El número de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó un nuevo máximo durante julio, pues cerca de 50 mil migrantes fueron arrestados ese mes, de acuerdo con los registros del Deportation Data Project de la Universidad de California, una cifra que no se había alcanzado durante la actual administración de Donald Trump.

Durante los primeros meses del segundo mandato presidencial, las autoridades migratorias realizaron acciones visibles en algunas de las principales ciudades del país, muchas de ellas acompañadas de una amplia cobertura mediática, pero con el paso del tiempo, los operativos se volvieron menos llamativos, aunque el volumen de arrestos continuó aumentando.

Julio cerró con 50 mil detenciones, más que las 43 mil 21 registradas en junio, pero la diferencia es todavía mayor si se toma como referencia febrero, cuando ICE contabilizó 29 mil 241 arrestos.

Además, medios de comunicación en Estados Unidos reportan que, durante agosto, también se superó la cifra de las 50 mil aprehensiones.

El crecimiento de las detenciones comenzó incluso antes del segundo periodo presidencial de Donald Trump, cuando ICE registraba alrededor de 8 mil arrestos y una parte importante de esos casos correspondía a migrantes que eran entregados a las autoridades de inmigración después de permanecer en cárceles.

Con la llegada de la nueva administración, las condiciones para efectuar arrestos se ampliaron y las cifras comenzaron a subir de manera progresiva.

Los aeropuertos se han convertido en un escenario recurrente de las acciones migratorias, y es que datos del Deportation Data Project indican que, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, ICE efectuó 568 arrestos en terminales aéreas de Estados Unidos o en zonas cercanas.

La meta establecida por el gobierno es alcanzar dos mil arrestos diarios, como parte de su estrategia para endurecer la aplicación de las leyes migratorias.

El crimen organizado se apoderó por completo del tráfico de personas en la frontera entre Estados Unidos y México, cada vez son más quienes tienen que pagar miles de pesos para llegar a la unión americana.

Los cárteles mexicanos de la droga controlan por completo el tráfico humano en la frontera, específicamente en el sector de San Diego.

El cobro es de alrededor de 20 mil dólares por persona, algo así como 400 mil pesos por cada migrante que quiera tener la posibilidad de cruzar ilegalmente hacia el vecino del norte.

De acuerdo con el portavoz de la patrulla en este sector San Diego, Gerardo Gutiérrez, ni siquiera el aumento en la utilización de las herramientas tecnológicas ha logrado detener el trasiego de personas, lo que sí ha hecho, es obligar a buscar nuevas rutas tanto terrestres como marítimas.

En ambas, las consecuencias no cambian, el cobro que hace el crimen organizado no es negociable y tampoco termina cuando el migrante pisa territorio estadounidense.

El aumento de las medidas establecidas para llegar a Estados Unidos por medios legales, ha provocado que los migrantes busquen cualquier forma para conseguir el sueño incluso ilegalmente, esto es un caldo de cultivo perfecto con el peligro y los abusos como ingredientes principales.

El aumento en el costo de la extorsión también llegó de inmediato, las ganancias para el crimen organizado son millonarias, pero eso no significa que los medios que utilizan para propiciar los cruces hayan mejorado.

Más de 400 personas de distintas nacionalidades se concentraron este jueves en el Parque Bicentenario de Tapachula, Chiapas, antes de continuar su recorrido hacia el norte del país. La caravana migrante, llamada “Sueños sin Fronteras”, está integrada principalmente por personas de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y otros países de Centroamérica.

Entre quienes avanzan hay familias completas, niñas y niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Todos comparten una meta: encontrar mejores oportunidades y, para muchos, llegar eventualmente a Estados Unidos.

Una de las principales peticiones del contingente es que las autoridades migratorias les otorguen un documento que les permita transitar por territorio mexicano.

La mayoría busca llegar a la Ciudad de México, mientras que otros tienen como destino ciudades del norte como Monterrey y Guadalajara, desde donde planean definir sus siguientes pasos.

Después de reunirse en Tapachula, los migrantes comenzaron a avanzar hacia su primer punto de descanso: el municipio de Huehuetán.

El recorrido inicial es de aproximadamente 22 kilómetros, por lo que buena parte de la caminata se realizará durante la noche.

Mientras se preparaban para salir, los integrantes acomodaron sus pertenencias y organizaron el trayecto. Para muchos, el cansancio del camino apenas comienza, pero también la posibilidad de acercarse a la vida que esperan encontrar.

El año pasado dejó una cifra récord: 986 mil 314 eventos de personas en situación migratoria irregular fueron registrados en México durante 2024, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El dato ayuda a dimensionar el tamaño del flujo migratorio que atraviesa el país, aunque no equivale al número de personas únicas. Se trata de eventos registrados por las autoridades cuando se inicia un procedimiento administrativo migratorio o se canaliza a una persona, entre otros supuestos contemplados en la estadística oficial.

Además, 986 mil 314 es un dato mucho más sólido para contextualizar la caravana de Tapachula que decir simplemente “cientos de miles de migrantes recorren México”.

El fenómeno de la migración no se cuenta solo con estadísticas; los recuerdos y los objetos abandonados también forman parte de ese relato, como el resto de balsas varadas en las costas de Quintana Roo. Testigos silenciosos de la travesía de los migrantes en búsqueda de una vida mejor.

El fotógrafo Félix Barra decidió que esos restos no podían quedarse en el olvido. Lo que comenzó como un proyecto fotográfico de 15 imágenes para documentar el fenómeno migratorio en las costas mexicanas, se convirtió en una exhibición que refleja la desesperación, la resiliencia y sueños.

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos ha provocado un mayor número de deportaciones de mexicanos en los últimos años.

Sin embargo, no todos nuestros conciudadanos han llegado a territorio nacional, pues una investigación reveló que las autoridades estadounidenses han mandado a varios mexicanos a países de Centroamérica.

De acuerdo a información de CBS News, la administración de Donald Trump ha enviado de manera discreta a mexicanos deportados desde Estados Unidos hacia países de Centroamérica.

La misma fuente menciona que algunos migrantes han sido trasladados a Guatemala y Honduras en vuelos que incluso atraviesan territorio mexicano sin realizar el retorno de los ciudadanos a su país de origen.

Lo más polémico del caso es que estas deportaciones no han sido anunciadas públicamente por el gobierno estadounidense y llevarían varios meses realizándose.

Durante ese periodo, cientos de ciudadanos mexicanos habrían sido trasladados hacia Honduras y Guatemala, aunque las autoridades estadounidenses no proporcionaron una cifra exacta sobre el número total de personas afectadas.

La intención de mandar a los migrantes mexicanos a Centroamérica sería inhibir su deseo de regresar a Estados Unidos, pues los hacen pensar que, en caso de una nueva deportación, otra vez serían mandados a un país lejano.

La estrategia fue revelada por Adam Isacson, investigador de la Oficina de Washington para América Latina, quien además aseguró que: "El objetivo es el mismo que enviarlos a Ecuador, África o cualquier otro lugar: dar a conocer las dificultades, asegurarse de que la gente sepa que esta es una posible consecuencia de permanecer indocumentados en Estados Unidos y animar a la gente a deportarse voluntariamente".

Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la deportación de mexicanos a terceros países, pues no existe un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

“México adopta consistentemente las medidas necesarias para garantizar el retorno seguro y digno de todos sus nacionales a territorio nacional”, agregó SRE.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, confirmó que el gobierno de México interpuso 20 denuncias legales en Estados Unidos tras el fallecimiento de 17 connacionales en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o dentro de centros de detención .

Las acciones jurídicas fueron presentadas ante fiscalías de ocho estados norteamericanos como Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, así como ante fiscalías de distrito y el Departamento de Justicia estadounidense. Asimismo, la Cancillería notificó formalmente de estos hechos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien manifestó conocimiento y preocupación sobre el caso .

Durante la presentación del informe oficial, el titular de la SRE detalló que los recursos presentados buscan dar seguimiento legal a las circunstancias en que se registraron los fallecimientos bajo la jurisdicción de la autoridad migratoria estadounidense. A la par de los procesos en los tribunales correspondientes, la dependencia informó que se han otorgado apoyos económicos por un monto de 24 mil 788 pesos por caso, destinados de forma prioritaria a cubrir los gastos derivados de la repatriación de los restos de las víctimas hacia territorio nacional.

"También es importante mencionar que se han brindado apoyos por 24 mil 788 pesos, principalmente para repatriaciones de restos de estas personas". "También transmitimos, como lo dimos aquí a conocer, una carta que yo le envié al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien fue recientemente reelecto para este cargo; recibió, o sea, también una respuesta sobre el Alto Comisionado sobre esta misiva, en la cual nos expresó conocimiento y preocupación de la situación", dijo en la conferencia mañanera de este miércoles.

El funcionario diplomático destacó que la comunicación remitida al organismo internacional forma parte del protocolo de seguimiento para documentar las actuaciones del personal de ICE en las redadas y estancias de resguardo. El gobierno mexicano mantendrá la atención consular en las distintas jurisdicciones para acompañar a las familias afectadas en las diligencias judiciales y supervisar la evolución de las investigaciones que realicen las fiscalías locales y federales en la Unión Americana.

En lo que las autoridades federales han calificado como uno de los esquemas de fraude migratorio más grandes en la historia de Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) desmanteló una red criminal que operó durante más de una década facilitando más de 1,000 matrimonios falsos.

La organización, que cobraba hasta $100,000 dólares por trámite a ciudadanos extranjeros —principalmente originarios de la República Popular China —, generó ingresos multimillonarios mediante el engaño sistemático a las autoridades de inmigración .

Un total de once personas fueron arrestadas en la Ciudad de Nueva York bajo cargos de conspiración para cometer fraude matrimonial y favorecer la estancia ilegal de extranjeros en el país. Durante la presentación del caso, el Fiscal General de EU, Todd Blanche, enfatizó que la administración encabezada por el presidente Donald Trump reforzará las auditorías y no tolerará este tipo de operaciones que vulneran el sistema legal.

El esquema criminal funcionaba como modelo de negocios internacional. Los facilitadores de la red se anunciaban a través de redes sociales y publicidad dirigida a ciudadanos chinos en busca de la residencia permanente (Green Card) . Una vez cerrado el trato, la red emparejaba a los solicitantes con ciudadanos estadounidenses reclutados a cambio de pagos de hasta $30,000 dólares.

Las investigaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) revelaron la elaborada logística de las ceremonias:

• Simulaciones de boda: Las parejas solían conocerse minutos antes de tramitar la licencia de matrimonio, realizando banquetes y sesiones fotográficas posadas para aparentar legitimidad ante los oficiales migratorios.
• Documentación alterada: Para engañar al gobierno, abrían cuentas bancarias conjuntas, tramitaban pólizas de seguro e impuestos compartidos.
• Cláusulas secretas: Pese a las pruebas bancarias y fotográficas, los involucrados firmaban acuerdos prenupciales en los que renunciaban explícitamente a convivir bajo el mismo techo, a derechos de herencia o manutención.

Aunque la base central de la organización operaba en distritos neoyorquinos como Brooklyn y Queens, el grupo coordinó matrimonios fraudulentos en estados como Connecticut, Pensilvania, Florida, Georgia y Kentucky, e incluso en países como China y Vanuatu. El dinero cobrado a los clientes extranjeros se distribuía en entregas a medida que avanzaban las etapas del trámite ante el USCIS.

Los acusados, entre los que se encuentran facilitadores, reclutadores y coordinadores de documentos, enfrentan dos cargos federales principales: conspiración para cometer fraude matrimonial y de inmigración (que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión), y conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros (con una pena de hasta 10 años de cárcel). Con este operativo, las autoridades federales buscan enviar un mensaje claro sobre el endurecimiento de la fiscalización en todos los trámites migratorios dentro de territorio estadounidense.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían incorporar un nuevo equipo para, supuestamente, controlar quienes opongan resistencia durante sus detenciones.

Se trata de unos guantes capaces de generar descargas eléctricas de bajo voltaje directamente sobre la persona a la que sean aplicados.

De acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional, ICE contempla destinar hasta 20 millones de dólares, cerca de 340 millones de pesos, para adquirir miles de estos dispositivos, con la intención es que puedan estar disponibles a más tardar en marzo del próximo año.

La posible adquisición ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, quienes recuerdan que ICE ya enfrenta cuestionamientos relacionados con el uso de la fuerza y la supervisión de sus agentes durante las operaciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

Los guantes reciben el nombre de G.L.O.V.E., siglas en inglés de Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje, y son fabricados por Compliant Technologies LLC, una compañía ubicada en Lexington, Kentucky.

El usos de este tipo de dispositivos no es nuevo, pues ya han sido utilizados en algunos centros penitenciarios y departamentos de policía en años recientes.

La empresa explica que los guantes pueden utilizarse inicialmente como cualquier otro equipo de patrulla. Sin embargo, cuentan con un mecanismo que permite activar la descarga eléctrica cuando el agente lo considera necesario.

El objetivo, según el fabricante, es provocar una sensación de dolor que distraiga momentáneamente al individuo y permita al agente someterlo en pocos segundos, comparando la sensación producida por una picadura de abeja y consideró que puede ser una herramienta eficaz ante situaciones de resistencia.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que estaba preparando una respuesta sobre el proyecto, pero no ofreció comentarios adicionales. Por su parte, Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, también evitó proporcionar información sobre el posible acuerdo.

12 años de prisión es la sentencia que se le dictó a Ponciano Páez, un traficante de personas que dejó abandonados a 160 migrantes que transportaba en un tractocamión en Monclova, Coahuila.

Este sujeto también está relacionado con los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de personas extranjeras. Lo detuvieron en marzo de 2022.

Ponciano Páez fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 721 mil 650 pesos, luego de que la Fiscalía General de la República ( FGR ) acreditara su responsabilidad penal en el delito de tráfico de migrantes con agravante.

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Coahuila , presentó las pruebas donde demostraban que el sentenciado transportó a 160 personas extranjeras que no contaban con documentos para acreditar su estancia legal en México.

Los hechos ocurrieron antes de su detención, en marzo de 2022. Según la FGR, Ponciano conducía un tractocamión con semirremolque que dejó abandonado en la colonia petrolera, en Monclova, Coahuila.

En el interior del camión se encontraban 160 personas extranjeras, quienes, de acuerdo con la investigación, habían pagado para ser trasladadas hasta la frontera con Estados Unidos.

Tras su detención, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal ayudaron a los extranjeros con asistencia del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Coahuila, Policía Municipal de Monclova, Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobierno del estado.

También la FGR informó que Ponciano está relacionado con una investigación por su posible participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio de una persona extranjera.

La sentencia final por el abandono de las 160 personas en el camión es de 12 años de prisión y una multa de 721 mil 650 pesos, por el delito de tráfico de migrantes.

Desde el pasado 30 de julio, miles de personas cruzaron de manera ilegal la frontera entre Marruecos y España en la ciudad de Ceuta, dejando a su paso decenas de heridos y muertos.

A raíz de la intervención de los elementos de seguridad de ambos países, se inició un proceso de investigación para dar con los responsables de organizar el éxodo.

Las autoridades de Marruecos iniciaron un proceso legal contra 25 personas presuntamente involucradas en la organización de la migración masiva registrada hace un par de días en Ceuta, ciudad de España.

De acuerdo a lo informado por un juzgado marroquí, se investiga su relación en el cruce de más de 70 mil migrantes, acusándolos de tres carguío: transporte ilegal de personas, organización de la migración irregular y agresión contra agentes de seguridad.

Además, otras 61 personas se mantienen en prisión a la espera de que un juez dictamine su situación legal.

De acuerdo a reportes de las autoridades españolas, cerca de 72 mil personas ingresaron de manera ilegal a Ceuta, aunque lamentablemente no todas sobrevivieron.

El balance oficial indica que 77 migrantes perdieron la vida, la mayoría por ahogamiento, en su intento por cruzar la frontera con España.

Magnus Brunner, comisario europeo de Migración, informó que la Unión Europea proporcionará asistencia financiera de emergencia y otros mecanismos de ayuda a Ceuta .

Entre las medidas que implementarán destacan:

• Fortalecer el control y la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
• Compartir información de inteligencia sobre los movimientos que se producen cerca de las fronteras.
• Optimizar los mecanismos de detección y alerta ante posibles riesgos.
• Supervisar y analizar las campañas de desinformación que circulan en las redes sociales.
• Intensificar la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas.
• Reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito de los migrantes.
• Agilizar el proceso de retorno de las personas que no cumplan los requisitos para permanecer legalmente en territorio europeo.