada canalizacion de la informacion que pudiera recibirse. Estas orientaciones estaran tambien disponibles en la pagina de la Arquidiocesis Primada de Mexico a partir de este jueves 27 de agosto", se lee en el comunidado.

Estos buzones son colocados por organizaciones civiles, colectivos de búsqueda, instituciones religiosas y, en algunos casos, por autoridades locales.

En particular, colectivos de familiares de personas no localizadas han impulsado esta iniciativa como una forma de obtener información confidencial que pueda ayudar en sus búsquedas.

También participan parroquias, comunidades religiosas y líderes sociales que brindan sus espacios como puntos seguros y accesibles para que la ciudadanía pueda aportar datos de manera anónima.

Estas personas u organizaciones se encargan de revisar periódicamente el contenido del buzón, canalizar la información recibida a las instancias correspondientes y asegurar que se respete la confidencialidad de quienes aportan datos.

Actualmente, el Buzón de Paz se encuentra instalado en una comunidad del Ajusco, y como parte del esfuerzo por ampliar su alcance, se planea colocar al menos 19 buzones más en distintas zonas de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Esta expansión comenzará por las parroquias de los otros tres pueblos que integran el Ajusco: San Miguel, La Magdalena y San Miguel Xicalco, así como en Santo Tomás.

Además, la iniciativa se está extendiendo a otros estados del país, con la instalación de buzones en entidades como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México, en colaboración con iglesias y colectivos locales.

El desarrollo de los proyectos federales en México ha desatado una crisis ambiental sin precedentes que hoy mantiene en alerta a especialistas y comunidades locales. Bajo la gestiónde la 4T, la biodiversidad del sureste y las costas del Golfo enfrentan una degradación sistemática, donde la celeridad de las obras de infraestructura y la falta de protocolos efectivos han provocado daños irreversibles en selvas, cenotes y litorales.

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La construcción del Tren Maya ha generado lo que especialistas y comunicadores califican como un perjuicio ecológico que no podrá revertirse en la Península de Yucatán.

La edificación sobre terrenos de extrema fragilidad ha comprometido la integridad de redes de cavernas subacuáticas y cenotes, elementos vitales para el equilibrio hídrico de la región.

De manera específica, los reportes técnicos en el segmento 5 Sur han evidenciado una situación alarmante: los cimientos presentan deterioros visibles y los pilares muestran signos avanzados de corrosión.

Estas fallas estructurales no solo representan un ecocidio por la fragmentación de la selva húmeda, sino que también ponen en duda la estabilidad y seguridad de toda la infraestructura ferroviaria a largo plazo.

El ecosistema marino enfrenta una de sus crisis más severas debido a vertidos de hidrocarburos que han contaminado una extensión superior a los 933 kilómetros en 4 entidades federativas distintas.

En el Golfo de México, la marea negra ha impactado directamente 53 playas situadas entre Veracruz y Tabasco, alterando el entorno de reservas naturales y zonas de arrecifes.

El daño a la biodiversidad es palpable, con reportes de mortalidad y riesgo inminente para especies como tortugas marinas en la zona de El Carrizal, además de manatíes y diversas variedades de peces.

La falta de medidas preventivas por parte de la federación ha sido señalada como el factor determinante en este desastre que golpea tanto al medio ambiente como al sector turístico y pesquero.

La zona turística de Quintana Roo también registra afectaciones directas por obras de infraestructura, particularmente por la edificación del puente Nichupté.

Este proyecto ha incidido negativamente en los manglares de la laguna, reduciendo la protección natural de la costa y alterando el hábitat de múltiples especies locales.

Paralelamente, en diversas comunidades mayas del estado de Yucatán, los habitantes han levantado la voz para denunciar despojos de tierras y la proliferación de granjas tóxicas que contaminan el subsuelo.

Estos testimonios refuerzan la narrativa de un modelo de desarrollo que prioriza la obra civil sobre la conservación de la biodiversidad y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos originarios.

La crisis de violencia en México ha alcanzado niveles que desafían no solo la seguridad pública, sino también el sentido común de las autoridades. Mientras el tejido social se desgarra con eventos que parecen sacados de una pesadilla, la respuesta institucional parece quedarse atrapada en gestos simbólicos y burocráticos que poco o nada hacen para detener la sangre que corre en espacios públicos, turísticos y escolares.

Este fenómeno no es aislado; responde a una retórica que ha permeado en diversos estratos de la sociedad durante los últimos seis años. El impacto de los mensajes de odio y la polarización ha encontrado un eco trágico en individuos que ven en la agresión una forma de validación. La realidad nos golpea con la noticia de que incluso nuestros sitios más sagrados y antiguos ya no están exentos de la barbarie.

La crisis de violencia en México se manifiesta a través de la ineficacia gubernamental, la influencia de discursos externos e internos, y el doloroso incremento de crímenes cometidos por menores de edad, un síntoma inequívoco de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables y en sancionar a los culpables.

El Gobierno Federal parece haber encontrado una ‘solución’ peculiar para evitar actos violentos como los recientemente ocurridos en Teotihuacán : colocar letreros donde se prohíba el ingreso con armas a los sitios arqueológicos.

Esta medida pretende que, mediante carteles en las paredes, los criminales entiendan que no deben ejecutar a nadie en zonas turísticas. Bajo esta lógica, pronto podríamos ver anuncios de ‘prohibido carros-bomba’ en el AIFA, ‘prohibido robar celulares’ en el transporte público o ‘prohibido quemar comercios’.

Mientras se enfocan en prohibir el vapeo, la verdadera tragedia es que un criminal en Teotihuacán replicó los mensajes de odio emitidos desde el poder, evidenciando que la crisis de violencia en México se alimenta de la retórica oficial de los últimos seis años.

El ataque contra turistas inocentes, tratados como si fueran invasores, es un acto despreciable que encuentra una oscura inspiración en masacres extranjeras, como la ocurrida un 20 de abril en la preparatoria Columbine, Colorado.

Sin embargo, la crisis de violencia en México revelada en las pirámides es aún más cruda que cualquier referente estadounidense. Vivimos en un país donde se registran 50 asesinatos diarios (dos cada hora) y donde la gran mayoría de las víctimas y victimarios son jóvenes. Un ejemplo reciente es el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo , a manos de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de apenas 17 años que disparó en seis ocasiones contra el funcionario.

La degradación social se hace evidente cuando menores de edad cometen crímenes con un sadismo aterrador. En Sonora, Montserrat y Britany Michel, de 13 y 15 años, asesinaron a Leyla Montserrat y grabaron el acto para la posteridad .

La indignación ante la crisis de violencia en México crece al observar las sentencias: 11 meses de libertad condicional para la menor de 13 años y poco más de dos años para la de 15, con una reparación del daño de apenas 5 mil 600 pesos.

Este patrón de violencia juvenil se repite con casos como el de Azhara Aylin, quien terminó con la vida de Norma Lizbeth en una secundaria de Teotihuacán, dejando claro que la impunidad es el combustible de estas tragedias.

El futuro del país parece hipotecado por la violencia que recluta y consume a los niños. En Torreón, un menor de 11 años atacó el Colegio Cervantes con armas de fuego; el pasado marzo, Osmar ‘H’, de 15 años, utilizó un fusil AR-15 para asesinar a dos maestras en Michoacán.

Incluso en delitos de bandas organizadas, los menores están presentes, como ocurrió en Valle de Chalco, donde un joven participó en el incendio de una tienda que provocó la muerte del pequeño Henry , de solo dos años.

Estos hechos demuestran que la crisis de violencia en México no se soluciona con señales en las paredes, sino con un cambio estructural que detenga la fábrica de delincuentes en la que se han convertido nuestras calles.

Mientras el discurso oficial de la 4T pregonaba el fin de la corrupción, en los chats de Petróleos Mexicanos (Pemex) se escribía una historia muy distinta. Un nuevo escándalo en el que estaría vinculado un personaje del círculo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador con una trama de sobornos que ya es investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La investigación, que ha escalado hasta una corte en Texas, señala un esquema de corrupción de alto nivel. El protagonista es Javier Núñez, quien fungió como Subdirector de Abastecimiento de Pemex durante el sexenio pasado. Según los expedientes judiciales en Estados Unidos, Núñez habría servido como el intermediario clave para favorecer a la empresa texana Drillmec Inc. con un contrato estratosférico de 541 millones de dólares.

El objetivo del contrato era la adquisición de equipo especializado para la perforación de pozos petroleros, una de las prioridades de la anterior administración. Sin embargo, el camino para obtenerlo no fue la competencia legal, sino el pago de ‘comisiones’.

De acuerdo con los hallazgos documentados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) , la operación se realizó mediante una adjudicación directa, saltándose cualquier proceso de licitación transparente.

Lo más escandaloso es la naturalidad del delito: las negociaciones se realizaban a través de Whatsapp. En estos chats se pactaron sobornos que oscilan entre los 1.5 y los 3.5 millones de dólares para aceitar la maquinaria burocrática de la paraestatal y asegurar que el contrato llegara a manos de Drillmec.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y de que su nombre figura en una investigación federal en Estados Unidos, Javier Núñez no fue separado de la función pública ni llamado a cuentas por las autoridades mexicanas. Por el contrario, el funcionario fue ‘reciclado’ y actualmente se desempeña como Subdirector de Operaciones del Infonavit.

• Núñez no es un técnico cualquiera; es identificado como un amigo cercano y operador de confianza de López Obrador, lo que pone en entredicho la supuesta ‘limpieza’ de los mandos superiores en el sector energético.

Mientras en México el sistema de justicia parece ignorar el rastro de los mensajes de WhatsApp, el Departamento de Justicia estadounidense sigue la ruta del dinero. Este caso se suma a una lista creciente de expedientes donde las cortes de Texas y Nueva York terminan exhibiendo lo que en México se intenta ocultar bajo la alfombra de la austeridad republicana de la 4T .

Hasta el momento, ni Pemex ni el Infonavit han emitido una postura oficial sobre la situación jurídica de Núñez ante las autoridades estadounidenses.

La reciente detención en Estados Unidos de Rafael Zaga Tawil , señalado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como un símbolo de impunidad y corrupción, ha vuelto a poner bajo el reflector el presunto fraude en Infonavit. Acusado por el morenismo de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de un desfalco de 5 mil millones de pesos, este caso fue utilizado históricamente como estandarte político para justificar el desmantelamiento del antiguo Poder Judicial.

Para entender este entramado legal, es necesario remontarse al sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2014, el Infonavit firmó un acuerdo con la empresa Telra Realty para desarrollar programas orientados a recuperar viviendas abandonadas. Sin embargo, la compañía no logró entregar el servicio contratado en el plazo de dos años estipulado.

La controversia estalló cuando, en lugar de ser penalizada por el incumplimiento, el Consejo de Administración del instituto autorizó el pago de una jugosa indemnización de 5 mil millones de pesos por la ruptura del contrato.

Esta millonaria cifra llevó a la administración de la '4T' a calificar el acto como un saqueo injustificado. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, inició investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión contra el empresario y su familia. Al no poder sustentar plenamente las denuncias iniciales, el exmandatario acusó públicamente a jueces y magistrados de carecer de ‘rectitud y honestidad’ para proteger intereses privados.

Tras el encarcelamiento de su hermano, Rafael Zaga Tawil decidió trasladarse a territorio estadounidense para solicitar asilo, argumentando ser víctima de una cacería y persecución por parte del gobierno. Por ello, su defensa sostiene hoy que su retención por motivos migratorios es totalmente indebida. Mientras tanto, en México, el entonces gobierno presumió haber doblegado a los proveedores, mostrando en televisión un cheque de 2 mil millones de pesos como supuesto triunfo contra la impunidad.

No obstante, diversas voces críticas y análisis documentales señalan que el escándalo en torno a Rafael Zaga Tawil contrasta drásticamente con otras cifras de la administración saliente. Los 5 mil millones de pesos del caso Telra Realty resultan menores si se comparan con la apropiación gubernamental de 2.4 billones de pesos pertenecientes al fondo de vivienda de los trabajadores.

A la par, reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han documentado presuntos desvíos que manchan la bandera anticorrupción del movimiento, como el desfalco en Segalmex por 9 mil 500 millones de pesos, que de acuerdo a las críticas, fue encubierto. El escenario de la corrupción de la 4T también abarca irregularidades y opacidad en dependencias como la Conade, el extinto Insabi y en fideicomisos de salud y ciencia que superaban los 551 mil millones de pesos.

La captura de Rafael Zaga Tawil marca un nuevo capítulo judicial, pero al mismo tiempo abre un debate profundo sobre la transparencia en México, en una época marcada por sobrecostos millonarios y obras públicas bajo escrutinio, como la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El exitoso regreso de los cuatro astronautas de la misión Artemis II ha marcado un hito mundial; tras dar la vuelta a la Luna, pasar por su lado oscuro y alcanzar una distancia que ningún humano había logrado desde 1972, la NASA planea construir una base lunar como antesala para llegar a Marte. Sin embargo, este triunfo pone bajo la lupa la crisis del desarrollo científico en México, un sector que, a abril de 2026, enfrenta uno de sus momentos más críticos debido al abandono institucional.

Mientras Estados Unidos utiliza su programa espacial para mantener un liderazgo tecnológico y geopolítico con una inversión de 90 mil millones de dólares (de los cuales 4 mil millones correspondieron únicamente al reciente viaje), el panorama para nuestro país es abrumador. Hace 15 años, la Agencia Espacial Mexicana contaba con 120 millones de pesos; hoy, su presupuesto es de apenas 40 millones para investigación.

Esto explica por qué la inversión en ciencia y tecnología en territorio nacional representa apenas un raquítico 0.17% del PIB . A pesar del talento histórico de figuras que han roto barreras como Rodolfo Neri Vela, José Hernández y Katya Echazarreta, y de los enormes esfuerzos de la UNAM para desarrollar nanosatélites, el desarrollo científico en México carece de un interés genuino por parte del gobierno.

En contraste con los proyectos rigurosos de la NASA, la política mexicana ha estado marcada por declaraciones sin bases científicas. Por ejemplo, la diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez aseguró públicamente que en Veracruz ya se construye una nave espacial para viajar a Marte y cultivar café en el planeta rojo.

Esta falta de seriedad se suma a un discurso oficial que durante años ridiculizó el pensamiento científico y la formación académica de excelencia en el extranjero, tildando a los estudiantes de ‘aspiracionistas’ y acusándolos de ir a universidades de prestigio sólo a ‘aprender a robar’. En lugar de fomentar la innovación aplicada, el entorno de desprecio hacia el conocimiento ha provocado que el 95% de las patentes solicitadas a nivel nacional pertenezcan a empresas extranjeras.

La retórica en contra del desarrollo científico en México no solo afecta el ámbito espacial, sino que ha cobrado una dura factura en temas de vida o muerte. Durante la pandemia, el gobierno y la exdirectora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunciaron la creación de los ventiladores Ehecatl 4-T y Gatsi, presentados como tecnología estatal de bajo costo. Al final, todo resultó ser un engaño: las patentes no eran nacionales, su fabricación fue muy cara y los equipos nunca funcionaron. Peor aún, esta farsa detonó compras de emergencia a sobreprecio de equipos viejos a la empresa de León Manuel Bartlett, hijo del entonces titular de la CFE.

Aunado a esto, la Auditoría Superior de la Federación documentó que Álvarez-Buylla desvió 400 millones de pesos e incurrió en tráfico de influencias . Hoy, México ocupa el peor lugar en materia científica dentro de la OCDE, con solo un 1% de alumnos mostrando resultados sobresalientes en ciencias. Para avanzar, el desarrollo científico en México exige presupuesto real y seriedad, dejando atrás las eras de misticismo gubernamental donde se prefería hablar de ‘aluxes’ antes que de ciencia.

El nombre de Jorge Stephan Romita Iturbide comenzó a generar polémica luego de revelarse una serie de contratos millonarios obtenidos mediante adjudicación directa con distintas dependencias del gobierno federal.

De acuerdo con información difundida por el medios, el empresario habría acumulado contratos que superan los 4 mil 500 millones de pesos, a través de empresas como “DR México” y “VIP Ingeniería”.

Uno de los puntos que más llama la atención es el crecimiento acelerado del empresario, quien pasó de vender artículos básicos como papelería a convertirse en proveedor de tecnología y equipamiento de alto nivel para el gobierno.

En 2020, por ejemplo, vendió 100 mil cubrebocas a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México , entonces encabezada por Luz Elena González Escobar. Sin embargo, en años posteriores, sus contratos escalaron significativamente en monto y alcance.

Entre los casos más relevantes se encuentra un contrato por aproximadamente mil 200 millones de pesos para la provisión de equipos destinados a la recolección de datos biométricos , otorgado por la Agencia de Transformación Digital encabezada por José Merino. Además, en 2022, durante la gestión de José Rafael Ojeda Durán en la Secretaría de Marina, obtuvo un contrato por más de 2 mil 600 millones de pesos para equipos de detección en aduanas.

Reportes señalan que, tres años después, este proyecto presentaba avances de apenas el 80%, lo que ha generado dudas acerca de su ejecución. También destacan contratos con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, incluyendo la venta de termómetros y la instalación de torniquetes en la Línea 1 por 130 millones de pesos.

El uso de la adjudicación directa, un mecanismo legal pero cuestionado, es el principal foco de las críticas. Especialistas señalan que este tipo de contratos, al no pasar por procesos de licitación pública, pueden reducir la competencia y la transparencia, lo que abre la puerta a posibles irregularidades.

Hasta el momento, no existe una postura oficial detallada por parte del empresario ni de las dependencias involucradas sobre estos señalamientos.

El caso Stephan Romita también encendió las alertas por el manejo de datos biométricos, un tema sensible que involucra privacidad y seguridad nacional.

Analistas advierten que la falta de claridad en estos contratos podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones. La pregunta queda en el aire: ¿son estas adjudicaciones parte de una estrategia o un reflejo de infinitas fallas en la transparencia del gasto público de la 4T?

Un nuevo señalamiento golpea al obradorismo y pone bajo sospecha la relación entre Morena, sindicatos y dinero público. Julio Scherer Ibarra acusó que desde el entorno de Andrés Manuel López Obrador se impulsaron apoyos corruptos para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro .

La acusación apunta a Jesús Ramírez Cuevas. Según Scherer Ibarra, el entonces vocero presidencial fue artífice de un decreto que abrió la puerta a una compensación vitalicia para personas que ya habían sido liquidadas años antes.

Asimismo, exhibe que Morena habría impulsado campañas a cambio de beneficios económicos entregados a grupos con capacidad de movilización política y electoral.

De acuerdo con Julio Scherer Ibarra, el caso de Luz y Fuerza del Centro no solo implicó una carga multimillonaria para el erario, sino una presunta operación para consolidar alianzas políticas con recursos públicos.

Su acusación sostiene que a extrabajadores de la extinta empresa se les otorgó una pensión pese a que ya habían sido liquidados entre ocho y diez años antes. Es decir, ya no existía base legal para entregarles ese beneficio.

Bajo ese esquema, estos apoyos tuvieron fines corruptos: aseguraron cercanía sindical, respaldo electoral para Morena y presión en proyectos de interés para personajes del círculo más cercano al poder.

Uno de los puntos más duros del señalamiento es el costo económico. Scherer Ibarra afirmó que estos actos de corrupción absorbieron 28 mil millones de pesos de la economía del país y solo beneficiaron a unos cuantos en Morena.

El señalamiento apunta a una operación con alto costo para las finanzas públicas y con rendimiento político para quienes necesitaban estructura, lealtad y respaldo.

Jesús Ramírez Cuevas queda bajo señalamiento directo. Scherer Ibarra asegura que fue quien empujó el decreto que permitió sacar esa tajada para extrabajadores de Luz y Fuerza.

Con eso, el caso expone una acusación mucho más seria: el presunto uso de dinero público para asegurar respaldo sindical y operación política.

El señalamiento además golpea una de las banderas de Morena: el combate a la corrupción. Según Scherer Ibarra, aquí habría pasado exactamente lo contrario.

El fondo del señalamiento es político. Según Julio Scherer Ibarra, la prebenda no fue un algo aislado, sino una decisión con que solo facilitó la operación de Morena.

De acuerdo con su versión, el sindicato apoyó a precandidatos y candidatos, además de meter presión en proyectos que interesaban a Jesús Ramírez Cuevas. Se planteó como el dinero público se habría convertido en moneda de cambio para apuntalar poder.

Este episodio fue documentado por Julio Scherer Ibarra en ‘Ni venganza ni perdón’ , libro escrito junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez . La obra recoge pasajes de las disputas internas del obradorismo y expone decisiones que, según sus autores, marcaron el rumbo del sexenio.

El caso de Luz y Fuerza del Centro aparece como uno de los ejemplos de favores políticos pagados con recursos públicos. Más que una ruptura personal, el señalamiento reabre la discusión sobre cómo se construyeron lealtades dentro del poder.

Pobre México, chingao. No salimos de los túneles de El Chapo y ahora nos metemos, literal, a las cuevas de Jesús Ramírez. Tan narco uno como el otro. Uno ya está preso; al otro, aseguran, lo quieren preso en Estados Unidos. Y su nombre ya aparece en listas. Sí, en listas.

Primero, en esa supuesta lista de narcopolíticos mexicanos que (según versiones) tendría la Casa Blanca y que aquí, de este lado, se niega que exista. Después, en las páginas del libro "Ni Venganza Ni perdón", donde el nombre de Jesús Ramírez Cuevas asoma en medio de un mundo moreno, oscuro, atravesado por el huachicol y el poder.

Se dice (porque hasta ahora no hay acusación formal pública en su contra) que el exvocero presidencial habría tenido relación con el empresario Sergio Carmona, señalado en investigaciones periodísticas por presuntas redes de contrabando de combustible.

Se dice que lo conectó con los poderosos. Se dice que ese ducto no solo movía combustible, sino también influencia. Y que con ese combustible se mojaban campañas políticas.

Hoy Jesús Ramírez Cuevas guarda silencio. Tan crucificado está en la arena pública que parece que le comieron la lengua los pejelagartos. No dice ni pío.

Jesús Ramírez Cuevas fue el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador . Fundador de Regeneración, fue uno de los hombres más cercanos al expresidente y el que construyó gran parte de la narrativa oficial del sexenio.

Desde las conferencias matutinas hasta la estrategia de comunicación, su mano estuvo presente en la construcción del discurso político que marcó seis años de gobierno.

En el libro "Ni venganza ni perdón", el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, hace referencia a presuntas relaciones entre Jesús Ramírez Cuevas y el empresario Sergio Carmona, señalado en investigaciones periodísticas por supuestas redes de huachicol fiscal y financiamiento político.

En la publicación se menciona que Ramírez Cuevas habría facilitado vínculos entre Carmona y figuras del poder político, así como posibles conexiones con campañas estatales. Estas afirmaciones han sido retomadas por legisladores de oposición, quienes han pedido que se investiguen los señalamientos.

Jesús Ramírez Cuevas ha negado públicamente cualquier vínculo con actividades ilícitas, mientras que figuras del oficialismo han minimizado las acusaciones y cuestionado la veracidad de las versiones contenidas en el libro.